Uno de los sectores más atrasados en la incorporación de las políticas que protegen y promueven los derechos humanos es el financiero. Más de la mitad de los bancos ni siquiera reconoce la existencia de tales derechos en sus normativas internas. Por ello, generalmente están involucrados, por medio de financiamiento, en el traslado forzoso de comunidades, el trabajo infantil, la apropiación de tierras con respaldo militar y la violación del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación
Sólo la mitad de los principales bancos
internacionales aplican políticas de respeto de los derechos humanos,
según una nueva investigación, a pesar de que así lo exige una serie de
principios que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó para
guiar las actividades de las empresas trasnacionales.
De los 32 bancos examinados, los
investigadores encontraron que ninguno ha puesto en marcha públicamente
un proceso que aborde las violaciones de los derechos humanos. Tampoco
cuentan con mecanismos de reclamación para que las personas afectadas
por los abusos puedan quejarse.
La investigación, publicada por
BankTrack, una red internacional de organizaciones no gubernamentales
que vigila las actividades bancarias, se conoce más de 3 años después
de la adopción de los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos.
Estos principios, aprobados por
unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011,
especifican una serie de acciones y obligaciones para todas las
empresas, incluidas las del sector financiero.
Algunos de “los bancos que abarca este
informe […] financiaron empresas y proyectos que implicaron el traslado
forzoso de comunidades, el trabajo infantil, la apropiación de tierras
con respaldo militar y la violación del derecho de los pueblos
indígenas a la libre determinación”, denuncia la investigación,
publicada el 2 de diciembre de 2014.
“Las políticas y procesos, abiertos al
escrutinio público y respaldados por informes adecuados, son
herramientas importantes para que los bancos se aseguren de que este
tipo de abusos no se produzcan, y que cuando lo hacen, aquellos cuyos
derechos fueron afectados tengan el derecho a un recurso efectivo”,
señala.
“Si estas políticas y procedimientos
han de tener sentido, entonces el financiamiento para este tipo de
‘negocios dudosos’ deberá, eventualmente, acabar”, añade.
Uno de los bancos estudiados, JPMorgan
Chase, es uno de los principales financistas en Estados Unidos del
aceite de palma, a través de préstamos e inversiones de capital. Aunque
la institución tiene una política de derechos humanos, los
investigadores de BankTrack hallaron que sólo la aplica a los préstamos
y no a las inversiones.
“Cuando se trata de presentar informes
sobre su aplicación, el banco no cumple, por lo que la política es poco
más que decorativa”, afirmó Jeff Conant, de Amigos de la Tierra Estados
Unidos, una organización que investiga el financiamiento del aceite de
palma.
La financiación privada en la
actualidad facilita casi toda la gama de la actividad empresarial, pero
Conant destaca que “las instituciones financieras no están obligadas a
responder por sus actos”.
Conclusiones aleccionadoras
Pero el nuevo estudio indica que
algunos bancos están bien encaminados para cumplir con los Principios
Rectores. El banco mejor clasificado, el holandés Rabobank, recibió 8
de 12 puntos posibles, seguido de cerca por Credit Suisse y UBS.
Sin embargo, éstas son las excepciones.
El puntaje promedio apenas llegó al 3, mientras que muchos recibieron
una calificación de cero, entre ellos instituciones chinas, de la Unión
Europea y Estados Unidos.
De hecho, Bank of America, una de las
mayores instituciones financieras del mundo, recibió sólo 0.5 puntos de
12, y eso porque expresó algún tipo de compromiso para realizar
investigaciones relacionadas con los derechos humanos.
“Las conclusiones de este informe son
bastante aleccionadoras acerca de lo que puede esperarse de los
principios de autorregulación”, observó el argentino Aldo Caliari, del
Center of Concern, un centro de investigación con sede en Washington.
“Los Principios Rectores son el mínimo
indispensable de cualquier marco de derechos humanos en el sector
empresarial, un marco que tiene el consentimiento de las empresas. Así
que el hecho de que haya tan escasa adhesión a una herramienta
relativamente débil… Es muy revelador”, expresó.
A pesar de la diversidad de casos, el sector financiero en su conjunto tomó nota de los Principios Rectores.
En 2011, cuatro bancos europeos se
reunieron para discutir las posibles consecuencias de los principios
para el sector. Luego se sumaron tres bancos más a lo que ahora se
conoce como el Grupo de Thun, y en octubre de 2013 la agrupación
publicó un documento inicial sobre los resultados de estas discusiones,
con recomendaciones para su cumplimiento.
Un conjunto ya existente de pautas
voluntarias para el sector bancario, conocido como los Principios del
Ecuador, también se actualizaron en 2013 para reflejar la existencia de
los Principios Rectores. Hasta el momento, los Principios del Ecuador
fueron ratificados por 80 instituciones financieras en 34 países.
“Hasta la fecha, los esfuerzos de los
bancos para poner en práctica los Principios Rectores de la ONU giraron
principalmente en torno a la producción de documentos de debate sobre
el mejor camino a seguir”, indicó Ryan Brightwell, autor del nuevo
informe.
“Tres años y medio después de la puesta en marcha de estos Principios, es hora de pasar a su aplicación”, exhortó.
Fortalecimiento de la rendición de cuentas
Las conclusiones sobre la escasa
aplicación de los Principios Rectores fortalecerá la posición de
aquellos que desean modificarlo o sustituirlos. Algunos sugieren un
cambio de marco para que las instituciones financieras reciban un
tratamiento distinto al de otros sectores.
El “sector
financiero exige un tratamiento de excepción con respecto a la
aplicación de los Principios Rectores”, escribió en 2013 Caliari.
“Las compañías financieras, más que
otras empresas, tienen el potencial, con un cambio de conducta, de
influir en la conducta de otros actores. Eso significa que también se
debe esperar de ellas un mayor nivel de responsabilidad cuando no lo
hacen”, explicó.
Caliari y otras personas integran un
movimiento que busca ir más allá de los marcos voluntarios, del tipo de
los Principios Rectores, para adoptar un mecanismo vinculante.
Este objetivo, que ya lleva décadas de
trabajos, recibió un importante impulso en junio, cuando el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU votó a favor de permitir el inicio de
negociaciones para un tratado vinculante en torno a las empresas
trasnacionales y sus obligaciones de derechos humanos. En esa misma
sesión también se aprobó otra resolución para fortalecer la ejecución
de los Principios Rectores.
Los nuevos datos sobre la relativa
falta de cumplimiento de los Principios Rectores por parte de los
bancos son una de las razones por las que crece el número de adeptos a
un tratado jurídicamente vinculante, según Caliari.
“Es cada vez más claro que los
mecanismos que se basan en el consentimiento de las empresas no pueden
ser la totalidad de los mecanismos de rendición de cuentas disponibles.
Se necesita más”, subrayó el integrante del Center of Concern.
*Traducido por Álvaro Queiruga
Carey L Biron*/IPS
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