Katu Arkonada
La Jornada
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| La policía antidisturbios de Honduras concluyó una huelga de tres días en reclamo de mejoras laborales, pero advirtió que no reprimirá a los miles de manifestantes que exigen en las calles la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández.Foto Ap |
Las movilizaciones
populares se suceden en Honduras. En estos días son 60 mil médicos y
maestros en pie de guerra contra un sistema político que busca, por
imposición del Fondo Monetario Internacional, la privatización de la
salud y la educación. Las movilizaciones cuentan con tal grado de apoyo
popular que hasta la Policía Nacional se ha sumado al paro, forzando al
gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) a desplegar a las fuerzas
armadas en tareas de represión de las protestas populares.
Pero esta historia comienza hace 10 años, un 28 de junio de 2018,
cuando 200 militares encapuchados entran con nocturnidad y alevosía en
la residencia presidencial de Tegucigalpa y sacan en pijama al
presidente Mel Zelaya para, tras un breve paso por una base
militar, deportarlo a Costa Rica, a pesar de que el artículo 102 de la
Constitución prohíbe expresamente que ningún hondureño puede ser
expatriado ni entregado a un Estado extranjero.
El argumento para el golpe de Estado era la intención de Mel Zelaya
de colocar una urna en la siguiente elección, promoviendo un refrendo
que diese paso a reformas constitucionales. Pero eso era la forma. El
fondo era que Zelaya, un terrateniente que había ganado las elecciones
con el apoyo del Partido Liberal, había dado un giro a la izquierda tras
conocer las penurias del pueblo hondureño, sumido en la pobreza y
violencia, e incluso, con la autorización del Parlamento, había
incorporado a Honduras primero a Petrocaribe, y luego al ALBA.
Ese fue el primer golpe exitoso contra los gobiernos del ciclo
progresista, y lo fue contra su eslabón más débil, inaugurando un
periodo de restauración conservadora a lo largo y ancho de América
Latina, al que le sucedieron los golpes parlamentarios en Paraguay
contra Fernando Lugo, o en Brasil contra Dilma Rousseff, al mismo tiempo
que se desataba el lawfare, la guerra judicial contra líderes progresistas como Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Rafael Correa.
Pero Honduras vivió dos golpes más, en este caso electorales.
En 2013, y ya con Mel Zelaya de regreso en el país, pero
imposibilitado para presentarse, Xiomara Castro fue candidata
presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre). La
inexperiencia de Libre y su desigual distribución territorial llevó a
que las elecciones fueran manipuladas en beneficio de Juan Orlando
Hernández. Un solo dato: a la misma hora en que se producía el recuento,
los magistrados del Tribunal Supremo Electoral estaban reunidos con la
embajadora de Estados Unidos en Honduras.
Pero fue en 2017 cuando el tercer golpe, segundo electoral, este ya
no como tragedia, sino como farsa, consuma lo iniciado en 2009. En unas
elecciones en las que Libre y el PAC de Salvador Nasralla enfrentaban la
reelección de JOH, el comunicado de la nada sospechosa Secretaría
General de la OEA sobre el resultado de las elecciones, arroja más
claridad que cualquier análisis político que podamos escribir:
Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación
intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de
oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas
o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles
de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en
estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la
estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados,
hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador.
Tres golpes de Estado en 10 años, uno militar y dos electorales, es
el balance de uno de los países más pobres y desiguales de América
Latina, y todo con un objetivo muy claro, la imposición del modelo
neoliberal mediante la violencia en un país clave, siempre fue su
retaguardia estratégica, para las operaciones de Estados Unidos en
Centroamérica. La impunidad con la que se asesinó a la defensora
ambiental Berta Cáceres en un país que tiene al hermano del presidente
JOH acusado de gestionar las rutas y tráfico de cocaína hacia Estados
Unidos, es problemente la mejor, y a la vez más terrible metáfora de
como se ha instrumentalizado la doctrina del shock para disciplinar a la población civil.
Una doctrina del shock cuya consecuencia más dramática son
las caravanas de miles de personas que son desalojadas de sus vidas
fruto del despojo social neoliberal y dejan atrás familia y pertenencias
para tratar de alcanzar el american way of life, aun a costa de arriesgarse a ser extorsionados, secuestrados o asesinados en el camino.
Es por ello que los hermanos migrantes centroamericanos en general, y
los hondureños en particular, deben ser tratados como refugiados
políticos de una dictadura, la del modelo neoliberal, y cuando los
medios de comunicación masivos nos quieran hablar de derechos humanos o
del drama migratorio en otras partes más lejanas, exijamos que vayan a
Honduras y nos cuenten no solo lo que les sirve de reality show para ganar más audiencia, sino las causas reales de esta migración masiva.
Y para empezar a solucionar este drama, hagamos nuestro el comunicado de Libre del 20 de junio, firmado por Mel
Zelaya el mismo día que las fuerzas armadas asesinaban al taxista Erick
Peralta en El Pedregal, y por el que se declaran en lucha permanente
contra la dictadura dirigida por Estados Unidos desde 2009, dejando muy
claro: JOH debe irse ya.
Politólogo especialista en América Latina
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