Puerto Rico, el
último país del continente americano de habla castellana pendiente de
independizarse, se encuentra sumergido en una crisis económica
descomunal, donde se combinan bancarrota, deuda impagable y una absoluta
falta de soberanía económica. El presente análisis pretende desentrañar
las razones históricas y contemporáneas de la catastrófica situación
actual.
Coloniaje español y yanqui.
La presente
crisis no se puede entender sin tener en cuenta el legado de más de 500
años de colonialismo español y estadounidense, como nos señalan
diferentes economistas del país. Los 4 siglos de colonia española, hasta
1898, no van a culminar con la independencia, como sí sucedió en Cuba,
ya que EE.UU. se apropiará del país e impondrá un modelo de latifundios
de caña de azúcar por toda la isla. La devaluación forzada de la moneda
portorriqueña (el peso) permitirá que latifundistas yanquis acaparen la
mayoría de las tierras y se proletarice una gran masa de campesinos en
condiciones de gran explotación, señala Iván Rodríguez, economista de la
Universidad de Puerto Rico (UPR).
Entre fines de los años 30 y
principios de los 40 EE.UU. sustituyen el modelo agrícola-cañero por
otro de corte industrial y militar. En primer lugar, en el marco de la
II Guerra Mundial Roosevelt decide convertir a la isla en un territorio
con fines militares. Se instalan bases y se construyen infraestructuras
(carreteras, etc.) al servicio de estas. Paralelamente, se impulsa la
industrialización bajo un modelo caracterizado por la atracción de
empresas extranjeras, a las que se prometía exenciones fiscales, mano de
obra barata y mínimos controles ambientales, según Marta Jiménez,
economista de la UPR.
De cualquier manera, reconoce Rodríguez,
la industrialización trajo aspectos positivos, ya que Puerto Rico pasó
de ser un país empobrecido, donde las masas apenas trabajan 6 meses al
año en la caña, a un territorio industrial, con salarios más altos y
mejores condiciones de vida. A esto hay que agregar la inversión en
salud pública y educación y el inicio de los programas de asistencia
social a los más pobres. Jiménez recuerda que el objetivo de EE.UU. era
que Puerto Rico fuera “la vitrina del Caribe”, un ejemplo para América
Latina, una alternativa al “peligro comunista”.
El político
autóctono encargado de liderar este proceso fue Luis Muñoz Marín,
gobernador durante 16 años (1948-1964) de la “neocolonia”, oficialmente
denominada desde 1952 “Estado Libre Asociado” (ELA). José Alameda,
catedrático de economía y consultor, recuerda que Muñoz Marín fue
pionero en el endeudamiento del país y que incluso se jactaba de esto
cuando repetía con sorna en sus discursos: “¿A qué se debe el progreso?
¡A que se debe!”.
Alameda indica que a fines de los sesenta se
impulsa con fuerza un nuevo sector: la industria petroquímica. La
importación de petróleo barato venezolano permite la refinación del
crudo en la isla y su posterior exportación a EE.UU. El boom duró poco
debido a la crisis de los 70 que disparó los precios, terminando así con
la rentabilidad del sector.
Boom farmacéutico.
Esto
obliga a buscar nuevos nichos de negocio, que van a ser ahora la
electrónica y sobre todo las farmacéuticas. De cualquier manera, los
principios del modelo siguen siendo los mismos: atracción de empresas
con exenciones contributivas. El gobierno estadounidense aprueba la
“Sección 936 del Código de Rentas Internas”, que en síntesis era una
medida fiscal para facilitar la implantación de sus empresas
farmacéuticas, y paralelamente para promover el negocio bancario.
Alameda recuerda que a Puerto Rico le llamaron “la capital mundial de
las farmacéuticas”. Jiménez señala que la ley permitía que las empresas
depositaran sus ganancias en bancos portorriqueños durante 10 años y
luego poder repatriarlas sin pagar impuestos. En este contexto de fuerte
liquidez financiera, los bancos comenzaron a realizar grandes préstamos
al sector inmobiliario y a la ciudadanía en general, por lo que en poco
tiempo la deuda acumulada fue notable. Se promovió vivir a crédito,
otorgando incluso deducciones fiscales a todo aquel que comprara bajo
esta modalidad.
Rodríguez puntualiza además que era un sector
que no generaba un gran volumen de empleo, por lo que los programas de
asistencia social tuvieron que ampliarse. Es la época en la que se
inicia la alternancia entre los dos partidos dominantes al servicio de
la colonia, el Partido Popular Democrático (PPD) fundado por el citado
Muñoz Marín, y el Partido Nuevo Progresista (PNP) de orientación
claramente anexionista. Tantos unos como otros, iban creando cada vez
más agencias estatales para premiar el clientelismo creciente.
Desde fines de los ochenta y sobre en la década del noventa se impulsan
las medidas neoliberales más drásticas. Alejandro Torres, abogado y
profesor de derecho laboral de la UPR, señala que en primera instancia
se crea el “Consejo estratégico de Planificación” con el fin expreso de
privatizar un buen número de empresas públicas. Posteriormente, a lo
largo de la última década del siglo se desmantela paulatinamente la
“legislación de protección laboral”. A su vez, se suprimen también las
leyes de protección de los pequeños negocios locales.
Es la
etapa de la llegada masiva de las grandes superficies comerciales
estadounidenses y la consiguiente desaparición progresiva del comercio
autóctono, recuerda Jiménez. De nuevo, la condición colonial de Puerto
Rico se evidenció en la denuncia del gigante farmacéutico ‘Walgreens’,
que llevó al Tribunal Federal de EE.UU. su “derecho” al libre comercio y
terminó ganando la batalla. En poco tiempo, indica Rodríguez, la mitad
de las farmacias locales del país desaparecieron.
