The Guardian / El diario
| Lo que sea que hizo Assange en 2010 y 2011, no fue espionaje. Y tampoco es ciudadano estadounidense. Los delitos en los que supuestamente incurrió el australiano no fueron cometidos dentro del territorio de Estados Unidos. Como ha observado Joel Simon, director del Comité para la Protección de Periodistas: “Según este razonamiento, cualquiera que publique en cualquier parte del mundo información que el Gobierno de EE.UU. considere clasificada podría ser acusado de espionaje”. |
Julian Assange tras su detención en la embajada de Ecuador en Londres. EFE.
¿Recordáis el vídeo 'Asesinato Colateral',
que mostraba a la Fuerza Aérea de Estados Unidos utilizando
helicópteros Apache para matar personas como si fuera un vídeojuego,
riéndose de la docena de muertos, incluidos dos iraquíes que trabajaban
para la agencia de noticias Reuters? ¿Recordáis cómo mintieron las
autoridades estadounidenses sobre aquel incidente en julio de 2007,
primero diciendo que los muertos eran insurgentes y luego alegando que
los helicópteros estaban respondiendo a un tiroteo? Ninguna de esas
afirmaciones era verdadera. ¿Recordáis que durante tres años Reuters
intentó sin éxito conseguir el vídeo?
¿Era una cuestión de interés
público que el mundo pudiera ver las imágenes, sin retocar, de lo que
sucedió? Por supuesto. ¿Fue esto una vergüenza para las Fuerzas Armadas y
el Gobierno de EEUU? Desde luego. ¿Fue un acto de espionaje o de
periodismo? Ya sabéis la respuesta.
Hay que agradecer a dos
personas poder saber la verdad sobre cómo murieron esos dos empleados de
Reuters, junto a otras diez personas que acabaron en el punto de mira
de esos pilotos que aquel día no contenían sus carcajadas: Chelsea Manning, que filtró el vídeo, y Julian Assange, que lo publicó. Ambos han pagado un precio altísimo por sus acciones.
Manning
pasó siete años en la cárcel por su participación en la difusión del
vídeo, junto con mucho otro material clasificado que pudo conseguir
cuando trabajaba como analista de inteligencia para las Fuerzas Armadas
de EEUU. Assange, por su parte, ha sido acusado de 17 nuevos cargos de
violación de la Ley de Espionaje y podría pasar el resto de su vida tras
las rejas.
Como editor de The Guardian, trabajé con
Assange cuando —junto a periódicos de Estados Unidos y Europa—
publicamos nuevo material filtrado por Manning. Vanity Fair afirmó que
los artículos que publicamos eran “una de las más importantes primicias
periodísticas de los últimos treinta años". "Ha cambiado la forma en que
la gente piensa sobre cómo se maneja el mundo”, llegaron a afirmar. Es
verdad que la información que publicamos era importante, pero la
relación con Assange era tensa.
Acabamos peleados, como le sucede a
la mayoría de las personas que trabajan con Assange. Concluí que era
una persona volátil, poco confiable y desagradable. Yo no le caía bien a
él, tampoco. Ninguno de los editores que colaboraron en el proyecto
estaba de acuerdo con que él difundiera material sin redactar extraído
del cofre de los tesoros de Manning en septiembre de 2011.
A pesar
de todo, creo que el uso que está haciendo el Gobierno de Donald Trump
de la Ley de Espionaje contra Assange es profundamente preocupante.
La
Ley de Espionaje fue una medida producto del pánico, aprobada por el
Congreso para tomar medidas drásticas contra la disidencia o la
“sublevación” cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial
en 1917. Jamás, durante los siguientes 102 años, fue utilizada contra
medios de comunicación por publicar o difundir información clasificada
filtrada ilegalmente. La norma no permite que nadie acusado de violarla
presente una defensa de interés público.
Lo que sea que hizo
Assange en 2010 y 2011, no fue espionaje. Y tampoco es ciudadano
estadounidense. Los delitos en los que supuestamente incurrió el
australiano no fueron cometidos dentro del territorio de Estados Unidos.
