“La Presidencia de la República no tiene que estar encubriendo” , en su condición de “Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada; no tendría porqué estar autorizando lo que está pasando en el país” , dijo la portavoz del Instituto de Estudios de la Mujer (Cemujer) , Ima Guirola, en alusión a que los nueve militares están refugiados desde el pasado día 7 en una unidad castrense de San Salvador.
“Eso da pie a que cualquier persona que tenga sobre sí una orden de captura internacional entonces se podría encubrir en cualquier institución del Estado, y eso no es posible, porque eso se llama encubrimiento” , agregó Guirola, quien participó en la protesta en las afueras de la CSJ, en San Salvador.
El acto fue denominado “sentada” , porque los activistas permanecieron sentados frente a la CSJ con mantas y pancartas en las que demandaban castigo para los militares.
Los nueve militares se refugiaron en la instalación castrense salvadoreña tras conocer que la Policía se disponía a ejecutar una orden de captura internacional cursada por la Policía Internacional (Interpol) .
Esa orden internacional de captura fue librada el pasado 30 de mayo por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, que procesa a los 20 militares salvadoreños por delitos de asesinatos terroristas y de lesa humanidad o contra el derecho de gentes, por su presunta participación en el asesinato de los jesuitas en 1989.
El director de la Fundación de Estudios para Aplicación del Derecho (Fespad), Abraham brego, indicó a Acan-Efe que “no ve una actitud transparente” en todo este proceso que defina “qué es lo que está en el fondo, si realmente (las autoridades) quieren colaborar o no” con la captura de los militares.
Además, cuestionó que las autoridades “no han aclarado el tema del resguardo” de los procesados en la unidad militar.
“Esa figura no existe en el Derecho” , añadió, al tiempo que expresó que no entiende “por qué se ha complicado el asunto” , debido a que “los cuerpos policiales lo único que tienen que hacer es capturarlos, ponerlos bajo detención y obviamente después dar conocimiento a la CSJ” para que ésta decida su situación jurídica.
El caso de los nueve militares se encuentra en manos de la CSJ salvadoreña, que no ha definido bajo qué condición jurídica se encuentran en la brigada castrense, y que deberá decidir si procede o no un eventual pedido de extradición por parte de España.
La Cancillería salvadoreña ha señalado que, de momento, no ha se recibido ningún pedido español de extradición de los nueve militares.
Los activistas instaron a la CSJ a “no entorpecer” el proceso a tomar una decisión pronto y a que la Policía capture a los militares.
La masacre por la que están siendo procesados los militares en la Audiencia Nacional de España ocurrió el 16 noviembre de 1989, cuando miembros del Batallón Atlacatl irrumpieron en la Universidad Centroamericana (UCA) y mataron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró.
Además mataron a los sacerdotes españoles Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López, así como a la trabajadora de la UCA Elba Julia Ramos y a su hija Celina, de 16 años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario