La líder de la organización comunitaria, Berta Cáceres, fue asesinada durante la lucha contra la hidroeléctrica Agua Zarca
En junio de 2017 el
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH) denunció las “amenazas constantes” –incluso con la presencia de
individuos armados- a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el
municipio de Intibucá, al oeste del país. Fundado en 1993, el COPINH se
define como una organización indigenista, antiimperialista y
antipatriarcal. Las intimidaciones a miembros de la coordinadora se
produjeron mientras éstos laboraban en las vegas del Achiotal y el
Culatón, en el área donde la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA)
pretendía implantar la hidroeléctrica Agua Zarca, con una capacidad de
generación energética de 21,7 megavatios. Uno de los sujetos armados
amenazó con asesinar a los hijos de Francisco Javier Sánchez, integrante
del Consejo Indígena de Río Blanco y del COPINH. Sánchez ha participado
en un acto público organizado por la ONG Perifèries en Valencia. Los
días 24 y 25 de mayo de 2014 el líder Lenca también fue objeto de
agresiones verbales, durante las detenciones policiales y torturas que
siguieron al asesinato en Río Blanco de William Jacobo Rodríguez,
activista contra el proyecto Agua Zarca.
Se
cumplían entonces tres meses de la llegada al poder del actual
presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, y
las organizaciones populares le responsabilizaban de las políticas
represivas del Estado. En mayo de 2014 el COPINH informó de la muerte de
otro de sus militantes, Irene Meza, a causa de los disparos de bala al
finalizar una asamblea indígena en el municipio deSan Francisco de
Opalaca (Intibucá); las comunidades señalaron como autores del crimen a
empleados de la alcaldía, del Partido Nacional. Francisco Javier Sánchez
también denunció amenazas en el verano de 2016, tras un viaje por
Europa con Rosalina Domínguez, otra de las líderes del Consejo Indígena
de Río Blanco; a las pocas semanas de la gira, cuatro encapuchados
preguntaron por ellos a la medianoche en la comunidad de Río Blanco.
El
motivo de la visita a Europa era denunciar la participación en el
proyecto Agua Zarca –en calidad de prestamistas y financiadores- del
Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Fondo Finlandés para la
Cooperación Industrial (FinnFund). Otro cofinanciadorera el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución regida por
los ministros de Economía de los 13 países miembro. Entre las empresas
denunciadas también figura la alemana VoithHydro, participada por la
multinacional Siemens, que operaba mediante contratos para el suministro
de turbinas.
Es la historia de una larga lucha contra la
hidroeléctrica. Se sucedieron las acciones por la defensa del
territorio, como la manifestación de julio de 2014 en Tegucigalpa, en la
que participaron 300 activistas del COPINH; o la de rechazo a la
hidroeléctrica de DESA frente a la alcaldía de San Francisco de Ojuera,
en noviembre de 2015. El 1 de abril de 2013 comunidades de los
departamentos de Intibucá y Santa Bárbara tomaron la carretera de acceso
al sector de Río Blanco, para impedir el acceso de las máquinas.
Pidieron la retirada del proyecto Agua Zarca, por razones como el
impacto sobre el río Gualcarque, sagrado para la población lenca; y
subrayaron el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas, ratificado por Honduras en 1995, que establece el deber de
consulta en las decisiones que afecten (a las poblaciones) “mediante
procedimientos apropiados” y “a través de sus instituciones
representativas”.
Durante la “toma”, el COPINH pidió apoyo
internacional y en el resto del país, ya que delegados de las empresas
accedieron a la vía ocupada, acompañados por la policía, y amenazaron a
miembros de las comunidades. “Había presencia y hostigamiento militar,
policial, guardias privados y sicarios”, informó la activista Berta
Cáceres en una entrevista a la BBC. Según el consejo de organizaciones
indígenas, los empleados de las sociedades mercantiles destruyeron
cultivos tradicionales y cercaron las fuentes de agua.
¿De qué
empresas se trataba? Constituida en mayo 2009, DESA es la sociedad
titular y promotora de la hidroeléctrica Agua Zarca, prevista muy cerca
de la comunidad de San Francisco de Ojuera (Santa Bárbara). El informe
“Hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres”,
publicado en febrero de 2017 por las ONG Oxfam, Land Rights Now y
Defensoras de la Madre Tierra, detalla que en junio de 2010 DESA nombró
desarrollador/gerente al ingeniero y subteniente de Inteligencia
Militar, Roberto David Castillo Mejía, quien anteriormente había
ejercido como Coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica (ENEE).
El Tribunal Superior de Cuentas
investigó en 2009 al militar por cobrar un salario de las fuerzas
armadas mientras laboraba en la ENEE; y por la venta al ejército –a
través de su empresa y a precio sobrevalorado- de material de oficina.
