La sustitución de cultivos de uso ilícito
Prensa Rural
Cuando suscribimos
el acuerdo sobre la solución al problema de las drogas ilícitas veíamos
en el horizonte una solución cercana, hoy, la realidad nos muestra
indicadores poco alentadores. ¿Qué ha pasado después de todo? Que el
Estado no está cumpliendo fielmente lo pactado.
Después de un año
ni se ha iniciado el tratamiento del consumo como lo señala el Acuerdo,
ni se ha desarrollado la estrategia contra las estructuras criminales
del narcotráfico y del lavado de activos, ni se tiene la ley de
tratamiento penal diferencial para productores y la sustitución de
cultivos de uso ilícito no está ofreciendo los resultados esperados.
Hay
problemas nodales que están afectando la implementación del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito: en primer
lugar, hay una implementación desigual (en tiempos, recursos,
prioridades…), fragmentada y desarticulada de lo acordado, en segundo
lugar, están in crecentes los problemas de seguridad para los líderes
sociales y para los delegados de las FARC en el PNIS; y, en tercer
lugar, el incumplimiento del gobierno a las familias comprometidas a
dejar los cultivos de coca, que en algunos municipios ya retiraron
totalmente sus plantíos y no ven aún los proyectos productivos
alternativos para sustituir los ingresos.
En los municipios
piloto de sustitución de cultivos, que fueron declarados así por la
Presidencia de la República, creíamos ver florecer pujante la nueva
esperanza para resolver el problema de la producción de las drogas
ilícitas. Después de un año, no se han implementado ni los proyectos
agroalimentarios de un millón ochocientos mil pesos.
Lo más
preocupante, por decir un ejemplo, es que en municipios como Uribe,
Meta, han pasado seis meses luego de que más de 400 familias
cultivadoras de coca retiraran sus plantaciones y hasta ahora no hay
proyectos productivos que sustituyan los ingresos derivados de la
producción de la pasta base de coca, manifestándose el riesgo de que
estas familias retornen a la producción ilícita.
En lo que
corresponde a los recolectores estos no han recibido un solo peso
quedando en total orfandad al perder sus ingresos derivados de la raspa
de hoja de coca. Para agravar el asunto y generar más incertidumbre el
gobierno ha cancelado los pagos a familias no cultivadoras que de alguna
manera dependían su economía familiar de actividades conexas a la
producción de drogas o son familias que les fueron erradicados sus
cultivos manualmente o por aspersiones aéreas en años anteriores
quedando en la extrema pobreza.
Amén de lo anterior, donde quiera
que hay cultivos de uso ilícito hay graves problemas de seguridad por
la presencia de estructuras criminales al servicio del narcotráfico que
vienen amenazando a quienes promovemos el PNIS ya sean líderes sociales o
ya sean integrantes de la FARC. Según lo ha señalado el Doctor Diego
Mora, director de la Unidad Nacional de Protección UNP, la mayor
solicitud de protección de líderes sociales proviene de aquellos que se
encuentran en zonas cultivadoras de coca que están dentro del PNIS y la
mayoría de líderes sociales muertos son precisamente en esas áreas. Urge
el diseño e implementación de medidas especiales de prevención y
protección para garantizar las condiciones de seguridad para las
comunidades y territorios afectados por los cultivos de uso ilícito.
Todo
lo anterior pone en evidencia que si no hay efectivamente políticas
integrales, sino la sola sustitución de las plantas de coca, el programa
está definitivamente al borde del fracaso. Atacar estos problemas
demanda políticas públicas que se complementen y sean efectivas. Del
mismo modo establecer mecanismos de monitoreo y seguimiento de impacto
local, regional, nacional e internacional sobre el desarrollo del PNIS.
La
solución al problema de las drogas ilícitas requiere de un gran
esfuerzo de inversión y de apoyo institucional bajo una estrategia clara
y transformadora de los territorios afectados por los cultivos de coca.
Requiere de la planificación estratégica efectiva para revertir las
causas del problema y de la voluntad política para implementarla. De lo
contrario, seguimos dando palos de ciego.
Así mismo, es
imprescindible cumplir lo pactado en La Habana sobre el desmonte de las
estructuras criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de
apoyo, acciones efectivas contra la corrupción generada por el
narcotráfico y la persecución de esas estructuras y de los grupos de
poder nacional y transnacional encargados del lavado de activos.
Avanzar
rápidamente para cumplir la deuda histórica del Estado con las
comunidades es una responsabilidad de primer orden de la Dirección de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS y de la Oficina del
ministerio del Pos Conflicto. En ese sentido, es necesario que la
cooperación internacional se articule también con la FARC y las
comunidades para darle mayor integralidad a los compromisos, propósitos y
garantía de cumplimiento.
Al ritmo y de la manera que vamos nos desbordará una realidad que apenas se interviene superficialmente.
Lanzamiento programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en ZVTN de Caño Indio, mayo de 2017:
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