“Vamos a derogar esta ley y vamos a dedicarnos a seguir trabajando; la voz de ustedes ha sido escuchada” , dijo el mandatario al llegar de manera inesperada a una reunión para reanudar el diálogo entre indígenas y gobierno, con la presencia de representantes de la Iglesia Católica, como garante.
El encuentro fue realizado en la localidad de San Félix, a unos 420 kilómetros al occidente de la capital y uno de los focos de protesta en la provincia de Chiriquí.
“No podemos empantanarnos en un debate estéril donde los panameños no quieren la minería, independientemente de si la ley fuera mala o buena el panameño no entiende lo que es la minería y por eso nosotros de manera muy responsable vamos a derogar la Ley ocho” , señaló el gobernante.
La reforma fue aprobada a mediados de febrero en medio del rechazo de sectores ambientalistas e indígenas de la etnia Ngobe Bugle, que recrudecieron las protestas la semana pasada con bloqueos en varios tramos de la carretera Panamericana que conecta con Costa Rica.
Un diálogo entre el gobierno y los grupos étnicos que exigen una nueva ley que asegure que no se promoverá la minería en los territorios indígenas fue retomado el jueves, cuando Martinelli se trasladó en helicóptero en la localidad de San Félix.
El gobernante dijo que más tarde realizará un consejo de gabinete extraordinario para aprobar la derogación de la ley que reforma el Código de Recursos Minerales.
Las protestas derivaron en enfrentamientos entre policías e indígenas y dejaron el fin de semana una veintena de heridos, entre ellos cuatro agentes policiales, y por lo menos cinco personas detenidas.
La etnia Ngobe Bugle, de unos 260.000 miembros, rechaza la minería a cielo abierto por temor a los daños que provoca al medio ambiente conlleva el desarrollo de la minería a cielo abierto.
Expertos sostienen que en la Comarca Ngobe Bugle existen enormes yacimientos de cobre y de oro que de ser explotados colocarían a Panamá entre los diez primero países exportadores de cobre a nivel mundial.
Opositores políticos, ambientalistas y organizaciones de derechos humanos dijeron que la ley lesionaba la soberanía panameña al dejar abierta la posibilidad de que estados extranjeros pudieran financiar empresas mineras para invertir en Panamá.
El gobierno dio que con la reforma buscaba reglamentar una industria que se regía por una vieja norma de 1964, facilitar el acceso de recursos financieros a los inversionistas potenciales y llevar progreso a las zonas empobrecidas donde se impulse la actividad.
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