El Gobierno ecuatoriano
rechazó el martes la solicitud de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) para anular la sentencia contra tres personas
por injuria contra el mandatario Rafael Correa.
El Ministerio de Exteriores, la Procuraduría General y la Corte Nacional de Justicia tildaron la solicitud de CIDH de un acto injerencista en los asuntos internos del país.
Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa y el legislador Cléver Jiménez fueron sentenciados por acusar al jefe de Estado de haber cometido un delito de lesa humanidad cuando, según ellos, ordenó su rescate a sangre y fuego de un hospital donde fue retenido por policías sublevados el 30 de septiembre de 2010.
Tras el proceso, en el que los acusados tuvieron derecho a la defensa y a todo tipo de impugnación, el legislador recibió una pena de 18 meses de cárcel, mientras que su asesor Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa fueron sentenciados a 6 meses de prisión.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es un órgano jurisdiccional y sus decisiones no pueden obligar a las altas cortes de los países miembros. Se considera una intromisión porque no están facultados para ello (emitir medidas cautelares)”, subrayó el presidente de la Corte de Justicia, Carlos Ramírez.
En tanto, el procurador general del Estado, Diego García, indicó que “ni el Gobierno, ni la procuraduría tienen la capacidad de decidir por un juicio que está en la administración de justicia”.
Por su parte, la Cancillería manifestó su rechazo de dicha solicitud y recordó que “la Convención Americana sobre Derechos Humanos no contempla la facultad de la CIDH para dictar medidas cautelares”.
“La evidencia presentada por el Ecuador en su respuesta oficial a la CIDH, de 28 de febrero de 2014, en relación a este caso demostró de manera contundente que en el Ecuador se cumple el debido proceso judicial -que es absolutamente legítimo y no puede ser interferido”, se lee en el comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores.
El Ejecutivo lamenta que la CIDH haya tomado decisiones sin revisar correctamente la información que le fue entregada, versa el texto que al final denuncia la politización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo “que genera un debilitamiento lamentable del sistema”.
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