El secuestro en Vichada pone al descubierto el cruce de intereses en una región estratégica para los grupos ilegales.
Análisis de la situación por Ariel Ávila*.
Tras el secuestro de los 23 empleados de la empresa Talisman y la reacción de las autoridades que han anunciado el rescate de casi todos se abre la pregunta: ¿qué es lo que está pasando en Cumaribo?
Desde el año 2008 algunos sectores de los Llanos Orientales viven una tragedia humanitaria por cuenta del llamado boom petrolero. Allí, después de la ‘Ronda Colombia’, mecanismo por el cual la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) entregó por medio de una subasta bloques para la exploración y la explotación petrolera, los índices de violencia, desplazamientos, concentración ilegal de tierras se han incrementado, al igual que la presencia de grupos armados ilegales. Lo que aconteció en la tarde del lunes con los contratistas de la empresa Talisman es un hecho más de una larga lista de eventos presentados alrededor del boom petrolero.
En los Llanos orientales la especulación sobre la propiedad de la tierra y las condiciones de la explotación petrolera se ha incrementado. La propia ANH reconoció en su informe que la gran mayoría de bloques entregados se encuentra sobre los Llanos orientales.
“Llama la atención que de los contratos de exploración suscritos por la ANH durante el 2008, cerca del 58 por ciento se realizaron en la cuenca de los llanos, y de los contratos de evaluación técnica, el 50 por ciento corresponde a la misma cuenca, escenario similar al del 2007, cuando las participaciones fueron del 43 por ciento en contratos de exploración y 30 por ciento de evaluación técnica. Quizás esta es una reacción de los inversionistas frente al riesgo, pues la historia señala que son numerosos los pozos productores que se encuentran cerrados y probaron producciones que pueden variar entre 350 y 1,500 BPD; en consecuencia, prefieren centrar sus esfuerzos en prospectos de bajo riesgo y alta rentabilidad”.
En términos esenciales, una vez estos bloques son entregados a diferentes empresas nacionales o extranjeras, los indicadores de violencia se incrementan, pues los actores armados ilegales intentan jugar como intermediarios entre la población de la zona y estas empresas. Lo ocurrido en Vichada es una prueba de dicho proceso de crecimiento económico basado en la violencia.
En esta zona la fuerza pública luego de la muerte del ‘Negro Acacio’ en el 2007, había dado por liquidado el frente 16 de las FARC, pues la muerte del jefe guerrillero trajo la desmovilización de algo más de tres decenas de guerrilleros de este frente; sin embargo, meses después, esta estructura guerrillera se reorganizó y comenzó nuevamente a operar en todo el sur del departamento al mando de alias ‘Guillermo’. Hoy día este frente contaría con algo más de 250 combatientes.
Dicha recuperación del frente 16 coincidió con el fuerte ingreso del ERPAC o Ejército Popular Revolucionario Anticomunista de Colombia (banda criminal), al mando en ese entonces de alias ‘Cuchillo’, que buscaba controlar toda la zona y con ello los recursos del narcotráfico y aquellos derivados del boom petrolero. Inicialmente las FARC, así como en el Guaviare, manifestaron su oposición a la llegada de estas compañías petroleras, pero ya para el 2009 estas transitaban sin problema en estos departamentos, es decir, al parecer estaban pagando algún tipo de ‘vacuna’.
Por su parte, algunos de los subcontratistas locales de estas compañías al parecer mantenían relaciones estables con el ERPAC, pues pagan igualmente una cuota de seguridad. Este grupo contaría en la zona con no menos de 300 integrantes.
Lo complicado del asunto, además del pago de dineros a grupos armados ilegales, es que el ERPAC ha iniciado una política de desplazamientos masivos que buscan la pérdida de la posesión de las tierras de varias familias campesinas de Cumaribo (Vichada), para luego ser entregadas a diferentes testaferros que sirven de intermediarios con los subcontratistas petroleros.
Es de aclarar que en esta zona del país no hay una propiedad jurídica de la tierra, ya que gran parte del departamento es reserva forestal y por ende lo que se encuentra es posesión material de la misma, así que el despojo, el abandono, la usurpación de predios son fenómenos de difícil rastreo.
Adicionalmente, desde hace dos años la zona vive una intervención de la fuerza pública en la lucha contra el narcotráfico. A las fumigaciones masivas se han sumado las erradicaciones manuales que han dejado a su paso en una crisis alimentaria a varios caseríos de este departamento. La población de la zona ha percibido que estas acciones de erradicación más que buscar el fin de los cultivos de uso ilícito, intentan causar un desplazamiento masivo para dejar el camino libre a las intervenciones petroleras.
Los Llanos orientales sufren la ‘locomotora’ de la minería y el petróleo como una tragedia humanitaria: despojo de tierras, desplazamientos y asesinatos selectivos son el común denominador, mientras la Política de Seguridad Democrática parece no dar los resultados tan anunciados durante los ocho años de la era Uribe, debido a que los grados de corrupción son bastante altos, además de que los grupos armados ilegales en la zona son verdaderos proto-Estado, pues se mueven en la zona sin mayor dificultad y con una importante capacidad bélica.
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