El colofón
de todo esto fue la privatización del sistema de salud (que había sido
público, a diferencia del estadounidense). Para la población más
empobrecida se inventó una tarjeta de salud para que pudieran acceder a
las clínicas privadas. Esto aumentó el gasto sanitario de manera
desproporcional y hoy día la gobernación tiene una importante deuda con
este sector lucrativo, alerta Rodríguez.
De la 936 a la crisis de la deuda.
En
1996, el partido anexionista PNP propone a Clinton que suprima la
“sección 936”, creyendo así que facilitaría a medio plazo la conversión
de Puerto Rico en un nuevo estado de la Unión. Se aprueba un desmontaje
progresivo durante una década (1996-2006). Lo que ocurre a partir de
2006, según Alameda, es que tras el fin de las ventajas impositivas, un
buen número de empresas se van, incrementándose el desempleo. A esto hay
que agregarle una deuda creciente, por lo que se inicia una etapa de
grave recesión.
Ante la crisis fiscal, el Departamento de
Hacienda creo el IVU (Impuestos sobre Ventas y Uso), un impuesto al
consumo para recaudar dinero de manera desesperada. Sin embargo, el
incremento de la deuda continuó hasta terminar estallando. Todas las y
los investigadores consultados coinciden en que se emitió deuda de
manera inconstitucional. Alameda, por ejemplo, señala que la
constitución portorriqueña no permite emitir deuda por encima de un
límite, concretamente “un 15% de los recaudos de Hacienda”, pero los
gobernantes no lo cumplieron. De hecho, crearon una “corporación
virtual” llamada COFINA para seguir emitiendo deuda por otra vía. Lo más
preocupante, agrega el catedrático, es que la deuda anterior se
utilizaba para inversiones, para “mover la economía”, mientras que la
nueva “se utiliza para pagar salarios”, por lo que no genera más riqueza
y su monto se dispara.
Parte de la deuda está relacionada,
según Rodríguez, con obra pública que terminó costando mucho más de lo
presupuestado. El caso del tren urbano de la capital del país, San Juan,
es paradigmático, ya que finalmente el gasto se triplicó. Además, Marta
Jiménez denuncia que encima se rescató a la banca y a las empresas
constructoras. Todo esto ha llevado a que la deuda sea similar al 100%
del PIB. De hecho es muy superior, afirma Rodríguez, ya que a esta hay
que agregarle la deuda generada en los planes de pensiones, cifrada en
unos 50.000 millones de dólares. El volumen es de tal magnitud, que como
bien sentencia Alameda, “la deuda no es un problema político, es un
problema matemático, y no se puede pagar”.
¿Estado Libre Asociado?
Frente
a la bancarrota del país, a mediados de 2016 el Congreso de los Estados
Unidos aprueba la ley PROMESA (Puerto Rico Oversight Management and
Economic Stability Act). La consecuencia más dramática en términos de
soberanía, según Torres, es que dicha norma impone una “Junta de Control
Fiscal” que tiene poderes económicos por encima de la Gobernación y el
Parlamento portorriqueño. El objetivo fundamental de dicha Junta será
priorizar el pago de la deuda a los acreedores.
Alameda precisa
que la Junta de Control Fiscal está compuesta por 7 miembros de los
partidos demócrata y republicano, los cuales han sido nombrados por el
Congreso estadounidense. Dicha Junta es la instancia máxima para
administrar el presupuesto nacional de Puerto Rico y la que ha impuesto
una serie de recortes para garantizar el pago de la deuda. En su plan de
recortes destacan tres aspectos: la reducción de un 10% del salario de
los y las empleadas públicas, la supresión de la paga de fin de año y el
recorte de las pensiones. En síntesis, la Junta es “la agencia de cobro
de los acreedores y si nos tienen que reventar para garantizarles el
pago, nos reventarán”, afirma de manera categórica Torres.
El
carácter colonial de la relación entre Washington y la isla caribeña se
muestra por tanto ahora sin filtros. Frente a la actual bancarrota
nacional, Alameda indica que “no tenemos ley de quiebra porque somos
colonia; hicimos una ley de quiebra local pero fue impugnada por los
bonistas en la Corte Federal” y finalmente suspendida.
Paralelamente, la represión anti-sindical se ha incrementado
sustancialmente en la última década, ya que para frenar huelgas obreras
amenazan reiteradamente a los sindicatos con quitarles la
“certificación” (su estatus legal), denuncia Luis Pedraza, dirigente
sindical. Actualmente hay muchos convenios laborales suspendidos y un
incremento de la precariedad laboral, apunta Pedraza.
La
válvula de escape, de nuevo, como lo ha sido de manera recurrente desde
el inicio de la colonia, es la emigración hacia EE.UU., recuerda
Rodríguez. Torres estima que entre 350.000 y 400.000 compatriotas se han
visto obligados a emigrar en los últimos años. Para un país de poco más
de 3 millones y medio de habitantes esa es una cifra alarmante. En este
contexto, la reflexión que nos transmite la vicepresidenta del Partido
Independentista Portorriqueño (PIP), Lourdes Santiago, es muy
clarificadora: “la deuda es un gran problema pero el mayor problema es
que el país no tiene un proyecto de desarrollo, y no lo tendrá bajo la
colonia”.
Luismi Uharte. Parte Hartuz Ikerketa Taldea
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