Como España hoy, hace unos años, Ecuador era el país sudamericano
que más parte de su presupuesto consagraba al pago de su deuda soberana.
En 2005, Quito atribuyó el 40% del presupuesto público al pago de
los intereses de la deuda mientras los gastos de sanidad y educación se
reducían al 15%. Se satisfacía primero a los acreedores extranjeros, en
detrimento de las necesidades fundamentales de la población. Un
endeudamiento ilegítimo, una dependencia económica y financiera y un
aumento de las desigualdades constituían las principales
características de aquel Ecuador. Ante ese estado de hechos, en
noviembre de 2006, a través de la vía electoral, los ecuatorianos
llevaron a Rafael Correa a la presidencia de la República. Y con él
todo cambió.
Al asumir el cargo en enero de 2007, Rafael Correa preconizó una
“Revolución Ciudadana”, no violenta y democrática, que favoreciera la
integración, la solidaridad y la equidad. Para alcanzar tales
objetivos, era necesario asumir el poder a fin de transformarlo en
poder popular, para provocar cambios en las estructuras desiguales
existentes, puesto que el verdadero desarrollo sólo es posible a
través de la modificación de las relaciones en el seno de la sociedad.
Correa decidió optar por la vía alternativa de dedicar los fondos
estatales al gasto social y productivo, reduciendo de forma
significativa la proporción del presupuesto asignada al pago de la
deuda externa, y aumentando considerablemente la inversión humana. La
realización de esta política fue posible gracias, en gran medida, a los
resultados de la auditoría de la deuda externa y al rechazo de las
deudas consideradas ilegítimas. Para lograrlo, Ecuador tuvo que
atravesar un camino plagado de obstáculos.
En el periodo de 1982 a 2006, la deuda externa en su totalidad
(privada y pública) no hizo más que aumentar. Las ligeras
“correcciones” derivadas de las diferentes condonaciones y
renegociaciones nunca llegaron a frenar su vertiginoso ascenso, que
pasó de 241 millones de dólares en 1970 a 17.000 millones de dólares en
2006. Representó como media, en el conjunto del mismo periodo, casi el
61% del producto interior bruto (PIB). Ecuador padecía entonces una
verdadera hemorragia: si se calcula la diferencia entre las sumas
recibidas de los prestamistas extranjeros y las sumas reembolsadas, se
constata que la transferencia neta respecto a la deuda era negativa.
En ese periodo, más de 13.500 millones de dólares salieron de
Ecuador para reflotar a los diferentes acreedores extranjeros. Así
pues, esa lacra se fue transformando en un instrumento de dominación y
de expolio de los países deudores, concebido por y para los países
acreedores y las instituciones financieras internacionales. Además,
Quito transfirió más de mil millones de dólares a los organismos
multilaterales –Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo,
Banco de desarrollo de América Latina, Fondo Monetario Internacional–
y, sin embargo, su deuda aumentó.
Los intereses de la deuda representaban, en 2004, el 145% de los
ingresos fiscales petroleros y, en 2006, el 200%… Si esta tendencia se
hubiera mantenido, Ecuador hubiera agotado sus reservas petroleras en
25 años sin haber invertido esa riqueza en apoyar su desarrollo. Por
otra parte, sólo el 14% de las sumas prestadas entre 1989 y 2006 se
utilizaron para proyectos de desarrollo (agua potable, energía,
irrigación, transportes, telecomunicaciones, infraestructura social y
apoyo a las empresas). El 86% restante sirvió para devolver el capital
y los intereses de la deuda externa.
El presidente Rafael Correa se comprometió a poner fin a semejante
círculo vicioso del pago de la deuda y de acuerdos para la
refinanciación de todo tipo. Para ello, creó la “Comisión para la
Auditoría Integral del Crédito Público” (CAIC) el 7 de julio del año
siguiente. El Gobierno pretendía de ese modo impulsar la identificación
de las deudas ilegítimas, tanto con los acreedores multilaterales (BM,
FMI, BID) como con los acreedores bilaterales. En base a los resultados
de la auditoría, Ecuador renegociaría entonces el pago de la deuda
externa. Decidió no pagar las deudas que no hubieran beneficiado a la
población o que se hubieran contraído de forma fraudulenta, y emprender
acciones jurídicas contra los responsables de la situación de
endeudamiento.
