Por David Ernesto Pérez
SAN SALVADOR – La persistencia de la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la Guerra Civil (1980-1912), la vigencia de la Ley de Amnistía; ejecuciones extrajudiciales y un sistema de justicia corrupto en la actualidad son algunos de los señalamientos que hacen organismos internacionales a El Salvador.
El más reciente informe de Amnistía Internacional (AI) pone en entredicho la defensa de los derechos humanos en el país debido a la impunidad que reina en asesinatos que son considerados por algunos juristas de lesa humanidad, tales como los homicidios de seis sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana (UCA) o de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Existen otros sonados casos del pasado que seguramente pronto cobrarán cada vez mayor relevancia, como la denegación de justicia ante el asesinato del poeta Roque Dalton –por la ex dirección del grupo ex guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)-, así como el crimen del rector de la Universidad de El Salvador, Félix Ulloa, por ejemplo, cuyos familiares han denunciado al Estado salvadoreños ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a finales del pasado año.
En el caso de los jesuitas, recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegó el pedido de extradición sobre los supuestos autores intelectuales del hecho, que fueron requeridos por la Audiencia Nacional de España en una querella abierta por el Centro por la Justicia y la Responsabilidad (CJA).
En lo que respecta al magnicidio de Romero, el único condenado fue el ex capitán Álvaro Rafael Saravia, lugarteniente del fundador de ARENA, Roberto d´Aubuisson Arrieta, por lo que fue sentenciado a pagar un millón de dólares en concepto de responsabilidad civil en un proceso judicial en Estados Unidos. Sin embargo, los familiares de la víctima no recibieron el dinero.
Asimismo, Amnistía señaló la falta de cooperación de las fuerzas gubernamentales en la apertura de sus archivos para indagar sobre crímenes que lesionan la justicia en el país. En este punto, es muy conocida la negativa de la Fuerza Armada (FAES) de abrir sus expedientes para las organizaciones locales que se encargan de localizar niños desaparecidos durante el conflicto armado.
La organización centra sus comentarios en la vigencia de la Ley de Amnistía, firmada después de los Acuerdos de Paz y que impide la judicialización de “graves violaciones” a los derechos humanos, en una guerra que dejó más de 70 mil víctimas, entre asesinados y desaparecidos.
Por la normativa, muchas matanzas no han sido presentadas en los tribunales de justicia, tales como la Masacre del Sumpul, el Mozote, El Junquillo, entre otras.
Lo anterior ha significado, para los defensores de derechos humanos en el país, “una bofetada” para las víctimas y los familiares que sufrieron abusos de las fuerzas gubernamentales durante el conflicto, escudados en la premisa de “acabar con los subversivos”.
En reiteradas ocasiones se han interpuesto denuncias en la Fiscalía General por asesinatos masivos en los años 80´s, sin embargo hasta el momento ninguno ha prosperado.
El Informe del Departamento de Estado
Paralelo al cuestionamiento de AI, el Departamento de Estado criticó las ineficacias y la corrupción en el sistema de justicia del país, a la vez que retoma supuestas ejecuciones extrajudiciales denunciadas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
El informe reitera los ajusticiamientos cometidos por el Batallón Atlacatl durante la guerra civil, y el incumplimiento de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en lo referente a reparaciones a las víctimas de asesinatos masivos y desapariciones forzadas de menores infantes.
Por causa de la amnistía general de 1993, promulgada por el ex presidente Alfredo Cristiani, los graves violadores a los derechos humanos durante la guerra civil no han sido investigados ni procesados ni sancionados, pese a que tanto militares y guerrilleros cometieron crímenes de lesa humanidad considerados no amnistiables e imprescriptibles por el la justicia universal.
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