Panamá
Al igual que ha pasado
en Perú, en Panamá crecen sin cesar una serie de “malestares” sociales y
políticos que auguran un final fuera de pronóstico: creciente
descontento popular por la carestía, la falta de empleos y salarios
dignos, debacle de todos los servicios públicos que elevan el
sufrimiento diario de la gente; denuncias de corrupción que salpican
para todos lados entre partidos, políticos y empresarios, las cuales no
se reducen a lo de Odebrecht; y una disputa violenta entre la oposición,
que domina el Legislativo, y el gobierno.
La crisis social toma la
calle y se expresa en media docena de protestas diarias, que a veces
incluyen bloqueos: padres de familia de escuelas cercanas a la ruina,
sin agua, con colapso de estructuras, insalubres, sin electricidad o con
todos esos problemas combinados.
Vecinos de suburbios que
deben cerrar calles para que los medios de comunicación hagan saber a
las autoridades que tienen días sin agua potable o que las calles son
intransitables. En lo macro, el paro general de Colón del mes de marzo,
constituye la prueba palpable del estado crítico del país.
Ni
hablar de la violencia que impone la dictadura del miedo en los barrios
populares, alias “marginales” o “zonas rojas”, ni de las peripecias del
transporte público.
La corrupción y la judialización de la
política, utilizadas por el gobierno sólo para desprestigiar a los
opositores, pero sin verdaderas intenciones de hacer justicia, ni
castigar a los culpables, se está transformando en bumerang para el
gobierno de Juan C. Varela.
La gente asiste con indignación al
espectáculo de ver salir por la puerta de atrás, bajo el subterfugio de
“medidas cautelares”, a los corruptos que entraron a la cárcel por
delante. Para no decir que los allegados al gobierno sospechosos de
recibir coimas de Odebrecht, o vinculados a escándalos como los Panamá
Papers, y otros, no pasan por la fiscalía a declarar. Al final sólo
quedan presos “los hijos de la cocinera”.
Ya nadie espera que
habrá justicia, ni confía que las denuncias obedezcan a las buenas
intenciones de un “gobierno honesto”, en el cual nadie cree tampoco.
Lamentablemente dejaron de publicarse los estudios de opinión respecto a
la popularidad del gobierno, que debe estar por el suelo. A Varela se
la acaba la poca credibilidad que tenía, incluso entre quienes le
apoyaron.
Irónicamente, quien sí gana popularidad entre los
sectores más pauperizados es el único preso (eso porque está en Estados
Unidos): Ricardo Martinelli. En el imaginario equivocado de muchos
sectores populares, este se ha vuelto un “Robin Hood”, del cual dicen
que: “robó pero también repartió”, en alusión a la bonanza de empleo que
hubo en su gestión.
La última escena de este drama la ha dado
el rechazo de la Asamblea Nacional a dos magistradas propuestas por el
presidente Varela para la Corte Suprema de Justicia, propuesta que creyó
que podía imponer sin negociar, a sabiendas de que carece de mayoría
legislativa y que ha gobernado hasta aquí pactando, con el PRD primero y
con Cambio Democrático (el partido de Martinelli), después.
Los diputados del PRD y CD, también están tiznados por denuncias de
corrupción y de manejo de partidas públicas millonarias desviadas para
pagar sus campañas electorales, partidas cuyo informe se niega a
entregar la actual presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego,
incumpliendo la Ley de Transparencia, pues saldrán a flote algunas
“bellezas”. Esas bancadas mayoritarias, han declarado la guerra al
presidente de la República.
La nueva alianza opositora, PRD-CD,
cambió la composición de la Comisión de Credenciales y se rumora que ya
acumula hasta tres denuncias contra Varela por corrupción, con lo cual
podrían iniciarle un juicio político y destituirle, antes de las
elecciones de mayo de 2019.
El contralor de la república movió
ficha en favor del oficialismo enviando a la Procuraduría las auditorías
de los diputados, con lo cual algunos podrían ser destituidos y
llamados a juicio a su vez. Se especula que el presidente Varela podría
cerrar la Asamblea Nacional, antes que lo saquen a él, y convocar una
Asamblea Constituyente con la que se comprometió en las elecciones y
nunca cumplió.
Hay un precedente en la historia panameña de
algo así: en 1967, cuando el presidente saliente imponía mediante el
fraude a su sucesor, la Asamblea enjuició a Marcos Robles por corrupción
y lo destituyó, pero éste mantuvo el respaldo de la Guardia Nacional,
la cual a su vez cerró la Asamblea destituyendo a los diputados de
hecho.
El escenario está servido para cualquier situación, o
una “salida a la peruana”, en la que el Congreso destituyó a PKK, o una
salida inversamente proporcional, al estilo de la ensayada por Marcos
Robles en 1967.
Los sectores populares organizados, pero
dispersos y no muy unidos, movilizados pero todavía a media máquina,
podrían ser los que definan la salida, si logran superar su habitual
papel de “convidado de piedra” en el escenario político nacional. Entre
tanto, la caldera sigue acumulando calor y presión. Veremos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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