El gran negocio y la cultura de las armas en Estados Unidos
| Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo |
Cada año más de 30.000
ciudadanos de Estados Unidos pierden la vida a causa de disparos. Cada
mes, en patios escolares, discotecas, salas de concierto, centros de
trabajo y lugares públicos, personas inocentes son exterminadas por
asesinos que manejan potentes armas semiautomáticas compradas
legalmente. La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas
inglesas), una organización con 3 millones de afiliados, apoya y
promociona el acceso libre a armamento militar. La inmensa mayoría de
legisladores, presidentes y jueces de EE.UU. es partidaria de la
posesión de esas mismas armas que causan las masacres.
¿Por qué el
sistema político estadounidense se lamenta de la frecuencia con que se
producen atentados masivos y sin embargo respalda el proceso político
que hace posibles las matanzas? El volumen, alcance y duración de las
masacre requiere que examinemos las características sistémicas a gran
escala y largo plazo de la economía política estadounidense.
Política bélica: Las masacres en el exterior como símbolo del “heroísmo americano”
El gobierno de EE.UU. ha participado en multitud guerras sangrientas en
las que ha masacrado a millones de civiles –incluyendo familias enteras
en sus casas– que no suponían ninguna amenaza para el pueblo
estadounidense. Las guerras representan el triunfo de la destrucción y
la muerte como modo de promover los programas políticos de Estados
Unidos. Se rinde honores a los criminales de guerra. Los conflictos
políticos y problemas sociales internos se resuelven destruyendo a
adversarios inventados y a naciones enteras.
En una economía
política en la que las masacres perpetradas en el extranjero son
dirigidas por líderes elegidos democráticamente, ¿quién va a cuestionar
el comportamiento de un “vecino sociópata” que se limita a seguir el
modo de actuar de su presidente? Este hecho no debería sorprender a
nadie: las masacres al por mayor en el exterior promovidas por nuestros
dirigentes se reproducen en las masacres al por menor en el interior
desencadenadas por el “chiflado local”.
Los medios de comunicación: Hablan las armas, los asesinatos resuelven y los medios se enriquecen
Todos los días, a todas horas, en todos los medios de comunicación, las
armas y las matanzas dominan las mentes, los pensamientos y las
fantasías (o las pesadillas) de los espectadores, especialmente de los
millones que absorben el “mensaje”. Las películas, los programas de
televisión y los videojuegos están plagados de conflictos que se
resuelven por las armas, matando víctimas, ya sean policías o civiles.
Los problemas se resuelven mediante la violencia.
El mensaje de
los medios de comunicación es que las masacres logran victorias. Las
guerras y los asesinatos se reproducen en multitud de escenarios:
hogares, edificios públicos, escuelas, centros de trabajo, calles y
plazas. Las guerras y las masacres son un elemento esencial de este
sistema político y los medios de comunicación aseguran que penetren en
la mente de las masas y se normalicen.
La economía
Las armas que se utilizan en las masacres son un negocio muy lucrativo.
Los fabricantes, vendedores al por mayor, vendedores al por menor y
clubs de armas así como las instituciones policiales y militares
prosperan en este mercado libre del asesinato. Los dirigentes políticos
utilizan la economía que se mueve alrededor de las armas para financiar
sus campañas electorales. Los políticos ven con buenos ojos las guerras,
la industria armamentística y las asociaciones pro-armas, con lo que
perpetúan las condiciones para que se produzcan las masacres. Las
grandes empresas están protegidas de los asesinatos internos. ¿Por qué
iban a preocuparse los ejecutivos y las élites políticas de las matanzas
que se producen en las escuelas públicas si sus propios hijos están a
salvo en sus caros colegios privados? Al fin y al cabo, están en juego
los votos y los beneficios. Solo los “fracasados” envían a sus hijos a
peligrosas escuelas públicas. Los “triunfadores” tienen alternativas más
seguras…
Soluciones
Para hacer frente a la epidemia de matanzas masivas es esencial efectuar cambios en la economía política.
1. Reemplazar las políticas de guerras imperiales por el fomento de la
diplomacia, las negociaciones y la resolución pacífica de los
conflictos.
