Los gremios médico y
magisterial lograron retomar la calle al demandar la derogación de los
decretos de reestructuración de los sectores de Salud y Educación, que
corrían grave peligro de despidos masivos y reducción de presupuesto por
las presiones de ajuste fiscal por parte del Fondo Monetario
Internacional desde su visita de Marzo; a medidos de abril la presencia
en la calle de ambos gremios se hizo sentir con el acompañamiento de los
/as estudiantes universitarios y la ciudadanía consciente.
Tras las
protestas del 29 y 30 de abril, los decretos tuvieron que ser retirados
por sus mocionantes: el propio Presidente del Congreso Nacional
Mauricio Oliva, quien un día antes se había burlado con risas
sarcásticas de la oposición en el hemiciclo, tuvo que anunciar muy
seriamente su derrota. Según algunos analistas, la derrota fue doble
para Oliva ya que él pretendía ser el buen alumno del FMI para demostrar
sus capacidades serviles a los intereses de los organismos financieros
internacionales, condición sine qua non de los que aspiran a una
candidatura presidencial por los partidos que representan la élite.
Los gremios aglutinados en la Plataforma de Lucha en Defensa de la
Salud y la Educación Pública, no se quedaron ahí, inmediatamente
plantearon la necesidad de la derogación de los decretos de emergencia
de Presidencia y Consejo de Ministros (Decretos PCM), mediante los
cuales el ejecutivo podría operar los despedidos masivos tanto en el
área de Educación y como en la de Salud Pública; algunos de estos
decretos habían sido aprobados en el marco de la represión contra los
gremios luego de las luchas contra el golpe de estado de 2009. Las
movilizaciones fueron masivas, a nivel nacional y con amplio apoyo de
otros sectores, pero el síntoma era ya diferente, más allá de la
derogación de los decretos, la ciudadanía coreaba el famoso “¡fuera
joh”! (Fuera Juan Orlando Hernández), que más bien encarna una
demanda de carácter político y la necesidad de lograr la salida del
Partido Nacional de la administración del Gobierno.
En los
primeros días de junio el régimen cedía nuevamente ante las presiones de
la calle y derogaba los decretos de emergencia; inmediatamente aprobaba
nuevos decretos PCM, (sin que existiera reunión del Consejo de
Ministros), en los que se especifica que no se harán despidos masivos ni
se tomaran represalias contra los manifestantes, entre otras garantías.
No obstante existen ambigüedades y son peligrosas viniendo de un
gobernante que ha faltado un sinnúmero de veces los acuerdos; ¿Se
pretendía con esto lograr únicamente la desmovilización? ¿Por qué
durante 10 años se sigue administrando la salud y la educación pública
del país con Decretos de Emergencia? Además sin los PCM en funciones el
Gobierno debía volver a las leyes que garantizan la carrera docente
(Estatuto del Docente) y del gremio médico (Estatuto del Médico
Empleado).
Por su parte el Partido Libertad y Refundación
Libre, ha manifestado su apoyo irrestricto a la lucha de la Plataforma,
guardando una distancia prudente por la enorme campaña de desprestigio
que ha desatado el régimen por todos los medios, tratando de
desacreditar la lucha gremial, arguyendo que son “intereses políticos”
los que motivan a los sectores sociales a salir a la calle y que “todo
se trata de una estrategia de desestabilización de la oposición para
debilitar al gobierno”. Aun así, la bancada del Partido Libre se ha
declarado en Insurrección Legislativa, llevando a cabo protestas desde
el hemiciclo e impidiendo se continúen aprobando leyes lesivas a los
intereses populares.
Las calles y carreteras del país dan
testimonio de otro nivel de consciencia de la población; el pueblo ha
adquirido confianza en sus posibilidades de cambiar la correlación de
fuerzas del régimen opresor y las fuerzas opositoras; acá están jugando
ya no solo intereses de los sectores populares propiamente hablando,
sino de empresarios, iglesia católica, otros partidos de oposición,
capas medias de profesionales, etc. que demandan también el cambio o el
fin del gobierno y la necesidad de enrumbar al país por un camino
democrático.
En los últimos días el Comando Sur ha informado de
la presencia de 300 marines norteamericanos en territorio nacional, lo
mismo que la presencia militar en tres países más en Centro América:
Belice, Guatemala y El Salvador, supuestamente para auxiliar a las
fuerzas nacionales en caso de desastres naturales (¿?); lo mismo que en
medios alternativos han circulado imágenes de movimientos militares del
ejército de Honduras en varios sectores del país. Los rumores y las
especulaciones no se han hecho esperar: unos manifiestan que “los mismo
gringos se llevarán a joh”, esto por las vinculaciones con el
narcotráfico (tomando en cuenta que su hermano Tony Hernández ya está
siendo juzgado en un tribunal del sur de Nueva York por tráfico de
toneladas de cocaína), otros dicen que serán los mismos militares los
que planean un golpe de estado, para evitar ser extraditados o porque se
ha irrespetado la carrera militar por parte del mandatario que se ha
saltado los ascensos de las promociones 22, 23 y 24 del ejército,
colocando en los altos mandos a cercanos amigos y colaboradores de la
institución castrense.
En Honduras muchas cosas podrían pasar,
las lecciones de las recientes jornadas de lucha apuntan a una
agudización mayor de las contradicciones, sobre todo por la sana
insistencia de la Plataforma de continuar la movilización popular y el
enorme apoyo de la opinión pública y otras fuerzas de oposición
importantes en el país. Un maestro de la dirigencia es entrevistado en
la calle y con mucha consciencia política ante la pregunta de si lo que
buscan es el fin del régimen, contesta: “nosotros somos el frente de
masas y estamos cumpliendo con nuestro papel, ahora faltan las
vanguardias políticas que asuman su responsabilidad histórica”.
Gilberto Ríos Munguía. Dirigente del Partido Libertad y Refundación.
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