La posición de Correa fue clara: la deuda externa se pagará en la
medida en que no afecte a las prioridades del desarrollo nacional.
Posición que no excluye la opción de una moratoria si la situación
económica lo exige. El Gobierno se posicionó así como “país acreedor”
frente a una deuda ya ampliamente pagada y de la cual una buena parte
era ilegítima, lo que justificaba su no devolución.
Un ejemplo de deuda ilegítima fue la decisión del Gobierno noruego
de anular la deuda ecuatoriana. A finales de los años 1970, la
industria noruega de construcción naval se encontraba en mala
situación. Oslo decidió poner en marcha una “Campaña de exportación de
navíos” y se aprobaron numerosos préstamos sin considerar la
realización efectiva de los proyectos previstos ni la capacidad de
reembolso de los países deudores. De los 36 proyectos concluidos con 21
países, sólo dos consiguieron satisfacer su deuda. Ecuador fue uno de
los países que no llegó a hacerlo. Gracias a la presión de activistas
por la anulación de la deuda tanto en Noruega como en Ecuador, el
Parlamento y el Gobierno noruegos terminaron por tomar conciencia de
que tales actuaciones eran inadmisibles. El 2 de octubre de 2006, el
ministro noruego de Desarrollo Internacional anunció la anulación de la
deuda para los países que, como Ecuador, aún debían entonces 36
millones de dólares.
Las renegociaciones con los acreedores internacionales habían
empezado en 1983 cuando la deuda comercial de las empresas privadas
ecuatorianas pasó a ser responsabilidad del Estado, ya que éstas no
tenían recursos para cumplir con sus obligaciones económicas (como pasa
hoy en España con los bancos). El proceso de renegociación conoció
diversas peripecias, pero las cosas no cambiaron realmente hasta que,
en 2007, siete meses después de su elección, el presidente Correa
decidió crear la CAIC. Las conclusiones mostraron que numerosos
préstamos habían sido concedidos violando reglas elementales del
derecho internacional.
Como ocurre hoy en Grecia, en Portugal o en España, esas condiciones
de crédito aceptadas obligaron a Ecuador a iniciar reformas
estructurales que garantizaran modelos de pago de la deuda, en
detrimento del crecimiento económico y de los derechos sociales de la
población.
Se llegó así a la sexta renegociación, en noviembre de 2008. Quito
decidió suspender el pago de títulos de deuda con fecha de vencimiento,
algunos para 2012, y otros para 2030. Rafael Correa propuso una
reestructuración de la deuda, no por falta de dinero, sino porque
existían indicios de ilegitimidad y de ilegalidad de la deuda. El
Presidente Correa señaló que la renegociación debía tener en cuenta, no
sólo las exigencias de los acreedores, sino también las demandas del
Gobierno, tomando ante todo en consideración las posibilidades de pago
del país, únicamente después de haber satisfecho las necesidades
sociales del pueblo.
En junio de 2009, Ecuador consiguió readquirir títulos de deuda por
valor de 3.200 millones de dólares por sólo 900 millones de dólares, es
decir, con una reducción de entre un 65% y un 70% de su valor. Si
tenemos en cuenta los intereses que Ecuador ya no tendrá que pagar,
puesto que ha comprado títulos que vencen en 2012 y en 2030, el Tesoro
Público ahorró en torno a 7 280 millones de dólares para los próximos
21 años. Esto ha permitido encontrar nuevos medios financieros y
aumentar el gasto social en la sanidad, la educación, la ayuda social y
el desarrollo de infraestructuras de la comunicación.
