La expropiación de Repsol en Argentina

La presidenta argentina anuncia el 16 de abril la nacionalización de YPF controlada por la trasnacional española RepsolFoto Ap

 

Adolfo Gilly

En la última década del siglo pasado, en la marejada de expansión del dominio del capital financiero sobre la economía mundial y los estados nacionales, fenómeno epocal conocido como neoliberalismo, el gobierno de la República Argentina, entonces en manos del presidente peronista Carlos Menem y su pandilla, privatizó el petróleo y la empresa petrolera nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Este despojo fue aprobado por las dos cámaras del Poder Legislativo. Era el año 1992. Así la empresa española Repsol se convirtió en propietaria de 57 por ciento de las acciones de YPF y en usufructuaria del petróleo argentino, de la renta petrolera y de su uso y disposición en el mercado global según sus intereses, conveniencias y decisiones.

 

El petróleo pasó a ser, de un recurso considerado como reserva estratégica de la nación, a una mercancía más (commodity) en el mercado mundial. Con ese criterio empresarial fue manejada la empresa por sus accionistas españoles y el grupo inversor argentino Eskenazi, que poseía 25 por ciento del paquete accionario. Bajo este esquema las ganancias producidas por YPF no eran destinadas en parte, como es de rigor, a reinvertirse en exploración y modernización de sus instalaciones, sino que podían ser y eran dirigidas a inversiones de Repsol en otros destinos.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha expropiado ahora 51 por ciento de la acciones y asumido así para el Estado la dirección y el control de YPF, dejando 6 por ciento en poder de los accionistas de Repsol y sin tocar, al menos por ahora, al grupo Eskenazi. En los días de la discusión del proyecto de ley expropiatoria (hoy aprobada), el economista Alfredo Zaiat (Página/12, 28 abril 2012) explicaba la situación. Su artículo se titula Primer paso:

“La política predatoria de los recursos no ha sido patrimonio exclusivo de Repsol. El resto de las petroleras tiene igual comportamiento porque se rigen por la maximización de las ganancias, lo que implica la explotación de los pozos lo más rápido posible, con lógica financiera, que responde al modelo energético neoliberal. Por eso, tan importante como la expropiación de 51 por ciento de las acciones de YPF, es el artículo 1º de este proyecto, que declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, lo que implica que el petróleo y el gas dejan de ser considerados una commodity, de libre disponibilidad para las firmas que lo extraen, para adquirir la categoría de bien estratégico bajo intervención del Estado. Se trata de un primer paso fundamental para empezar a desarticular el modelo energético privado en crisis”.

Ahora bien, concluye el economista: El control estatal de YPF, como también el fin a la libre disponibilidad, no será suficiente si no se diseña una estrategia de desarrollo en el sector energético en función de las necesidades del país, y menos de la lógica rentista y mercantil de las petroleras y otras firmas privadas. Esto significa profundizar la intervención pública en el sector energético. La caída de reservas, la remisión de crecientes utilidades, la menor producción de petróleo y gas, y el déficit de la balanza comercial sectorial, son la causa de la crisis del modelo energético. Ya se dio el primer paso para cambiarlo.

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La ley expropiatoria enviada por el Poder Ejecutivo fue aprobada el 25 de abril en el Senado por 63 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones; y el 3 de mayo en la Cámara de Diputados por 208 votos a favor, 32 en contra y cinco abstenciones. En ambas cámaras los votos de una gran parte de la oposición se sumaron a los del gobierno.

Fernando Pino Solanas, el director de cine que encabeza a un sector de la izquierda argentina agrupado en el Proyecto Sur, votó a favor de la expropiación pero pintó su raya. Recordó que en los años 90 había tenido que enfrentar a Carlos Menem, denunciándolo ante la justicia como el jefe de una banda que estaba saqueando el patrimonio público, lo cual le costó haber recibido seis balazos en mis piernas por la privatización de YPF y Gas del Estado votada en este recinto por diputados truchos. Entonces, agregó, se cometieron todas las infamias y todos los errores. [...] YPF se vendió sin inventario actualizado, y las imágenes de mis películas muestran los equipos tirados por todas partes. Cada uno agarró un pedazo. Dicho lo cual, votó a favor de la ley expropiatoria con estos argumentos:

Creo que este momento es muy importante, porque el sentir de 70 u 80 por ciento del pueblo argentino es de satisfacción al ver que la Argentina empieza a recuperar no una fábrica cualquiera sino un surtidor que saca oro, y saca mucho. Por eso tengo mucha esperanza, pero esto si las cosas se hacen bien. [...] Queremos una YPF ciento por ciento pública, control de la auditoría, sociedad por acciones con mayoría del Estado, control de las organizaciones sociales: que se honre a los trabajadores de YPF, que tanto fueron estafados que ni les dieron el 10 por ciento de las acciones prometidas.

