Ayotzinapa: una comisión de la verdad

Imanol Ordorika/Adolfo Gilly

El 27 de enero, a 43 días de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el asesinato de otros cuatro, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, repitió los argumentos, versiones y testimonios ya presentados el 7 de noviembre de 2014. Con un agregado: ahora los declaró verdad histórica. Con esta presentación pretende cerrar el caso, suspender toda investigación y cortar la interlocución con los familiares de las víctimas.

Con la expresión verdad histórica el procurador quiere significar que su versión de los hechos de Ayotzinapa es ya caso juzgado, aunque diga que la investigación sigue abierta para encontrar otros posibles “culpables. Con esta declaración también cierra el paso a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes acordada con los padres.

Resulta sorprendente que el procurador no tenga idea de que una verdad histórica, por el hecho mismo de serlo, sólo puede ser establecida en los tiempos de la historia y con sus métodos, jamás por la voluntad, las acciones o los dichos de los protagonistas de los sucesos, en este caso la PGR con su apresurada investigación.

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El procurador reitera sus hipótesis con muy pocos fundamentos. Se basan casi exclusivamente en testimonios de los presuntos delincuentes detenidos, de cuya veracidad, propósitos y procedimientos para su obtención no nos presenta ninguna prueba o simple evidencia. El procurador dice y el dudoso y fragmentario video elaborado por la PGR ilustra su dicho. ¿Qué es esto, adónde hemos llegado? En todo proceso penal la confesión constituye el eslabón más débil de la prueba. En la historia de los procesos penales en este país el uso de métodos violentos –incluidas las amenazas y las promesas– para arrancar confesiones es proverbial y sigue vigente.

La desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa fue y sigue siendo un crimen de Estado, por la elemental razón de que fue cometido por cuerpos armados del Estado mexicano, como lo son las policías municipales, en cumplimiento de órdenes de funcionarios del Estado, como los presidentes municipales y no sólo ellos en este caso. El Estado no es tan sólo la Presidencia de la República, sino el conjunto de las instituciones en el territorio de la nación.

La pretensión de cerrar el caso Ayotzinapa y el llamado presidencial a no quedar atrapados en esa tragedia no hacen más que profundizar la crisis de esas instituciones. Actúa así como germen y estímulo de disensos y divisiones dentro del mismo aparato del gobierno federal. A nivel del territorio nacional esta crisis se hace visible en la imbricación entre fuerzas y servidores públicos, y no sólo en el estado de Guerrero, con elementos del crimen organizado; en la complicidad o encubrimiento de esos hechos por funcionarios municipales y estatales, sea por conveniencia o por legítimo temor; en la inoperancia de las instituciones de seguridad y de impartición de justicia en todos los niveles; y, por tanto, en la carencia de credibilidad y legitimidad de gobiernos y funcionarios en los tres niveles: municipal, estatal y federal. Una sola pregunta: ¿por qué no se ha llamado a declarar cuanto pueda saber al licenciado Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero en los momentos del crimen de Ayotzinapa? No es la única omisión, pero es una de las más clamorosas en la verdad histórica de la PGR.

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Esta crisis configura lo que en la doctrina y en la práctica se denomina una crisis de Estado. Reconocerla es premisa indispensable para superarla. Y para eso es preciso abrir todas las puertas, echar aire y luz sobre todas las investigaciones, revisar todos los archivos y documentos, o sea, lo contrario de la propuesta, la política y las acciones del gobierno federal, a través de su procurador general, en este caso.

Pues Ayotzinapa no es un caso aislado. La desaparición forzada de 43 estudiantes en una sola acción criminal llevada a cabo por policías municipales uniformados y la muerte de otros cuatro es un punto culminante de la interminable tragedia de miles y miles de desapariciones, asesinatos, feminicidios, trabajo esclavo, que viene asolando al territorio nacional en lo que va del siglo XXI y también antes. ¿Olvidamos Acteal? ¿Olvidamos San Fernando? ¿Olvidamos Ciudad Juárez y toda la frontera? ¿Olvidamos el olvido?

Establecer la verdad donde sea que tope en el caso Ayot-zinapa es abrir las puertas y las avenidas para conocer y, entonces sí, empezar a salir de esta tragedia interminable. Ayotzinapa no es un cierre, es una dolorosa e ineludible ocasión para la sociedad mexicana y también sus instituciones estatales para comenzar a ir más allá de la tragedia recurrente en que vivimos.

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La crisis y la pérdida de credibilidad de las instituciones de Estado de cara a la sociedad han hecho aparecer al gobierno federal y a su PGR como juez y parte en las investigaciones y la construcción jurídica del caso Ayotzinapa. No hay razón válida para que la aprobada e indispensable visita y tarea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa se siga postergando. La CIDH es indispensable.

Es preciso, sin embargo, ir además más lejos. Urge a esta altura la constitución de una comisión de investigación independiente, responsable y respetada y a la cual se le abran todas las puertas: cárceles, cuarteles, campos de trabajo, plantaciones, archivos, testimonios. Todo.

Es necesaria, es indispensable ya, la conformación de una comisión de la verdad independiente de las instituciones, con integrantes probados y respetados por sus trayectorias de vida, su independencia de criterio y sus capacidades, y con la asesoría y el apoyo de los organismos de derechos humanos que en México han apoyado y enriquecido las investigaciones independientes y gozan de la confianza de los padres, madres, familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos.

Conocer la verdad verdadera sobre Ayotzinapa exige una comisión de la verdad con plenos poderes de acción e investigación. Es la respuesta al carpetazo oficial.