Como consecuencia, la deuda de Ecuador descendió de 17.475 millones
de dólares en 2008 a 13.686 millones en mayo de 2011, lo que representa
una reducción de 3.789 millones de dólares. El saldo de la deuda
externa pública fue restablecido a 8.705 millones, mientras que el de
la deuda privada quedó en 4.981 millones.
Esta actitud original y soberana del Gobierno responde a preceptos
precisos inscritos en la nueva Constitución ecuatoriana aprobada por
sufragio universal en septiembre de 2008. En especial, el artículo 290
somete todo endeudamiento futuro a las siguientes reglas:
1. Se recurrirá al endeudamiento público sólo cuando los ingresos
fiscales y los recursos provenientes de la cooperación internacional
sean insuficientes.
2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la
soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la
naturaleza.
3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y
proyectos de inversión para infraestructuras, o que tengan capacidad
financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa,
siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para Ecuador.
La no devolución de la deuda decidida por Rafael Correa, le ha
permitido a Ecuador ahorrar casi 7.000 millones de dólares (intereses
incluidos), que se han reinvertido en el ámbito social.
Por otra parte, entre 2006 y 2011, el porcentaje del presupuesto
estatal dedicado a la devolución de la deuda pasó del 24 al 7%,
mientras que el relativo a los gastos sociales aumentó del 12 al 25%.
Además, el crecimiento del PIB alcanzó una media del 4% desde 2006 y de
un 7,8% en 2011, lo que permitió financiar el aumento de los salarios,
las pensiones y la mejora general de las condiciones de vida.
En mayo de 2010, a raíz de un encuentro con el ex primer ministro
griego Yorgos Papandreu, Rafael Correa le aconsejó, pero en vano, que
Atenas dejase de pagar su deuda. Le explicó en términos simples pero
significativos: “Es la lógica financiera: te caíste, me pagas más y más
caro. Cuando la lógica del desarrollo tendría que ser: te caíste, pues
te levanto y después ya veremos cómo nos arreglamos”. Reiteró este
consejo el 8 de octubre de 2011 a los países europeos afectados por la
“crisis de la deuda”, que no es más que un pretexto para la
implementación de políticas austeritarias.
Si analizamos las medidas regionales, coherentes con las políticas
mencionadas, se puede destacar que en marzo de 2007, siete países de
UNASUR (Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Brasil y
Uruguay) decidieron restablecer márgenes de maniobra creando el Banco
del Sur, una institución financiera que dispondrá de una parte de las
inmensas reservas –entre 7.000 y 20.000 millones de dólares– para el
desarrollo del continente.
Y Ecuador añadió otros dos pilares a la nueva arquitectura
financiera regional con la Declaración de Quito de mayo de 2007.
Propone la creación de un fondo de estabilidad regional, el Fondo del
Sur, y una unidad de cuenta común que abra el camino a la futura unión
monetaria sudamericana. De ahí el SUCRE, o Sistema Unitario de
Compensación Regional de Pagos, boceto de una moneda común.
Tras cinco años de Revolución Ciudadana, Ecuador ha logrado
encontrarse por primera vez en una situación que le permite realizar
una distribución adecuada de la renta y la riqueza, promover la
producción nacional, la integración regional, el respeto a los derechos
de los trabajadores y la estabilidad económica.
Aunque todavía quedan objetivos por alcanzar, las cifras de la
revolución productiva y económica son reveladoras de un cierto
optimismo. El paro y los contratos precarios se han reducido, la
pobreza ha disminuido. Según la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), Ecuador es el segundo país de la región que más ha
reducido su índice de pobreza, que ha caído 9 puntos situándose en un
28,6%. En 2011, 650.000 personas salieron de la pobreza.
Gracias al crecimiento económico y a la gestión responsable de las
finanzas, la deuda pública en relación al PIB ha descendido a su nivel
más bajo en la historia. En octubre de 2011, se situaba en un nivel del
22% (14% de deuda externa y 8% de deuda interna). Ecuador ha conseguido
imponerse a la deudocracia. Y ya no está en venta.
Carlos Játiva, Embajador de Ecuador en Francia
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