Chicago se niega a colaborar
Washington. Las autoridades de migración de Estados
Unidos planean lanzar el domingo una gran operación destinada a deportar
a familias recién llegadas que se encuentran sin documentos en el país,
informó ayer el diario Washington Post citando a tres funcionarios estadunidenses que no identificó.
Se espera que la operación involucre hasta 2 mil familias que
enfrentan órdenes de deportación en unas 10 ciudades, como Houston,
Miami y Los Ángeles, según el Post.
Sin embargo, la policía de Chicago no participará en la redada de
autoridades federales, afirmó ayer la alcaldesa Lori Lightfoot, quien en
un comunicado señaló que pidió al Departamento de Policía que cancele
el acceso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus
siglas en inglés) a sus bases de datos relacionadas con el control
federal de la migración.
Indicó que el supervisor Eddie Johnson le confirmó que la orden ya fue implementada.
La alcaldesa agregó que ya habló con funcionarios del ICE en Chicago y
les expresó su objeción a cualquier redada contra familias de
migrantes. Esta
siempre será una ciudad que les da la bienvenida y un paladín de los derechos de nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados, afirmó Lightfoot.
Por su parte, el ICE informó que
debido a la sensibilidad de la policía, así como la seguridad y protección de nuestro personal, la agencia no ofrecerá detalles de las operaciones relacionadas antes de que concluyan.
En conferencia telefónica con periodistas a principios de semana,
Mark Morgan, director interino, explicó que la agencia apuntaría a
familias que recibieron una orden de expulsión de un tribunal de
inmigración. El propósito es desalentar el arribo de más
centroamericanos.
La cantidad de migrantes detenidos que cruzan la frontera entre
Estados Unidos y México aumentó en mayo al nivel más alto desde 2006.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La oficina del gobernador de Texas informó que el estado despliega a
mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera después de que más
de 45 mil personas fueron detenidas cruzando ilegalmente en las
recientes tres semanas.
En tanto, los legisladores demócratas anunciaron una asignación de 4
mil 500 millones de dólares para responder a la creciente crisis
humanitaria en la frontera sur y para cumplir con la responsabilidad del
gobierno de atender a miles de personas que buscan un amparo bajo las
leyes de asilo.
La propuesta se llevará a votación la próxima semana al pleno del
Congreso, mientras la Cámara de Representantes y el Senado batallan para
aprobar una medida antes de que las agencias que atienden a migrantes
–ya presionadas al máximo– se queden sin dinero.
La intención fue develada en un momento en que aumenta el nerviosismo
entre los legisladores y el gobierno, y se reportan las malas
condiciones de vida en los albergues financiados por el Estado.
Nos quedaremos sin dinero en julio porque los números simplemente son muy elevados, alertó el viernes en la Casa Blanca Alex Azar, secretario de Salud y Servicios Sociales.
Esto no es un juego, dijo.
No se trata de política. No se trata de política de inmigración. Es un paquete de alivio humanitario y tiene que aprobarse, y de inmediato. Nos quedamos sin dinero y estamos al cupo máximo.
Además, los demócratas de la Cámara de Representantes propusieron
ayer reponer cientos de millones de dólares de ayuda a El Salvador,
Guatemala y Honduras que fueron bloqueados por el gobierno de Donald
Trump.
Asesores legislativos indicaron que se reasignarían o suspenderían
unos 550 millones de dólares en ayuda. Los demócratas han dicho que la
medida sería contraproducente porque es más probable que aumente la
cantidad de migrantes en lugar de disminuirla.
Reuters y Ap
Periódico La Jornada
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