Por Juan José Dalton
SAN SALVADOR - Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), es un experto en los procesos judiciales que están vigentes por la causa del asesinato múltiple de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989, y asegura que "el caso no está cerrado".
Es su respuesta categórica ante las noticias que han circulado internacionalmente acerca de la Audiencia Nacional Española archivaría el caso que se ventila en Madrid, una ver El Salvador notifique oficialmente que no extraditará a 13 oficiales salvadoreños involucrados en la llamada Masacre Jesuita.
Fuentes jurídicas informaron el jueves en Madrid de que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, procederá a archivar el caso que ha procesado desde 2009, una vez tenga la notificación oficial de las autoridades de El Salvador sobre la no extradición del grupo de militares.
Cuéllar aclaró que se debe esperar también si Estados Unidos extradita a España al ex coronel Inocente Montano, otrora viceministro de la defensa de El Salvador, quien está procesado en Boston, Massachusetts, por fraude migratorio, pero también es reclamado por el juez Eloy Velasco.
"Si Montano es enviado a Madrid, el juicio inicia..., aunque los demás estén ausentes. Pero en el juicio se establecería la verdad judicial y la condena para Montano y todos los demás (en ausencia)", explicó el abogado salvadoreño.
La Masacre Jesuita se produjo el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA), de El Salvador. Fueron asesinados por soldados del Batallón Atlacatl, los siguientes sacerdotes: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Armando López y Juan Ramón Moreno, todos de nacionalidad española.
El sacerdote jesuita salvadoreño, Joaquín López; y así como la colaboradora de ellos Elba Ramos y su hija, Celina, también fueron masacrados. Ellacuría era el rector de la UCA; Martín-Baró el vicerrector y Montes era el director y fundador del IDHUCA.
El abogado Cuéllar también aclaró que "la alerta roja que contiene la orden de captura internacional para los 13 militares que reclama el juez Velasco no se desmonta. Sigue la orden de captura y sólo en El Salvador no tiene vigencia por la impunidad existente".
Y agregó: "Esto quiere decir, que El Salvador se convierte en cárcel para estos militares que están acusados del crimen de lesa humanidad y terrorismo".
Los jesuitas fueron asesinados en medio de una ofensiva insurgente contra San Salvador. El alto mando militar los acusaba de ser los ideólogos del insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador decidió esta semana que no habrá extradición.
España reclamaba la entrega del entonces ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios, del ex comandante de la Fuerza Aérea salvadoreña Juan Rafael Bustillo y de los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.
También reclamaba a los coroneles Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán y Óscar Alberto León Linares, así como de los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra, el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos y del cabo Óscar Mariano Guzmán.
Finalmente Cuéllar recordó que "el proceso en España es contra estos individuos, pero la UCA tiene demandado al Estados de El Salvador por falta de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Quiere decir que si este organismo resuelve a favor de la UCA, el caso tendría que reabrirse como es debido en El Salvador".
La guerra civil salvadoreña se prolongó desde 1980 a 1989. Fueron asesinados 75.000 personas y otras 8.000 fueron desaparecidas. No hay ni un solo militar o guerrillero juzgado localmente por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, por la existencia de una amnistía general promulgada en 1993 por el presidente de entonces Alfredo Cristiani.
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