2. Reemplazar la cultura de las armas presente en
los medios de comunicación por los valores culturales de la solidaridad
en comunidades seguras y comprometidas con lo público.
3.
Reemplazar la obsesión de los civiles por poseer armas militares con una
visión de la propia vida edificada en torno a un ambiente saludable
compartido por vecinos comprometidos socialmente.
4. Prohibir o
regular los clubs de armas y las milicias. Abolir la venta del
armamento militar que se utiliza en estas carnicerías. Las armas
empleadas en tiro deportivo y en la caza son diferentes de las armas de
guerra utilizadas para masacrar a docenas de niños apiñados en sus
aulas.
Planteamientos falsos y verdaderos sobre las masacres
El presidente Trump ha propuesto armar a los profesores para
“solucionar” las matanzas en la escuela. Se trata de una opción
descabellada que solo agravaría la proliferación de armas, estimularía
nuevas carnicerías, socavaría el papel de los maestros como educadores y
crearía nuevos “modelos” para potenciales futuros asesinos. La
propuesta de Trump también pone de manifiesto el profundo desprecio de
su administración por el papel que tienen la educación pública y los
educadores públicos en la construcción de una sociedad sana. Su
propensión a culpar a las víctimas (“si los maestros estuvieran
armados…”) es una muestra del grotesco darwinismo social inherente a su
ideología y de su interés por destruir por completo el sector público.
Los hijos de la élite y de los políticos no tienen que asistir a clases
de matemáticas o de francés a cargo de profesores armados. Según la
lógica de Trump y de la élite empresarial y política, los tiroteos en
las aulas de las escuelas públicas simplemente subrayan la necesidad de
disolver los Departamentos de Educación de todos los niveles, así como
los demás servicios públicos de esta nación.
Los profesores
deberían poder concentrarse en educar a sus alumnos sobre cómo ser
ciudadanos productivos y competentes que valoran la comunidad y la
cooperación por encima de las armas y la guerra. Deberían graduar
estudiantes capaces de evaluar críticamente el papel de los medios de
comunicación en la promoción de la violencia. Deberían fomentar en sus
alumnos habilidades cívicas que les llevaran a movilizarse contra
líderes políticos que han aceptado sobornos (“donaciones”) de sectas de
la muerte como la Asociación Nacional del Rifle.
Para detener
la violencia, los dinamizadores comunitarios pueden boicotear a las
empresas que proporcionan apoyo político y material a quienes promueven
la guerra, a las milicias y a los extremistas armados.
Sería
necesario aprobar leyes nacionales para limitar las armas de fuego a
parcelas y eventos bien definidos, como los clubs de tiro o la caza.
Los propietarios de armas deberían obtener los permisos de uso según
estrictos criterios psicológicos y tener que renovar dichos permisos con
frecuencia. El ejército debería informar a las autoridades civiles
locales de cualquier conducta violenta y criminal de los soldados que
dejen el ejército. No pueden liberar una “bomba de relojería” en medio
de la población a la que han jurado proteger así como así. La enfermedad
mental es un asunto de salud pública y debería incrementarse la partida
presupuestaria destinada a financiar hospitales e instalaciones en las
que identificar y tratar a los individuos que lo necesiten. Estos
enfermos no deberían entrar y salir de las cárceles o ser arrojados a
las calles.
Los vendedores de armas y las exhibiciones de armas
tendrían que estar regulados y obligados a seguir protocolos estrictos
bajo amenaza de sanciones.
Los cazadores deberían usar armas
apropiadas para el tipo de caza que practican. Las armas semiautomáticas
no son las indicadas para cazar ciervos, conejos o pavos. Pero se
utilizan para cazar y para matar a seres humanos, incluyendo a niños
desarmados en sus aulas.
Conclusión
Es posible
poner en marcha cambios culturales, políticos y económicos, pero para
ello es preciso que las luchas populares se mantengan en el tiempo.
Mientras tanto, deberían implementarse reformas a corto plazo para
regular y reducir la frecuencia y mortandad de las masacres locales.
Es preciso divulgar y rectificar el protocolo por el cual la policía
acordona el perímetro de las matanzas, impidiendo que entren rápidamente
los primeros equipos médicos que acuden a estabilizar a los heridos al
tiempo que se protege a sí misma (un proceso que puede prolongarse
durante una hora y provocar muertes innecesarias por pérdida de sangre).
