Según informes extraoficiales, las arduas negociaciones de representantes del Ejecutivo y dirigentes de un sector de mineros informales de cinco regiones, llegaron anoche a un acuerdo preliminar que incluye mayor efectividad de la formalización.
El entendimiento, indicaron los informes, incluye la creación de un canal para que una empresa privada concesionaria compre el oro que extraen esos mineros, los cuales por su situación comercializan el producto por canales clandestinos.
Las conversaciones se reanudaron ayer con dirigentes de las regiones Arequipa, Apurímac, Ica, La Libertad y Ayacucho, mientras en las calles limeños marchaban bajo la dirección de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros.
El presidente de esa central, Esteban Siancas, no participa en las negociaciones y dijo que cualquier acuerdo deberá ser sometido a consulta a las bases, lo que han anunciado los dirigentes que dialogan.
Los manifestantes en Lima intentaron llegar al parlamento, lo que no les fue permitido por la policía, situación que dio lugar a disturbios con un saldo de varios heridos y detenidos.
Entretanto, los bloqueos de carreteras iniciados el viernes en la sureña región de Arequipa, continúan suspendidos y la estratégica carretera Panamericana, que recorre toda la costa peruana, está abierta al tránsito tras una jornada de cierres intermitentes.
El alto comisionado para la formalización minera, Daniel Urresti, dijo al respecto que se cumple la condición gubernamental de dialogar solo si se levantan los bloqueos, que se mantienen en la región surandina de Puno, cuyos dirigentes no participan en el diálogo.
Urresti confirmó que sigue en pie el despliegue policial y militar para desbloquear las carreteras si continúan los cierres viales.
Confirmó igualmente que el Ejecutivo solo conversa con dirigentes de base, porque líderes como Siancas representan en realidad a la minería ilegal, es decir a la que ocupa reservas naturales y opera fuera de la ley.
Entretanto, la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial iniciaron hoy una huelga por tiempo indefinido, contra una nueva legislación para la administración pública que, según afirmas, viola derechos laborales fundamentales.
La protesta también exige mejoras salariales, entre otros reclamos y el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, que reclama a su vez al gobierno más fondos para la administración de Justicia, dijo que el paro debe ser resuelto por el Ejecutivo.
pgh/mrs
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