Brasilia, 12 may (PL) El nombramiento de los integrantes de la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en el país entre 1946 y 1988 destacó en el acontecer noticioso brasileño la semana que concluye hoy.
Aunque sin la posibilidad de llevar a los autores a la justicia, los miembros de la Comisión de la Verdad tendrán dos años para elaborar su informe a partir de declaraciones y la recopilación y análisis de documentos sobre esos crímenes en el período mencionado, que incluye la dictadura militar (1964-1985).
Pese a no tener un fin punitivo, en el texto estarán registrados los nombres de los criminales y sus actos.
La imposibilidad de enjuiciar a los criminales está dada por la vigencia de la Ley de Amnistía, aprobada en 1979, todavía bajo el régimen militar, y que impide el procesamiento judicial de los autores de torturas, asesinatos, desapariciones y otros delitos cometidos en esos 21 años.
Después de sancionar la ley que crea la Comisión de la Verdad en noviembre de 2011, este jueves la presidenta Dilma Rousseff -uno de los miles de brasileños encarcelados por la dictadura- designó a los siete integrantes de ese grupo.
Los escogidos son el exministro de Justicia José Carlos Dias, el magistrado del Superior Tribunal de Justicia Gilson Dipp, la abogada Rosa María Cardoso, el exprocurador general Claudio Fonteles, el diplomático Paulo Sergio Pinheiro, la psicoanalista María Rita Kehl y el jurista José Cavalcante Filho.
En una primera reacción, Dipp aseveró que la Comisión de la Verdad rescatará el pasado brasileño y promoverá la paz familiar, sin ser un instrumento de revanchismo.
El grupo, prosiguió, es un compromiso de Brasil con su historia, con su pasado, con el esclarecimiento de la verdad.
Esa etapa incluye de manera relevante el régimen militar que durante 21 años impuso un verdadero estado de terror en el gigante suramericano con miles de arrestados, torturados, desaparecidos y asesinados, en alianza con otras dictaduras similares de la región y todas bajo la égida del estadounidense Plan Cóndor.
"Ningún estado se consolida democráticamente si su pasado no es revisado de forma adecuada", subrayó Dipp, e insistió que la tarea del rupo no es jurídica ni revanchista, sino "revelar la memoria, la verdad, la paz familiar para aquellos que se sienten vulnerados en sus derechos humanos".
La designación de los miembros de la Comisión de la Verdad, su toma de posesión prevista para el miércoles venidero y el comienzo de inmediato a trabajar arrancó elogios nacionales y extranjeros, así como el ya conocido rechazo de los represores de la dictadura brasileña.
Entidades de la sociedad civil local vinculadas con la denuncia de las violaciones durante el régimen militar y organismos internacionales saludaron la decisión oficial de iniciar las investigaciones, pues -coincidieron- las víctimas y sus familiares tienen el derecho imprescriptible de conocer las circunstancias que envolvieron esos crímenes.
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