La jueza, de la Sala de lo Civil, dijo al diario Co Latino que la decisión está prácticamente tomada y solo se afinan las palabras necesarias del fundamento del fallo.
La Corte, por mayoría, rechazó en agosto pasado una orden de arresto girada por la policía internacional (INTERPOL) contra esos militares, una decisión que Perla rechazó.
Toda la gente tiene derecho a que se le reconozcan sus derechos, las víctimas también, pero esa no es la opinión de la mayoría de la Corte, por eso deniegan la extradición, manifestó.
Otro de los magistrados, Florentín Meléndez, afirmó en marzo pasado que al menos 10 de los 15 integrantes de la Corte ya han decidido el rechazo al pedido español. Esto es la crónica de una decisión anunciada: la negatoria de la extradición, expresó.
Meléndez opinó que la solicitud del gobierno español procede, pues se trata de un crimen de lesa humanidad.
España entregó el pedido a El Salvador el pasado 12 de enero.
La masacre ocurrió el 16 de noviembre de 1989, cuando comandos del ejército entraron a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) con la orden de matar a los sacerdotes y no dejar testigos, estableció una Comisión de la Verdad de Naciones Unidas en 1993.
Los asesinados fueron los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA; Ignacio Martín Baro, quien era el vicerrector; Segundo Montes, Amado López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López.
La acción de las tropas del ejército le costó la vida también a la empleada doméstica de los religiosos y a su hija menor de edad, Elba Ramos y Celina, respectivamente.
España pidió la extradición de los generales Rafael Humberto Larios, entonces ministro de Defensa, y Juan Rafael Bustillo, ex comandante de la Fuerza Aérea.
Otros reclamados son los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo; los coroneles Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán y �"scar Alberto León Linares.
Además, los tenientes José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos y el cabo �"scar Mariano Guzmán.
De los acusados se encuentran en Estados Unidos Inocente Orlando Montano Morales, entonces coronel del ejército y viceministro de Seguridad Pública, y el teniente Héctor Ulises Cuenca Ocampo, quien estaba destacado en la Dirección Nacional de Inteligencia.
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