Legisladores de la oposición, al votar a favor de la ley expropiatoria, recordaron también que durante los años 90 del siglo pasado, cuando el gobierno peronista de Carlos Menem privatizó el petróleo y muchas empresas más, entre ellas Aerolíneas Argentinas, comprada y luego destruida por Iberia, Néstor y Cristina Kirchner aprobaron esa política.

En el cierre del debate el diputado Agustín Rossi, jefe de la bancada kirschnerista, a propósito de los tiempos recordó que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo de México en su cuarto año de gobierno y que en Argentina el presidente Hipólito Yrigoyen creó YPF en el final de su gobierno, en 1922. Del mismo modo, dijo, ahora el gobierno argentino había escogido el momento político nacional e internacional más adecuado.

El cambio actual, dicen otros, embona con el pragmatismo de la cultura política peronista. Entre otros factores, el gobierno cuenta ahora con una posición exportadora más propicia. La soya, el principal producto argentino de exportación, tiene un gravamen de 35 por ciento en las ventas al exterior. En 2010 las retenciones por ese rubro ascendieron a 8 mil millones de dólares; en 2011, a 10 mil millones; y para 2012 la estimación es similar. Tales retenciones significan la recuperación por el Estado de una parte de la fabulosa renta agraria usufructuada por los grandes exportadores.

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El momento de la expropiación fue decidido contando con que la medida tendría el apoyo de la mayoría de la oposición y, sobre todo, con la debilidad del reino de España ante su propia crisis financiera. Se llegó a saber que Repsol preparaba la venta de YPF a otros capitales. En el gobierno argentino hubo quien pensó en comprar la empresa pagando esas acciones a precio de mercado, no en expropiar. Pero también corría la posibilidad de la venta de Repsol a una empresa china. Imagínate, planeaban vender el petróleo argentino al Partido Comunista Chino, me dijo un colega. Bueno, al gobierno chino, dije yo. ¿Y cuál es la diferencia?, me respondió.

En estas condiciones el gobierno de Cristina Fernández, en lugar de comprar las acciones de Repsol en el mercado, utilizó su facultad constitucional expropiatoria. Se hizo cargo de la empresa y de sus instalaciones y la suma a pagar pasó a ser tema de discusión y acuerdo entre las partes. Para Mariano Rajoy y los capitales españoles fue una sorpresa y, a la vez, la piedra del escándalo. Para los voceros de la derecha argentina –los diarios Clarín y La Nación, entre ellos– también. Del rey de España sólo llegó a saberse que en esos días andaba en África matando inocentes elefantes.

El gobierno de Estados Unidos no mostró gran alarma: se iba una empresa petrolera europea de una porción de territorio americano, coto privilegiado de sus propias inversiones. El desfiguro lo hizo Felipe Calderón al calificar de lamentable e irracional la decisión expropiatoria. En el país del sur los pocos que se enteraron no se inquietaron: como presidente mexicano más bien recuerdan al general Lázaro Cárdenas.

El domingo 29 de abril se publicó en Página/12 una resolución de investigadores de la Central de Trabajadores Argentinos y del Área de Economía y Tecnología de Flacso-Argentina sobre la expropiación. En sus párrafos inicial y final dice así:

“La decisión del gobierno de retomar el control de YPF es el paso más relevante –en tanto condiciona directamente la producción industrial– en el camino iniciado en 2003 con la renegociación y quita de la deuda externa, el pago y posterior independencia de las exigencias del FMI, la recuperación del control estatal de los fondos jubilatorios, la ampliación de las asignaciones familiares, la estatización de la línea aérea de bandera, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y demás acciones tendientes a recuperar la soberanía del Estado en la toma de decisiones, para garantizar el bien común en un Estado constitucional de derecho”. [...]

En síntesis, la expropiación de las acciones de Repsol reafirma la prioridad de las necesidades e intereses nacionales sobre la lógica de maximización del beneficio a nivel mundial del capital trasnacional. Es un paso importante hacia la reversión de la concepción neoliberal que pone a los estados al servicio de la expansión de ese capital trasnacional y de sus aliados internos.

Estaba yo en Buenos Aires en las semanas de la expropiación. Me tomó por sorpresa como a tantos otros. Pude ver y conversar sobre el sentimiento de satisfacción, de contento nacional por una ley reparadora de tanto estrago, pese a que los tiempos más duros, si bien han cedido, para el pueblo argentino están lejos de haberse ido.