“Aquí
estamos nuevamente. No somos organizaciones criminales, ni
delincuentes, como se nos acusa. Somos campesinos e indígenas
trabajadores que defendemos nuestros ríos y nuestros derechos.
¡Libertad para Fausto Sánchez! ¡Que pare la persecución en contra de
Raúl Maldonado, Rocael López y Talco Clemente!, eran algunas de las
consignas que irrumpieron en las calles de San Pablo, cabecera del
Municipio del mismo nombre, en el Departamento de San Marcos, a unos
300 Km al suroccidente de la ciudad capital de Guatemala.
El 10 de
enero, a un mes del secuestro y encarcelamiento Fausto Sánchez,
dirigente del Frente de Resistencia Nacional en Defensa de los Recursos
Naturales y de los Derechos de los Pueblos (FRENA), campesinos e
indígenas integrantes de dicha organización, en compañía de
representantes de otras organizaciones nacionales como el Comité de
Desarrollo Campesino (CODECA) y el Frente Nacional de Lucha (FNL), en
horas de la mañana, realizaron una caminata pacífica de 3 Km, hasta el
pueblo de San Pablo, exigiendo la libertad para sus dirigentes
secuestrados/encarcelados y perseguidos por el Estado de Guatemala.
En el Departamento de San Marco, FRENA inició la inédita resistencia
pacífica por la nacionalización del servicio de la distribución de la
energía eléctrica desde hace 15 años atrás. Desde entonces, comunidades
enteras de usuarios, ante las sobrefacturaciones y cobros arbitrarios
por parte de la empresa ENERGUATE-ACTIS, dejaron de pagar las facturas
de manera organizada. Pero la situación social se convulsionó aún más
en el Municipio cuando el Ministerio de Energía y Minas, en 2011, sin
consultar a la población afectada, adjudicó a la empresa Hidro Salá,
del Consorcio FABRIGAS, la construcción de una represa hidroeléctrica
en el río Salá que alimenta a las comunidades del Municipio de San
Pablo.
Ante la presencia abusiva de estas empresas del sector
eléctrico, y la persistente violación de derechos por parte de la
empresa minera Marlín (la canadiense Goldcorp) en el área, indígenas y
campesinos empobrecidos y contaminados decidieron organizarse para
resistir y defender sus derechos, conforme a lo establecido en el
ordenamiento interno. Pero el Estado activó su sistemática política
nacional de “seguridad interna”, acusando a los peones de los
monocultivos, ahora, organizados, de “enemigos internos” del Estado y
del desarrollo. Y, en coordinación con las empresas privadas
“afectadas” por la resistencia social, persigue, secuestra y encarcela
a todos los tábanos (dirigentes) que se atreven a despertar a estas
comunidades dormidas en el atraso y el abandono estatal.
Ocurrió el 10 de diciembre pasado. Agentes de la Policía Nacional Civil
(PNC), aplicando una táctica militar antisubversiva, irrumpieron, antes
que amaneciese el día, en el domicilio de Fausto Sánchez, y lo
capturaron. Otros tres dirigentes, también perseguidos por el
Estado-empresas extranjeras, se declararon en clandestinidad.
Inmediatamente la población salió a las calles en protesta. Pero la
recargada PNC militarizada reprimió, persiguió y capturó a 8
manifestantes, incluido menores de edad. Don Fausto fue detenido, e
inmediatamente se presentaron en el Juzgado representantes legales de
ENERGUATE-ACTIS, HIDRO SALÁ y el Alcalde Municipal de San Pablo, como
querellantes adhesivos, y ligaron a proceso penal al dirigente
comunitario por el delito de organización criminal.
La Agente
de PCN, De León Aguilar, quien, junto a sus otros 80 compañeros,
protege el edificio vacío de la Municipalidad de San Pablo, ante la
presencia de indígenas y campesinos en el frontis, sin poder disimular
su preocupación nos dice: “Lo que pasa que aquí, comunidades enteras ya
no pagan energía eléctrica. Y la empresa, para ir a recoger sus cables,
pide que la PNC los acompañe para que no sean agredidos en las
comunidades. (…) Ellos son muy violentos. En el bochinche
(manifestación) último, quemaron llantas, hasta nos quitaron nuestras
armas, (…)”.
En la protesta social las y los empobrecidos,
excluidos y contaminados únicamente llevaban pancartas y algunas mantas
con citas bíblicas. Eso sí, quienes tomaban el micrófono tenían las
ideas claras sobre sus derechos y las obligaciones de los agentes de la
PNC para con la ciudadanía.
De esta manera, la persecución y
judicialización de la protesta social, lejos de intimidar a los
sectores empobrecidos, los afianza y articula en sus luchas sociales.
Católicos y evangélicos, que en las actividades religiosas se excluyen
mutuamente, se reúnen en las luchas sociales. Y así estas luchas
sociales se proyectan como imaginaciones trascendentales porque cuentan
con una mística y una espiritualidad para la liberación integral.
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