Magdalena Gómez
La Jornada
A cuatro meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas,
el clamor de las madres y los padres continúa respaldado por amplios
sectores sociales del país y fuera del mismo. Mientras, la parte
estatal despliega una estrategia ofensiva, en especial para impedir a
toda costa que se coloque la mirada en la necesidad de investigar la
responsabilidad del Ejército. El detonante fue el intento de los
familiares de los estudiantes desaparecidos junto a organizaciones
sociales de ingresar al cuartel militar en Iguala, Guerrero, en busca
de sus hijos, lo que derivó en una confrontación violenta. A raíz de
ello se insistió en la demanda de ingresar en todos los cuarteles de la
entidad y los decires oficiales de que la aceptaban, y en seguida que
siempre no, que sólo al de Iguala y con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. Lo cierto es que el Estado cierra filas con el
Ejército, evadiendo la apertura de una línea de investigación al
respecto, y continúa en lo que considera refugio seguro, como es
apostar al basurero de Cocula y la incineración de los jóvenes
desaparecidos.
Desde esa trinchera lo mismo promueve la desautorización a las
madres y los padres de los estudiantes que le responde a Amnistía
Internacional por los cuestionamientos a irregularidades en la
investigación. Sin embargo, no todo está bajo su control, por fortuna,
pues invocando el
interés públicoy el
derecho a la verdad, el pasado 11 de diciembre el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar a conocer
la cantidad de personas retenidas temporalmente en instalaciones militares. Encomendó a la Sedena hacer una búsqueda exhaustiva en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, la Dirección General de Derechos Humanos y en los batallones y zonas militares consideradas en ese resolutivo, sobre “la cantidad de personas retenidas temporalmente en instalaciones militares (…) desglosada por hombres y mujeres”, bajo los criterios que definieron los solicitantes de información, y que la haga pública en su sitio en Internet ( Proceso, 25/1/15). Esta resolución, si bien tiene un contexto más amplio, es muy oportuna en este momento, pues ofrece evidencia de las prácticas militares que sustentan la petición en el caso de Ayotzinapa, sólo con ver su trayectoria en el caso de Guerrero.
Una actividad importante será la evaluación de México ante el Comité
contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en su octava reunión
el 2 y 3 de febrero próximos, pues las madres y los padres de los
normalistas de Ayotzinapa acudirán a Ginebra para ofrecer argumentos
sobre el caso que comentamos, caracterizado como crimen de Estado, y
exigir la investigación del Ejército Mexicano, del ex gobernador Ángel
Aguirre y de su procurador.
En
un documento fechado el 8 de enero de 2015 y que aparece en la página
web del mencionado comité de la ONU, el Centro de Derechos Humanos de
la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos
Humanos José María Morelos y Pavón AC, la Red Guerrerense de Organismos
Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez AC, como representantes de los familiares de las
víctimas, no sólo ofrecen un detallado recuento del caso Ayotzinapa,
sino que a la vez puntualmente contradicen el informe del Estado
mexicano presentado en marzo del año pasado y ubican con precisión este
caso de desaparición forzada como un parteaguas en la lucha por la
justicia en esta materia y cuestionan jurídicamente con solvencia la
línea del basurero de Cocula que la Procuraduría General de la
República (PGR) basa sólo en testimoniales y confesiones sin evidencias
científicas irrefutables, pues ni siquiera ha probado que las muestras
sometidas a peritaje provengan de ese lugar.
Será relevante el tratamiento que merezca Ayotzinapa. Enrique Peña
Nieto se está desmarcando del caso, hacia el primer mes de los hechos
recibió en Los Pinos a los familiares y acordaron 10 puntos, de los
cuales el relativo a la asistencia técnica de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en vías de iniciar, en
el segundo mes ofreció un plan cuya realización depende del Congreso de
la Unión, y ya en el tercero y cuarto mes ha dejado la interlocución en
Gobernación y la PGR. Los próximos meses la confrontación se
incrementará en Guerrero por la postura del movimiento social de
impedir las elecciones; también hay agendas ineludibles, como la
definición en la Normal de Ayotzinapa de la convocatoria anual para
nuevo ingreso, proceso que pasa por la relación con el gobierno del
estado y el curso de los trabajos de la asistencia técnica de la CIDH
correrá en paralelo, aportando también puntos críticos en la
interlocución con el Estado.
El desafío está en mantener en el centro el acompañamiento nacional
e internacional a los familiares en la batalla por la aparición con
vida de los jóvenes normalistas.
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