El pasado dos de marzo la Fiscalía ordenó la detención de Castillo
Mejía, expresidente ejecutivo de DESA, por –según las investigaciones de
la Agencia Técnica de Investigación Criminal- ser la persona “encargada
de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores
materiales del asesinato” de Berta Cáceres. En un comunicado que siguió a
la detención, el COPIN denunció que Castillo es “sólo una pieza de la
estructura criminal y asesina”. En cuanto a las obras de Agua Zarca,
corrieron a cargo de la multinacional china de ingeniería y construcción
Sinohydro, que a finales de 2013 decidió su retirada del proyecto. Esta
empresa desarrolla actualmente en Honduras las obras de la
hidroeléctrica Patuca III, en el departamento de Olancho, que contará
con una capacidad instalada de 104 megavatios.
A los doce días
de resistencia popular y bloqueo de las carreteras en abril de 2013,
siete patrullas policiales procedieron al desalojo de los comunitarios, a
lo que siguió una “retoma” pacífica. Continuaba la lucha. Y la
represión. Pasados tres meses, un suboficial del ejército de Honduras
asesinó a Tomás García, integrante del Consejo Indígena y Auxiliar de la
comunidad Lenca de Río Blanco y miembro del COPINH; dos años después
fue condenado por el homicidio. El hijo del líder comunitario, Allan
García, también resultó herido de bala. El historial de hostigamientos y
ataques es extenso. En marzo de 2016 varios pistoleros asesinaron a
otro dirigente del COPINH, Nelson García, tras un desalojo efectuado por
la Policía Militar en el municipio de Río Lindo (Cortés). En octubre de
2016 fue tiroteada la camioneta en la que se desplazaba el coordinador
general del COPINH, Tomás Gómez. Unos meses después, tres activistas de
la organización comunitaria –entre ellos la hija de Berta Cáceres,
Bertha Zúñiga- denunciaron dos ataques e intentos de asesinato.
El
6 de julio de 2017 dos de los bancos prestamistas del proyecto Agua
Zarca –FMO y FinnFund- alcanzaron un acuerdo con Desarrollos Energéticos
SA (DESA) por el que finalizaban su “relación contractual”. Las dos
sociedades dejaron de apoyar la construcción de la hidroeléctrica para
–según afirmaron en un comunicado- “reducir las tensiones locales e
internacionales en el área”. Pese a la retirada, “FMO y FinnFund no
consideran sus responsabilidades por la muerte y violaciones de derechos
humanos resultado del proyecto”, subrayaron portavoces del COPINH.
También el 6 de julio DESA anunció que suspendía la ejecución de la
infraestructura “durante el diálogo” con las comunidades, y “como gesto
de buena voluntad”. Por otra parte, en octubre de 2017 la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) declaró “inadmisible” el recurso de
inconstitucionalidad –interpuesto por el COPINH- contra dos Decretos
aprobados por el Congreso Nacional en 2011 que impulsaban la
hidroeléctrica. La Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), que
reúne a empresarios del sector, celebró la resolución judicial como
señal de “estabilidad jurídica para favorecer el clima de inversiones”.
La
denuncia de ilegalidades en las concesiones salpica además a la clase
política. El exviceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente (SERNA) del Gobierno de Honduras, Darío Roberto Cardona Valle,
fue detenido en octubre de 2016, ingresó en prisión preventiva y será
juzgado por un presunto delito de Abuso de Autoridad; la acusación
contra Cardona Valle obedece a una supuesta ampliación irregular, en
2013, de la licencia ambiental del proyecto Agua Zarca. La modificación
implicaba un incremento en la capacidad de generación de la
hidroeléctrica –de 14,4 a 21,7 megavatios- y el traslado de las obras de
infraestructura, de Intibucá a San Francisco de Ojuera. Según la
fiscalía, el procedimiento violó el Convenio 167 de la OIT, que obliga a
una consulta libre, previa e informada a la población indígena afectada
por los proyectos. Otro exviceministro de la SERNA, Jonathan Laínez, se
enfrenta a un proceso penal por la concesión de la licencia ambiental
en 2011 a la hidroeléctrica; asimismo, la Fiscalía Especial de Etnias y
Patrimonio Cultural pidió -en noviembre de 2016- el enjuiciamiento del
exalcalde de Intibucá, Martiniano Domínguez Meza, por una presunta
concesión irregular de los permisos municipales.
Sin embargo, la
Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(MACCIH), que en julio de 2017 anunció una investigación sobre el caso
Agua Zarca, afirma que irá más allá en las pesquisas. Esta delegación de
la Organización de Estados Americanos (OEA) pretende aclarar las
responsabilidades, entre otros, de Rigoberto Cuéllar, actualmente Fiscal
Adjunto de la República y funcionario al frente de la SERNA cuando se
otorgaron las licencias ambientales. Pero sobre todo indagar, en
colaboración con la Fiscalía Especial de Etnias, acerca de posibles
actos de corrupción, fraude y lavado de dinero en las concesiones y
financiación de DESA.
La MACCIH advierte que la empresa titular
de Agua Zarca firmó con la Administración los contratos para la
generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica; y por
otra parte de suministro de potencia y energía eléctrica, antes incluso
de obtener la licencia ambiental en marzo de 2011. Asimismo, según el
informe “Situación de los pueblos indígenas en Honduras” (julio de 2016)
de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, en
2011 DESA empezó a comprar tierras en Río Blanco “supuestamente de
propiedad privada y municipal para la construcción de la represa; sin
embargo, las tierras eran parte del territorio ancestral de las
comunidades lenca”.
