El
tema de la corrupción, un problema permanente a lo largo de la historia
de la humanidad, nuevamente está en escena. Obviamente gravita la
exposición mediática que ha adquirido ante la magnitud y extensión con
que hoy se manifiesta, pero como de por medio priman cálculos políticos,
poco se habla de las causas estructurales y sus expresiones tangibles,
como los intocables paraísos fiscales, por ejemplo.
Por
cierto que es un problema serio e ineludible a enfrentar, aunque en el
juego político su tratamiento se ha convertido en un discurso de ocasión
para sacar réditos inmediatos. Al punto que, por ejemplo, hay quienes
pregonan que de llegar al gobierno o desde éste van a “acabar”
(milagrosamente, de seguro) con dicho flagelo. Es más, en América Latina
se ha transformado en un eje de la geopolítica del vecino del norte.
En
este contexto, capitalizando la justa causa del combate a la
corrupción, el conglomerado mediático hegemónico viene desplegando una
campaña sincronizada como adalid de esta lucha, no para informar y mucho
menos con un sentido educativo de rescate de valores, de la ética en la
política, sino como estrategia política selectiva (e incluso con tintes
partidarios) para acorralar contrincantes, por lo general con discursos
moralistas no exentos de procedimientos y recursos poco éticos, como la
manipulación.
Vale tener presente que, en tanto espacio
clave de la mediación política y social, el poder mediático tiene un
peso gravitante en la conformación de la opinión pública, no solo porque
ello le permite influir en la configuración de actores sino también por
el margen de maniobra que disponen para establecer los temas de debate,
en tanto tienen el poder de decidir a quiénes dan visibilidad y a
quiénes no, qué relatos refuerzan y a cuáles desfiguran o acanallan,
entre otras prerrogativas.
Para muestra dos botones
En Colombia, Octavio Quintero, Director del Grupo Editorial El Satélite, comenta1:
“La
Corte Suprema de Justicia de Colombia ha resuelto abrir investigación
preliminar contra todos los congresistas de la Unidad Nacional
(senadores y representantes) bajo la sindicación de varios delitos:
cohecho, colusión, peculado, celebración indebida de contratos, tráfico
de influencias y enriquecimiento ilícito: ¡Hágame el favor!
“Y
semejante noticia ni siquiera abrió los noticieros de TV y radio, ni
las primeras planas de los diarios nacionales en sus ediciones
digitales. Es más, la indagación habría sido ordenada
desde diciembre pasado por el magistrado, Eyder Patiño, en virtud de una
denuncia presentada en el 2013… Según la denuncia, los congresistas, ‘a
cambio de puestos de trabajo para sus familiares, cupos indicativos y
adjudicaciones a dedo de contratos, habrían aprobado proyectos de ley
relacionados con los acuerdos de paz sin el debido estudio’.
“Bueno,
que al cabo de los años se decida adelantar la investigación, y que la
noticia no tenga el impacto mediático que se supone, lo que indica es
que esas cosas, ‘por lo sabido se callan’ o se les otorga poca
importancia”.
Mientras tanto, en Brasil, el
protagonismo mediático, particularmente del grupo O Globo, aparece como
un componente clave en el desenvolvimiento de la Operación Lava Jato.
Impulsada por el gobierno de Dilma Rousseff para combatir la
corrupción, en el transcurso ésta se torna en un operativo que gravita
en su destitución, sin prueba alguna, y en el evidente intento de sacar
del juego político al Partido de los Trabajadores (PT) y sus dirigentes,
por la colusión entre segmentos del Ministerio Público, la Policía
Federal, el sistema Judicial y los grandes medios.
En
efecto, a finales de 2014, se impulsa una cruzada de combate a la
corrupción focalizada en el gobierno y el PT, pues los medios
hegemónicos blindan a figuras opositoras gravemente comprometidas, tal
el caso del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo
Cunha, con cuentas secretas en Suiza que fueron reveladas por ese país;
Aecio Neves, excandidato presidencial del opositor PSDB, denunciado por
recibir jugosas propinas de Furnas; Geraldo Alckim, gobernador de Sao
Paulo, acusado de desvío de fondos para la merienda estudiantil. De
hecho, el 52% de quienes votaron en diputados para el juicio a Dilma,
estaba involucrado en actos de corrupción.