Mientras los equipos SWAT* se preparan y “aseguran el perímetro”, con
una serie de maniobras coreografiadas para asegurar la “protección de la
fuerza”, (un eufemismo que significa “proteger a la policía”), se
desperdician los “minutos de oro” en que se podría estabilizar a las
víctimas. Si los heridos recibieran rápidamente primeros auxilios y
pudieran ser inmediatamente transferidos a los hospitales para someterse
a cirugía de emergencia y transfusiones de sangre, muchas de las
víctimas se salvarían. Es un escándalo la terrible tasa de mortalidad de
estos tiroteos (el 100% en el caso de los niños y profesores de la
Escuela Primaria de Sandy Hook**) especialmente si tomamos en cuenta lo
poco que se reflexiona sobre ello posteriormente. Parece claro que los
jueces y la policía locales y estatales ocultan información sobre el
efecto que tiene impedir la entrada rápida de equipos médicos de
emergencia. Es imprescindible que se realice una investigación
independiente sobre el retraso deliberado de la policía en permitir la
asistencia inmediata que salva vidas.
Prácticamente todos los
tiroteos producidos en escuelas que han terminado en masacres los
cometen individuos a quienes la policía o la comunidad conocen por su
comportamiento imprevisible y maltrato familiar. El hecho de que la
policía local o la familia conocieran que estos individuos dementes y
homicidas tenían acceso a armamento militar y no actuaran, a pesar de
las quejas recibidas al respecto, exige que una investigación
independiente a escala estatal y federal. Es preciso reforzar las leyes o
estatutos relacionados con la hospitalización o detención preventivas
de estos individuos inestables y violentos. Es preciso nombrar una
comisión nacional que investigue la situación de los tratamientos de
salud mental en Estados Unidos y los recursos destinados para ello. En
vez de pedir a los profesores que vayan armados, hay que mantener
instituciones cualificadas de salud mental. No basta con encerrar a los
enfermos mentales en cárceles locales por pequeñas faltas y luego volver
a ponerlos en la calle sin ofrecerles ninguna asistencia.
Es
preciso apoyar la enseñanza pública y a sus profesores. Hay que terminar
con décadas de políticas que debilitan servicios públicos como la
educación, y potencian la “libertad de elección de escuela”, —un
eufemismo para decir enseñanza privada— convirtiendo la educación en un
privilegio para ricos en vez de un derecho de los ciudadanos. En lugar
de un único profesor (preferiblemente armado, según el presidente Trump y
la NRA) para dar clase a cuarenta alumnos, cada aula debería contar con
tres profesores competentes que trabajaran en equipo para asegurar el
progreso de los estudiantes en las diversas asignaturas necesarias para
llegar a ser en un futuro ciudadanos libres y productivos. Es un
escándalo que el Departamento de Educación y la Secretaria de Educación
hayan mantenido silencio y permanecido ausentes tras las frecuentes
masacres de estudiantes. Pero tampoco resulta extraño si consideramos
las prioridades de sus altos cargos, procedentes de la élite y, en el
caso de la secretaria actual Betsy DeVos, de la clase de los
multimillonarios. Nunca han puesto un pie en una escuela pública. Sus
hijos reciben “educación en casa” con tutores privados o asisten a
elitistas academias privadas. Sus programas contrarios a la enseñanza
pública reflejan su hostilidad ideológica hacia el propio concepto de
bienestar social. Las palabras de Trump culpando a los profesores por no
ir armados en el aula muestran claramente su desdén por la enseñanza
pública y por las familias de clase trabajadora y media que confían sus
hijos a la educación pública en todo el país.
Estos sucesos
tienen lugar en el espacio público, un espacio a disposición de todos
los ciudadanos que debería ser seguro. La escuela pública ha sido uno de
los cimientos en los que se basaba la creación de una ciudadanía libre y
productiva. No es casualidad que las masacres de jóvenes tengan lugar
exclusivamente en escuelas pública. Los valiosos hijos de la élite están
a salvo en sus hogares-fortaleza y en escuelas privadas superselectas,
atendidas por profesores altamente cualificados, que pueden dedicarse a
enseñar sin preocuparse por si alguien esconde un arma o por la
aparición repentina de un pistolero. Sus hijos tienen el futuro
garantizado.
