Según la versión electrónica del diario El Tiempo, actualmente la Fiscalía adelanta una investigación a fin de esclarecer si el controvertido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta) hizo seguimientos ilegales a la representación del organismo multilateral en el país.
El rotativo sostiene que el ente acusador tiene en su poder fotos, correos electrónicos y órdenes de trabajo tomadas por agentes secretos a funcionarios de Naciones Unidas.
Incluso fuentes cercanas a la investigación señalaron que en el proceso reposan hasta fotografías del excomisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michael Frauling, acorde con la publicación.
A su vez, como parte de las operaciones del DAS contra organismos defensores de derechos humanos hay evidencias del "caso Naciones Unidas", que habría incluido seguimientos a funcionarios en eventos del organismo.
La referida investigación forma parte de los pasos que adelanta la Fiscalía en torno al escándalo por espionaje ilegal a magistrados, periodistas, políticos, activistas de derechos humanos y entidades públicas por parte de la policía secreta durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Por otra parte, recientemente Naciones Unidas exhortó al Gobierno colombiano a hacer reformas urgentes en su servicio de inteligencia, al considerar que "existe un peligro" derivado del "vacío de control democrático".
Durante la presentación de un habitual informe anual sobre Colombia, el representante del Alto Comisionado de dicho organismo internacional para los Derechos Humanos, Christian Salazar, aseguró que Bogotá debe "establecer mecanismos de control sobre el servicio de inteligencia".
Declaraciones que tuvieron lugar tras denuncias sobre la continuidad de interceptaciones ilegales de correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos, amenazas, robos de información, alteración de páginas Web e ingresos ilegales a oficinas y domicilios de distintas organizaciones de la sociedad civil.
Lo cierto es que a lo largo del pasado año se despejó la trama de un complot bien orquestado y que involucró a no pocos funcionarios del gobierno de Uribe, a quien se le abrió una investigación en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Con ello se pretende establecer si el exmandatario es culpable por acción u omisión de espionaje ilegal, pues una operación de vigilancia de tal magnitud es, según los perjudicados, prácticamente imposible sin la anuencia del jefe de Estado.
Hasta el momento las pesquisas, evidencias, testimonios y confesiones demuestran que el DAS tenía entre sus principales objetivos -por medio de interceptaciones y seguimientos ilegales- desacreditar, desprestigiar y atacar a ciudadanos e instituciones de relevancia nacional.
Si bien desde 2009, cuando se desató el considerado peor escándalo en la historia institucional del país, ya se mencionaba la activa participación de altos funcionarios ligados a la administración de Uribe en los hechos, durante el pasado año se comprobó por primera vez esa presunción.
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