En el marco de
esta cruzada, con una serie de hechos montados artificialmente, los
medios actúan como principales propiciadores de las cuatro
movilizaciones golpistas que se realizan en 2015. La revista Veja
(01-11-2015) coloca en la portada un montaje con la cara del
expresidente Lula da Silva vestido con ropa de presidiario, siendo que
para entonces no existía acción penal alguna. Cuando la presidenta
Rousseff invita a Lula para que se integre a su gobierno, el juez de
primera instancia Sergio Moro, intercepta ilegalmente una llamada
telefónica que es editada y amplificada por la Globo; y un largo
etcétera.
De los diversos análisis realizados sobre el
tratamiento mediático de estos acontecimientos podemos señalar: una
cobertura parcializada, adosada a una virtual censura privada; una gran
espectacularización de las detenciones (muchas de ellas arbitrarias), de
las delaciones premiadas y premeditadas, de las fugas selectivas de
información bajo sigilo, para condenar a personas e instituciones en
proceso de investigación, mucho antes de que exista decisiones
judiciales; complicidad con métodos ilegales utilizados por el juez Moro
(interferencias telefónicas); ocultamiento de información, como los
actos de violencia contra locales del PT, entre otros.
Periodisjueces
A
medida que se torna evidente que el campo de la comunicación adquiere
una mayor predominancia, desplazando a otras entidades como las
educativas, las iglesias, los partidos políticos, etc., comienzan a
sonar alarmas sobre las implicaciones que podría alcanzar esta dinámica.
Y una de ellas se refiere al terreno judicial. En este punto, Gérard
Leblanc de la Universidad de Sorbonne-Nouvelle, alertaba2:
“Lo que está en juego no es solamente la verdad (el poder de discernir
lo verdadero de lo falso que se arrogan ocasionalmente los medios) sino
también la sanción, es decir, el derecho de castigar, aunque sea
simbólicamente”.
Y bien, resulta que ya es una realidad la
existencia de periodisjueces. Es un término acuñado por Adalid
Contreras, quien al analizar el proceso contra el ex vicepresidente
ecuatoriano Jorge Glas, señala3: “ahora,
medios y periodistas aspiran a cumplir los roles de jueces y fiscales
enjuiciando, juzgando y condenando en los sets, lenguajes, estilos,
alcances, levedades y ritmos mediatizados. Resulta paradójico (por
decirlo de algún modo) ver cómo algunas autoridades de las entidades
públicas, y también de la justicia, son puestas en el banquillo de los
acusados, rindiéndoles cuentas a las ciudadanías a través de sus
respuestas y explicaciones a sus eventuales inquisidores, los/las
periodisjueces, quienes con un nivel de conocimientos de la extensión de
una laguna y un dedo de profundidad sobre los temas en cuestión,
provocan una suerte de espacios educativos, por las cátedras que los
implicados dictan en sus respuestas a las acusaciones.
“Se
trata de típicos esquemas de posverdad con primicia informativa en los
que atrás quedó el recurso periodístico de la noticiabilidad, mientras
que en su manejo está bien presente lo que la Ley Orgánica de
Comunicación llama linchamiento mediático. Recordemos que la posverdad
construye realidades a partir de indicios que sin ser necesariamente
verificados ganan validez en los imaginarios, moviéndose en el mundo de
las apariencias y de las emociones y abriendo caminos para la
especulación con culebrones que saben convocar pasiones sin
responsabilizarse de sus consecuencias. Como dice David Roberts, son
productos de la pospolítica desconectada de las reglas de la política
pública, que se generan en tiempos de desorden, levedad informativa y de
redes”.
