La Habana, 24 may (PL) El caso de cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos reveló el verdadero rostro de la justicia norteamericana, cuyos métodos, basados en el chantaje y la tortura psicológica, son incompatibles con los derechos humanos más elementales, denunciaron aquí.
En septiembre de 1998 fueron encarcelados en esa nación Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González, Gerardo Hernández y René González, quienes habían infiltrado grupos terroristas del sur de la Florida para alertar de sus planes violentos contra la isla.
Desde el inicio de su encierro, comenzó un largo proceso minado de prácticas consideradas por organismos defensores de derechos humanos como torturas psicológicas, explicó el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón.
Entes internacionales como la Comisión de Detenciones Arbitrarias de la ONU, también reconocieron irregularidades en el caso legal y recomendaron el indulto.
Pero las anomalías no han cesado desde el momento del encarcelamiento: el 29 de septiembre de 1998 los Cinco, como se les conoce internacionalmente, fueron trasladados a la llamada Special House Unit (Unidad de Albergamiento Especial) más conocida como el hueco.
Según relataron posteriormente, las celdas poseían piso de cemento mal acabado, con unos 15 pies de largo por siete de ancho, cama-litera metálica de dos plazas, plancha metálica, colcha y un pequeño baño interior con ducha metálica, donde abundan el moho y la humedad.
Tal reclusión contravenía al propio reglamento de la prisión, según el cual el tiempo máximo para mantener a un detenido en estas condiciones es de 60 días, y solo cuando es culpable de delitos más graves como el de asesinato.
Disímiles arbitrariedades se cometieron también en el proceso judicial, en el que muchas veces la defensa no pudo presentar pruebas.
En enero de 2002, por ejemplo, los Cinco fueron trasladados en un mismo avión hacia Atlanta, Georgia. Al salir de Miami desayunaron a las 09:00 hora local, y no comieron nuevamente hasta las 23:00.
Tras el cuestionado juicio, a los tres condenados a cadena perpetua, Gerardo, Ramón y Antonio, les colocaron un aditamento llamado Caja negra, dispositivo para reforzar el cierre de las esposas, que además de incómoda suele producir cortaduras en la piel.
Luego, todos fueron separados y ubicados en distintas prisiones de alta seguridad donde las condiciones son extremas.
Al entrevistarse en marzo último en Ginebra con Juan Méndez, Relator Especial de la ONU contra la Tortura y otros Tratos Crueles, la esposa de Gerardo, Adriana Pérez, denunció el empleo por parte de las autoridades federales de los procedimientos de confinamiento en solitario, que en una ocasión se extendió por 17 meses.
A esta difícil situación se suma, expresó Pérez, la obstaculización y demora en la entrega de visas a los familiares, muchos de los cuales no han podido visitarlos ni una sola vez.
Este hecho constituye una violación del derecho de cualquier persona privada de libertad de recibir visitas de sus allegados, y también es un caso de tortura psicológica, prohibida en las Convenciones Internacionales, alegó Pérez, quien no ha podido reunirse con su esposo en 14 años.
Tampoco Olga Salanueva, esposa de René González, ha podido viajar a Estados Unidos para verlo por la negativa de visas por parte de Washington.
Gerardo, Ramón y Antonio fueron condenados a penas excesivas, entre ellas una de doble cadena perpetua más 15 años de prisión para el primero de los mencionados.
En cambio René ya cumplió su sentencia, pero fue sometido a un régimen de libertad supervisada que lo obliga a permanecer en territorio norteamericano con grandes riesgos para su vida, denunció Alarcón.
De acuerdo con datos de la isla, más de tres mil 400 cubanos han sido víctimas de actos organizados y financiados en territorio estadounidense, donde operan organizaciones anticubanas bajo total impunidad.
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