El COPINH convocó los días dos y tres de
marzo de 2018 una jornada de lucha y resistencia en el país y a escala
global (frente a las embajadas de Honduras) por la memoria de la líder
ambientalista y opositora al proyecto Agua Zarca, Berta Isabel Cáceres,
asesinada en la madrugada del dos de marzo de 2016 por al menos dos
pistoleros en su domicilio de La Esperanza, en Intibucá; en la casa se
hallaba también el activista mexicano Gustavo Castro Soto, que resultó
herido de bala y es el único testigo de los hechos. La convocatoria
denuncia que el Estado de Honduras capturó a los autores “materiales” e
“intermedios” del crimen, pero no a aquellos sobre quienes recae la
autoría intelectual: empresarios y funcionarios estatales. En el
municipio de La Esperanza, donde hace más de dos décadas se fundó el
COPIN, la organización comunitaria ha convocado entre el 22 y el 24 de
marzo el Encuentro “25 años por la Vida y la Justicia”.
Por
la muerte de Berta Cáceres se encuentran en prisión preventiva y
acusados de asesinato (o en grado de tentativa) el exgerente del área
social y ambiental de DESA, Sergio Rodríguez Orellana; el exjefe de
seguridad de DESA y teniente retirado, Douglas Bustillo; el exmayor de
las Fuerzas Armadas e instructor de la Policía Militar del Orden
Público, Mariano Díaz Chávez; los presuntos sicarios Elvin Rápalo,
Emerson Duarte Meza y el oficial retirado Edilson Duarte Meza; el
supuesto autor de los disparos contra Gustavo Castro, Óscar Torres
Velásquez; y el exmilitar hondureño Henry Hernández Rodríguez. Además en
noviembre de 2017 fueron detenidos un policía y un exagente policial, a
quienes la Fiscalía acusa de presentar pruebas falsas “con el fin de
desviar la atención en las investigaciones”.
Pero con
independencia de las imputaciones, el proceso está rodeado de
circunstancias como el robo -en septiembre de 2016- del expediente con
la investigación judicial del homicidio de Berta Cáceres, después que
dos individuos asaltaran el automóvil de la magistrada de la Corte de
Apelaciones donde se hallaba la documentación. En el segundo aniversario
del asesinato de Berta Cáceres, organizaciones populares y la familia
se concentraron en las puertas del Ministerio Público (fiscalía) en
Tegucigalpa, donde reclamaron la captura y acusación de los autores
intelectuales del crimen; el COPIMH denunció que el Ministerio Público
trata de “ocultar por todos los medios la verdad en el caso”. Los
activistas también pidieron al Fiscal General un informe sobre los
proyectos hidroeléctricos emplazados en los departamentos de Lempira, La
Paz, Intibucá y Santa Bárbara.
En noviembre de 2017 vio la luz
un informe –“Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres”-
del Grupo Asesor de Expertos Internacionales (GAIPE), formado a
instancias de la familia de la líder ambientalista y el COPINH. Para la
elaboración del documento, los investigadores tuvieron acceso a
información los registros telefónicos, extracciones de aparatos
electrónicos y tarjetas SIM, pruebas en las que se basan las acusaciones
de la fiscalía contra los ocho procesados. El grupo de expertos
concluye que la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Honduras destinó
protección a las instalaciones del proyecto Agua Zarca, “influida por
las relaciones con socios y personal directivo de DESA”. A partir del
análisis de la información, los expertos agregan que el Gobierno “omitió
proteger a Berta Cáceres, pese a que conocía el grave e inminente
riesgo sobre su vida”. Otra de las conclusiones es la participación de
directivos, empleados y guardias privados de la empresa, así como de
efectivos de las fuerzas de seguridad y otras “estructuras paralelas” en
actos delictivos perpetrados antes, durante y con posterioridad al
asesinato de Berta Cáceres.
El informe “Honduras. El lugar más
peligroso para defender el planeta” de la ONG Global Witness destaca que
entre 2009, año del golpe de estado que derrocó al presidente Manuel
Zelaya, y enero de 2017 fueron asesinados 123 activistas por la defensa
del territorio en Honduras. En cuanto a la hidroeléctrica Agua Zarca y
DESA, la investigación apunta algunos vínculos con altas instancias de
poder. Por ejemplo, en la documentación de DESA figura como secretario
Roberto Pacheco Reyes, quien fue ministro de Gobernación y Justicia en
el Gobierno de Honduras; y como vicepresidente de la sociedad mercantil,
Jacobo Nicolás Atala, presidente ejecutivo del banco BAC Credomatic
Honduras y miembro de una de las grandes familias de la oligarquía, los
Atala. Además, 18 defensores de derechos humanos, líderes comunitarios,
sindicalistas y periodistas beneficiarios de medidas cautelares fueron
asesinados entre 2009 y 2016, según el Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH). La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos pide a los estados la adopción de estas medidas en
situaciones de riesgo para personas o colectivos. Una de las asesinadas
fue Berta Isabel Cáceres.
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