Moralismo impúdico
Aunque
la corrupción engloba todo acto fraudulento contra la comunidad, por lo
general lo que prevalece es un tratamiento periodístico focalizado en
los indecentes implicados en la sustracción de dinero público. De ahí
que, en esas “cruzadas” está ausente o es mínima la referencia a
cuestiones como el enriquecimiento de políticos sobre la base de
información privilegiada en el ejercicio de alguna función pública
(compra y especulación de tierras en áreas previstas para construir
infraestructura, por ejemplo), los conflictos de interés de empresarios
en puestos de decisión política, el financiamiento poco transparente a
partidos políticos por parte de negocios lícitos o ilícitos, la evasión
fiscal, las cuentas de nacionales en paraísos fiscales, entre otras.
Es
más, figuras públicas involucradas en alguna o varias de las cuestiones
antes señaladas suelen tener espacios estelares como apóstoles de la
moral. Y es que la tónica discursiva que galvaniza estos operativos es
el moralismo, esa expresión que supone una sobrevaloración y exageración
de la moral para convertirla en la única medida del comportamiento
humano, ignorando la relativa independencia de los diversos ámbitos de
la vida, como la política y el derecho4. Por lo general como discurso, no necesariamente como práctica consecuente.
En
esta línea, no solo que no se plantea interrogante alguna respecto a la
intromisión de Estados Unidos en el contencioso interno en causas
ligadas a la corrupción -por más que ese país explícitamente haya
señalado que se trata de uno de sus principales ejes geopolíticos-, sino
que se la glorifica… a nombre de la moral.
Anexo
¿Hay corrupción en Estados Unidos? Sí, tiene mucha y es legal
Con este título, André Araújo presenta un análisis5
donde sostiene: “Estados Unidos siempre tuvo la pretensión de ser la
policía moral del mundo y, después del surgimiento de la cultura de lo
políticamente correcto, el tono moralista subió”, precisando que en ese
país “resolvieron el problema de la corrupción de una forma lógica:
legalizándola. Donde todo es legal no hay procesos por corrupción”.
En
tal sentido, hace referencia a los PAC-Political Action Committees,
pseudo comités por una causa, que se ocupan de intermediar en las
donaciones de empresas contratistas a determinado candidato con el
compromiso de que éste les asegure un contrato futuro; los lobbies, un
mega sector de negocios al servicio de empresas y países, para incidir
en las decisiones políticas en Washington; la “planificación tributaria”
de las grandes corporaciones para evadir o pagar lo mínimo de
impuestos; el mercado financiero donde es común la falsificación de
balances, el mecanismo de tapar un fraude con otro y así por el estilo; y
el nido mayor de corrupción: la industria bélica.
“Con
base en esta supuesta superioridad moral –señala– Estados Unidos, a
través de su Departamento de Justicia, lanzó sobre el planeta una gran
red de pesca de ilícitos sobre los que cobra peaje a través de multas e
indemnizaciones, convirtiéndose así en ‘socio’ de toda corrupción que
ocurre en el planeta”.
“Se extiende esa red bajo el
pretexto de que los corruptos y corruptores usaron el dólar como moneda o
usaron el sistema bancario estadounidense o, si no encuentran nada que
los ligue a Estados Unidos, porque usaron Internet, que es una red
basada en Estados Unidos. Buscan un vínculo con Estados Unidos para
justificar un proceso en el Departamento de Justicia y así cobrar una
indemnización muchas veces mayor que el valor de la propina, un negocio
formidable”, añade. (O.L.)
Notas
1 La mermelada al banquillo, RED-GES/El Satélite, 14-02-2018. (subrayado nuestro)
2 “Del modelo judicial a los procesos mediáticos”, Comunicación y política, Gedisa, 1998.
3 De periodisjueces y accountability, 14/09/2017, https://www.alainet.org/es/articulo/188061
4 Küng, Hans, Una ética mundial para la economía y la política, editorial Trotta, Madrid, 1999.
5 “Há corrupção nos EUA? Sim, tem muita e é legal”, https://www.alainet.org/pt/articulo/191154
| Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: La corrupción: Más allá de la moralina 06/03/2018 |
https://www.alainet.org/es/articulo/191605
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