El Estor, Guatemala. Integrantes de la comunidad maya
Q’eqchi’. En 2007, guardias de seguridad privados, soldados y policías
quemaron 100 casas , dispararon y golpearon a miembros de la comunidad y
violaron a 11 mujeres, como parte de un desalojo ilegal y forzado en
nombre de las compañías canadienses de Hudbay Minerals
-Grahame Russell, Director de Rights Action, abogado y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica
Una compañía minera canadiense llegó a un acuerdo con activistas que
habían sido heridos de bala en 2013 frente a una mina de la compañía en
Guatemala, reconociendo que sus derechos humanos habían sido violados,
anunciaron esta semana la compañía y los demandantes.
Una
vista general de la mina San Rafael, una subsidiaria de la compañía
canadiense Tahoe Resources, en el municipio de San Rafael Las Flores,
105 km al sureste de la ciudad de Guatemala, 12 de enero de 2013.
Foto: Getty Images / Str
Esta es la primera vez que demandantes extranjeros obtienen una
indemnización, víctimas de violación de derechos humanos por parte de
una empresa minera canadiense, dice un comunicado de la firma de
abogados canadiense Camp Fiorante Matthews Mogerman.
Este «acuerdo histórico», cuyos términos son confidenciales, se
celebró con la Pan American Silver Corp., que adquirió el grupo Tahoe
Resources en febrero. Tahoe Resources está involucrado en una batalla
legal en Canadá desde 2014 por eventos que ocurrieron el año anterior en
la mina Escobal en el sureste de Guatemala.
Según el abogado Grahame Russell, después de cinco años de batalla
legal en los tribunales de Columbia Británica, la decisión de Tahoe
Resources de ofrecer un acuerdo justo a las víctimas guatemaltecas de la
violencia y represión minera de Tahoe Resources en 2013, tiene una
relevancia crucial.
“Es un pequeño paso de
gran importancia para avanzar en el trabajo en curso y luchar en Canadá
para finalmente comenzar a responsabilizar legalmente a las empresas
canadienses en los tribunales canadienses por crímenes, daños y
violaciones que las empresas canadienses causan o sean responsables en
otros países”.
Russell recuerda que en 2013, un tribunal canadiense dictaminó por
primera vez en la historia legal canadiense (en los juicios históricos
de Hudbay Minerals, inicialmente presentados en 2010) “que las empresas
canadienses pueden ser responsables en los tribunales canadienses si se
les considera responsables de crímenes, daños y / o violaciones en otros
países”.
El juicio contra Tahoe
Resources ha sentado un nuevo precedente, siendo el primer caso de este
tipo en obligar legalmente a una compañía canadiense a ofrecer un
acuerdo que se consideró aceptable por las víctimas-demandantes.
Mujeres
del pueblo Q’eqchi sufrieron brutales violaciones en enero 2007 durante
un desalojo ilegal ordenado por Skye Resources que se fusionó con
Hudbay Minerals en 2008.
Un camino sembrado de obstáculos para los demandantes
En una declaración separada, Pan Silver Corp reconoce ahora que los
guardias de seguridad en la mina de oro y plata, bajo el mando de
Alberto Rotondo, abrieron fuego contra los manifestantes reunidos en una
carretera fuera de la mina, en abril de 2013.
«Varias personas resultaron heridas durante los disparos», cuatro de
ellas iniciaron una demanda civil contra Tahoe Resources en la Corte
Suprema de Columbia Británica, exigiendo «justicia por la violación de
sus derechos», dice la Pan American Silver Corp.
Rechazados por este tribunal, los demandantes apelaron y ganaron en
2017. El Tribunal de Apelación de Columbia Británica dictaminó que el
caso debería ser escuchado en Canadá debido al riesgo de que no pudieran
«obtener un juicio justo contra una poderosa multinacional» en
Guatemala.
La Corte Suprema de Canadá luego se negó a escuchar una apelación final de Tahoe Resources.
«Esta es una victoria importante para nosotros y nuestra comunidad»,
dijo Luis Fernando García, uno de los demandantes citados en el
comunicado de prensa. «Esto justifica nuestro derecho a continuar
nuestra resistencia contra las operaciones mineras en nuestra comunidad.
»
La
controvertida mina propiedad de Tahoe Resources, con sede en Vancouver,
se enfrenta a la oposición en Guatemala y a un posible caso judicial en
Canadá. Aquí, una pancarta dice «Comunidades en Resistencia Pacífica
contra Escobal». (Giles Clark/MiningWatch Canadá)
¿Qué alcance tiene este acuerdo?
El 17 de septiembre de 2019, el litigio de Hudbay Minerals regresará a un tribunal de Toronto, Ontario.
Grahame Russell, abogado, director de Rights Action
.Los abogados de ambas partes discutirán sobre un tema fundamental.
Si Hudbay Minerals puede
y debe ser responsable de las acciones no solo de sus propios guardias
de seguridad privada, sino también de la policía y el ejército
guatemaltecos que participaron juntos en las brutales violaciones de 11
mujeres mayas q’eqchi ‘durante un desalojo ilegal y destrucción de la
aldea de mujeres el 17 de enero de 2007.
Este desalojo fue ordenado por Hudbay Minerals, específicamente por Skye Resources que se fusionó con Hudbay Minerals en 2008.
Los documentos corporativos entregados a los demandantes durante el
proceso han revelado que Hudbay Minerals (entonces Skye Resources)
realizó pagos en efectivo de cientos de miles de dólares al ejército y
la policía para coordinar y participar en el desalojo en cuestión.
Lo concreto es que las acciones legales contra Hudbay Minerals y
Tahoe Resources (ahora Pan American Silver) y el acuerdo de Tahoe abren
un espacio legal para responsabilizar a las empresas canadienses por
crímenes, daños y violaciones que causen o sean responsables en otros
países dice Grahame Russell.
La Pan American Silver Corp condena enérgicamente toda violencia y no
recurrirá nuevamente a ella dijo la compañía. Aunque estos eventos
ocurrieron mucho antes de la adquisición, “Pan American, en nombre de
Tahoe, reconoce que el tiroteo del 27 de abril de 2013 violó los
derechos humanos de los manifestantes. En nombre de Tahoe, Pan American
Silver Corp se disculpa con las víctimas y la comunidad.”
Grahame Russell es Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica
Rights Action es una ONG canadiense
involucrada en el desarrollo comunitario, el medio ambiente y el trabajo
de derechos humanos en toda América Central
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