Algunos lo consideran un héroe, pero otros lo acusan de violaciones de los derechos humanos y torturas. Es Julián Leyzaola, el nuevo jefe de la policía de Ciudad Juárez, que tiene la misión de pacificar al sitio más violento de México.
Militar retirado con el grado de teniente coronel, Leyzaola es un personaje polémico. El gobierno mexicano reconoce que cuando fue secretario de Seguridad Pública en Tijuana, Baja California, se logró reducir la inseguridad en la ciudad.
Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos han solicitado que se lo someta a juicio por presuntamente torturar a detenidos.
Por eso algunos, como la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Ledezma, creen que su nombramiento podría empeorar el ambiente social en Ciudad Juárez.
“Es lo que menos necesitamos. Está tan fracturada la población que crear otro problema nunca nos permitirá salir del hoyo”, le dijo Ledezma a BBC Mundo.
BBC Mundo solicitó una entrevista con Leyzaola para conocer la estrategia que aplicará en su nuevo cargo, pero no obtuvo respuesta.
Ciudad modelo
En 2008, Tijuana sufrió una ola de violencia por la fractura del cartel que opera en la zona, encabezado por la familia Arellano Félix. Más de 600 personas murieron en enfrentamientos entre bandas rivales.
La alcaldía designó a Leyzaola como jefe de la policía, quien despidió a decenas de agentes acusados de colaborar con traficantes de drogas.
Al mismo tiempo, las autoridades federales y del estado aplicaron una estrategia especial de seguridad, que en pocos años permitió reducir el número de secuestros, homicidios violentos, robos y extorsiones.
En octubre del año pasado, el presidente de México, Felipe Calderón, puso a Tijuana como ejemplo para el resto del país.
“Cuando los tres órdenes de gobierno nos ponemos de acuerdo y en lugar de estarnos recriminando nos ponemos a trabajar juntos, es posible cambiar no sólo la imagen sino también la realidad”, dijo el mandatario.
Parte del trabajo le correspondió a Leyzaola, quien combatió tanto la corrupción en la policía como la venta de droga en las calles, los robos y los homicidios.
Claroscuros
La estrategia, sin embargo, no fue ajena a los incidentes.
Familiares de policías que murieron en operaciones denunciaron que no recibieron apoyo de los superiores y algunos detenidos afirmaron haber sido torturados para inculparse de delitos.
El caso más grave ocurrió en agosto de 2009, cuando cinco jóvenes fueron arrestados en distintas partes de la ciudad y sufrieron insultos, golpes y otros abusos en las celdas de la prisión municipal.
El mismo Leyzaola fue señalado de participar en las torturas. Por este caso, la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California emitió una recomendación al alcalde de Tijuana, en la que solicitó una investigación penal contra el director de la policía.
La queja no fue aceptada. El caso llegó entonces a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que apoyó la resolución de la Procuraduría, pero tampoco hubo respuesta.
El procurador Heriberto García aseguró que no fue el único caso, pues durante el tiempo que Leyzaola encabezó la secretaría de Seguridad Pública local aumentaron sensiblemente las quejas por abusos policíacos.
“Todos en la sociedad queremos más seguridad, pero es inadmisible que se quiera resolver el problema de la violencia vulnerando los derechos humanos”, le dijo García a BBC Mundo.
“Pregúnteles a las víctimas”
A pesar de su polémica trayectoria, algunos en Ciudad Juárez ven con esperanza el nombramiento de Leyzaola.
Daniel Murguía, presidente de la Cámara de Comercio local –uno de los sectores más afectados por las extorsiones-, asegura que es urgente la ayuda de todos quienes tengan éxito contra la delincuencia.
Como ocurrió en Tijuana, en Ciudad Juárez dos carteles de droga se disputan el control de una ruta de narcotráfico, lo cual les ha causado la muerte a más de 6.000 personas en los últimos cuatro años.
“Los empresarios de Tijuana nos han dicho que tuvieron una experiencia muy positiva allá”, le comentó Murguía a la BBC.
¿Y las denuncias sobre tortura?
“Esa pregunta debe hacerla a las personas que han sido víctimas del crimen organizado, que inocentemente han perdido a sus seres queridos”, afirmó.
“Los de derechos humanos tienen su postura, a mí me gustaría que esa gente ojalá no tuviera una desgracia”, desafió.
Alberto Nájar / BBC Mundo
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