Pero la situación de los hijos de clase media y
trabajadora es mucho más incierta. El acceso a la educación de calidad
ha dejado de ser un derecho y un deber para los ciudadanos. En el mejor
de los casos, los jóvenes pueden “acceder a préstamos para la educación”
con tipos de interés usurarios que les encadenan a décadas de
servidumbre por deudas, mientras los estudiantes de clase alta tienen
libertad para seguir una carrera y desarrollar su talento. Mientras
continúen deteriorándose las perspectivas de futuro de los jóvenes, con
el traspaso masivo de riqueza nacional a las élites, estas masacres, los
suicidios y las muertes por sobredosis no pararán de aumentar. Todo
esto ocurre en un contexto sociopolítico: las decisiones deliberadas
tomadas desde arriba generan horror y caos en la base.
Existe
un sustrato de clase en las pesadillas que atenazan a los padres,
profesores y estudiantes de clase media y trabajadora de todo el país.
Seguridad, educación de calidad y sanidad de calidad son, cada vez más,
dominio exclusivo de la élite. Las políticas dirigidas por esta, que se
iniciaron en el reinado del presidente Ronald Reagan, han orquestado la
disolución de las instituciones públicas de salud mental y el alta
masiva de individuos inestables y vulnerables, al tiempo que violentos,
en comunidades que no están preparadas para ello. Quienes sufren las
consecuencias de dichas políticas no significan nada para la élite,
aunque asistan a sus funerales para hacerse la foto. Las políticas
dirigidas por las élites de los presidentes Bill Clinton, George Bush
hijo, Barack Obama y Donald Trump no han dejado de promover el
desmantelamiento del sector público y la privatización de la riqueza y
de las instituciones de la nación.
La tremenda reducción de
impuestos provocada por la ley fiscal de Donald Trump representa una
ganancia inesperada de más de un billón de dólares para la clase
inversora (la élite financiera) a costa de las instituciones públicas y
la red de seguridad que dan servicio a las clases media y trabajadora.
La mayor incidencia de asesinatos en masa, así como el lugar donde se
producen y la identidad de las víctimas, no son fruto del azar: están
definidas por la clase y son reflejo de la pérdida de poder ciudadano.
Los ganadores de esta lucha de clases derraman lágrimas de cocodrilo
para la foto mientras en privado ridiculizan a las familias de las
víctimas por confiar en las instituciones públicas.
Las
decisiones tomadas desde arriba que han producido esta epidemia de
masacres en las escuelas públicas, así como otras epidemias paralelas de
suicidios y sobredosis entre las clases media y trabajadora, han
beneficiado enormemente a la élite. Los multimillonarios y los donantes
de ambos partidos políticos no tienen motivo alguno para dar marcha
atrás y poner en marcha reformas o programas destinados a recuperar los
derechos de los ciudadanos y el espacio público. Solo los amigos,
familias y vecinos de las víctimas de clase media y baja, a quienes en
privado se considera “fracasados que deciden enviar a sus hijos a
instituciones públicas”, pueden unirse para cambiar todo esto y
recuperar la justicia social y económica que rinda homenaje a los
muertos inocentes y ofrezca un futuro digno y justo para sus hijos. No
se trata de armar a los profesores o de envolver a los alumnos pequeños
en “mantas a prueba de balas”, mientras la élite nos culpa de nuestro
sufrimiento desde la seguridad de sus mansiones. Comprender el sustrato
de clase de esta crisis nos ayudará a levantar los cimientos de las
soluciones reales.
Notas:
* SWAT, unidad
de élite incorporada a diversas fuerzas de seguridad, especializada en
operativos de alto riesgo y dotada de equipos muy sofisticados.
**Tiroteo masivo en la escuela de Sandy Hook, Connecticut, en diciembre
de 2012, que produjo 26 muertos (20 de ellos, niños de 6 y 7 años). Fue
el más mortífero de los habidos en escuelas primarias o secundarias en
la historia del país.
La presente traducción puede
reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se nombre
a su autor, su traductor y a Rebelión como fuente de la misma
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