Sin importar que la autoridad migratoria se sienta
rebasada en sus capacidades, el Estado mexicano tiene la obligación de
ofrecer trato digno a las personas en situación de movilidad, de lo
contrario contravendría la legislación nacional y los estándares
internacionales en materia de derechos humanos, señalaron organizaciones
no gubernamentales.
Agregaron que las declaraciones del titular del Instituto Nacional de
Migración (INM), Francisco Garduño, reflejan el perfil de seguridad que
se ha implementado en la política migratoria.
Ayer, desde Chiapas el comisionado del INM declaró que
la crisis humanitaria que está provocando la migración masiva ha rebasado la infraestructura y los recursos materiales que se requieren para darles un trato digno a muchos. Asimismo, se dijo preocupado por el arribo de migrantes de África, Asia y Europa.
Para Ana Saiz Valenzuela, directora general de Sin Fronteras, estas aseveraciones son
totalmente inaceptables. Ello toda vez que, más allá de que se sienta la institución abrumada o rebasada por la situación, el trato digno a una persona en situación de migración
no es cuestionablepues ello está regulado en la Constitución, en la Ley de Migración y en los estándares internacionales.
En relación con presencia de migrantes transcontinentales, destacó
que es una población que ha estado presente, por lo menos en los pasados
cinco años, en proporciones muy pequeñas comparados con el número de
personas de Centroamérica.
En este contexto,
el discurso del titular del INM parece un intento por justificar el endurecimiento en las nuevas políticas del gobierno. Buscan generar sentimiento de miedo y desconocimiento de la población, indicó Saiz Valenzuela.
Por su parte, Salva Lacruz, coordinador del área de cambio
estructural del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con
sede en Tapachula, Chiapas, expuso que el Estado mexicano se encuentra
rebasado en sus capacidades ante la actual crisis migratoria y de
refugiados en la región sureste del país; sin embargo, esto se da
principalmente porque el gobierno federal
carece de la voluntad política de acometer dicha crisis con un enfoque de derechos humanos.
Ana Langner y Emir Olivares
Periódico La Jornada
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