Como ha observado Joel Simon, director del Comité para la Protección de
Periodistas: “Según este razonamiento, cualquiera que publique en
cualquier parte del mundo información que el Gobierno de EE.UU.
considere clasificada podría ser acusado de espionaje”.
Imaginaos
el precedente que se sentaría si el gabinete de Trump se sale con la
suya. Israel e India tienen importantes programas de armas nucleares,
cada uno de ellos protegido por feroces leyes internas sobre actos
secretos. Pensad qué escándalo sería si el gobierno de Netanyahu o el de
Modi intentaran extraditar a un periodista británico o estadounidense
para encarcelarlo por publicar verdades sobre sus arsenales nucleares.
La
nueva acusación contra Assange se divide en tres partes, y cada una de
ellas es un intento por criminalizar actos que los periodistas realizan a
diario cuando reciben y publican información verídica que les llega a
través de fuentes o chivatazos. A Assange se le culpa de intentar
convencer a una fuente de que envíe más información secreta. Algo que
haríamos la mayoría de los periodistas. También está acusado de algo que
al parecer sería un intento del periodista por ayudar a una fuente a
proteger su identidad. Si eso es lo que hizo Assange, hizo bien.
Finalmente, se le imputa haber publicado en repetidas ocasiones material
“que podría perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Cuando
se empieza hablar de periodistas que perjudican la seguridad nacional
deberían comenzar a sonar las alarmas. Pensemos en Richard Nixon
intentando llevar a juicio a Daniel Ellsberg,
que filtró los Papeles del Pentágono, por perjuicio a la seguridad
nacional en 1971. Ellsberg, analista de las Fuerzas Armadas de EEUU,
descubrió que la Guerra de Vietnam había sido declarada en base a una
serie de mentiras y creyó que el público se merecía saberlo. Para Nixon,
el compromiso de Ellsberg con la verdad era delito de traición. Nixon
echó mano de la Ley de Espionaje.
Hoy, Ellsberg es reconocido como
un periodista que filtró información en base a unos principios, pero
estuvo cerca de ser encarcelado por su valentía. Ningún juez puso en
duda que el New York Times tenía la libertad de publicar el
material filtrado. Murray Gurfein, juez federal, rechazó el
requerimiento: “La seguridad no son sólo las murallas. La seguridad
también se encuentra en el valor de tener instituciones libres. Las
autoridades deben soportar una prensa crítica, obstinada y ubicua para
que podamos preservar los valores de libertad de expresión y el derecho
del pueblo a saber”. La decisión de Gurfein fue posteriomente ratificada
por el Tribunal Supremo.
Necesitamos jueces que defiendan la
libre expresión, porque los gobiernos rara vez lo hacen. Cuando Theresa
May era ministra del Interior en 2015, pidió a la Comisión Legal que
revisara las leyes británicas sobre los secretos de estado. En 2017, la
Comisión recomendó modificaciones
que implicaban la posibilidad de enjuiciar periodistas simplemente por
poseer material confidencial, aunque no lo hubiera publicado. La
Comisión también pretendía negar a los periodistas la posibilidad de
presentar una defensa de interés público y sugería penas de prisión de
hasta 14 años. El texto sugería también que fuera el gobierno de turno
quien definiera el “interés público” en materia de seguridad nacional.
Es decir, que lo decidiera un Richard Nixon o un Donald Trump.
Ahora
dependen muchas cosas del Tribunal Supremo del Reino Unido, que según
las consideraciones del Ministerio de Interior podría acabar accediendo a
la petición de extradición. Assange es un personaje problemático en
muchos sentidos. Pero los intentos de meterlo en prisión por la Ley de
Espionaje es una medida profundamente inquietante que debería hacer
reaccionar a todos los periodistas. Puede que no te caiga bien Assange,
pero podrías ser el siguiente.
Traducido por Lucía Balducci.
Alan Rusbridger: exdirector de The Guardian.
Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/insistencia-Unidos-encarcelar-Assange-libertad_0_903610862.html
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