En un documento fechado el pasado 10 de marzo, la ONU recomienda también al Gobierno español que estudie la revisión de la circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.
Esta circular regula el tratamiento policial que reciben los ciudadanos extranjeros indocumentados. Una normativa del Ministerio del Interior que asociaciones de apoyo a los inmigrantes y refugiados creen que estimula la “xenofobia y el racismo” y “vulnera” la Constitución, pero que el Gobierno español considera que “refuerza las garantías” de los ciudadanos extranjeros en situación irregular.
Naciones Unidas también aconseja a España que revise la vigente Ley de Extranjería porque, a su juicio, es “discriminatoria” para las mujeres ’sin papeles’ que son víctimas de la violencia machista.
La situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) preocupa especial a la ONU que ha recomendado la elaboración de un reglamento que unifique su funcionamiento interno y garantice las condiciones de vida, la asistencia legal y la atención médica de los internos, así como el acceso de las organizaciones no gubernamentales.
Especialmente duras son las críticas al sistema educativo español por la existencia, según sus informaciones, de “escuelas gueto” en las que se concentran niños y niñas inmigrantes y gitanos, contraviniendo la Ley Orgánica de Educación de 2006 que prevé una adecuada y equilibrada distribución de los estudiantes.
“El Comité recomienda al Estado que revise los criterios y métodos del proceso de admisión a las escuelas públicas y privadas y tome medidas para garantizar una efectiva distribución equilibrada de los alumnos en los centros escolares”, advierte.
En este sentido, la ONU ha solicitado a España que le remita de forma periódica las estadísticas sobre el número de niños y niñas inmigrantes y gitanos que estudian en las escuelas españolas.
Por último, Naciones Unidas ha advertido de que el escaso número de denuncias por discriminación racial que se registran en España no debe entenderse como algo positivo, ya que también puede ser un indicador del “temor” de las víctimas a “represalias” o de la “falta de confianza” en la Policía y en la Administración de Justicia.
EFE
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