Delincuentes o sospechosos, da igual
Juez cierra caso de joven muerto en represión a mapuches; no encontró responsables y confiesa que
lo presionaronpara dar carpetazo
▲ El presidente Mauricio Macri dijo ayer en entrevista con la agencia Ap
que Argentina logró acuerdos de inversión por cerca de 8 mil millones
de dólares al margen de la cumbre del G-20, que se realizó hace unos
días en Buenos Aires.
Buenos Aires. A poco menos de dos días de terminada la
Cumbre del Grupo de los 20 (G-20) el gobierno del presidente argentino,
Mauricio Macri, autorizó a los agentes de las fuerzas federales de
seguridad usar armas letales para disparar por la espalda ante la fuga
de quien haya cometido delito, quien represente un peligro o de quien se
sospecheque pueda serlo, sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa, lo que fue denunciado aquí como
una ley para matar con impunidad.
El Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego publicado este lunes en el Boletín Oficial,
que violenta el Código Penal, fue firmado el 27 de noviembre por la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para entrar en vigor dos días
antes del comienzo de la Cumbre del G-20, que transcurrió aquí el 30 de
noviembre y el primero de diciembre, y se dijo que iba a ser
transitorio.
Dispone además que el uso de armas letales es válido en
defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graveso
para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas.
El artículo segundo del reglamento determina que se hará uso de las
armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en
defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de
muerte o de lesiones graves. La disposición, que deroga cualquier otra
anterior que contravenga la actual, autoriza a disparar –como lo hizo el
policía local Luis Chocobar– contra quien
se fugue luego de haber causado, o de haber intentado provocar muertes o lesiones graves.
Pero nadie explica cómo se sabe si alguien intenta provocar
lesiones graves, ya que esto libera de toda responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad.
El caso Chocobar impactó en el país, ya que este policía disparó y
mató por la espalda a Juan Pablo Kukoc, de 19 años, quien huía de un
asalto a un turista herido por otro delincuente. Esto ocurrió en
diciembre de 2017 y mintieron las autoridades de Seguridad y la mayoría
de los medios masivos que responden automáticamente al gobierno,
diciendo que el joven huía con un cuchillo en la mano, que nadie vio.
Ante la demanda de la madre del joven y de otros organismos, el
presidente Macri decidió recibir como héroe al policía Chocobar junto a
la ministra de Seguridad.
A partir de entonces han sido ejecutados de la misma manera varios jóvenes en distintas circunstancias, incluso por
equivocacióno por sospechas. Uno de ellos, el mapuche Rafael Nahuel, muerto en Río Negro en noviembre de 2017, quien no portaba armas y fue literalmente asesinado por la espalda cuando huía de agentes de la prefectura que entraron a reprimir para desalojar familias de esa etnia de sus tierras.
A pesar de todas las pruebas, la ministra Bullrich calificó a los mapuches de
terroristasy defendió a la prefectura; hasta hoy no se ha hecho justicia.
El día antes de comenzar la Cumbre del G-20, el juez Guillermo
Lleral, quien llevaba la causa sobre la desaparición y asesinato del
joven artesano Santiago Maldonado en la provincia de Chubut el año
pasado, dio por terminada la investigación y cerró el juicio,
atribuyendo la muerte a
un conjunto de incidencias, por lo que no señaló a
nadiecomo responsable.
Nada decía que esto sucedió en el contexto de una brutal represión de
casi cien gendarmes contra un grupo de siete mapuches, a los que
solidariamente Maldonado acompañaba en su protesta, ya que querían sacar
a su comunidad de sus tierras ancestrales para favorecer a empresas
extranjeras en el lugar. Maldonado fue perseguido por gendarmes hasta un
río cercano y estuvo desaparecido durante 80 días. Curiosamente
apareció muerto en el mismo río, que fue rastrillado varias veces.
Pero lo más grave es que el juez Lleral se comunicó con la madre de
Maldonado para adelantarle el fallo y le confesó que había sido
duramente presionado para cerrar la causa.
Todo esto sucedía en medio de la cumbre, y los organismos de derechos
humanos denunciaron a la ministra Bullrich, quien desde el primer
momento defendió a la gendarmería, mientras funcionarios de seguridad
presionaron al primer juez de la causa que debió apartarse.
Frente a las demandas de los organismos humanitarios, Aministía
Internacional advirtió que en el fallo no figura el contexto en que se
produjo la desaparición de la víctima ni las circunstancias. Por otra
parte, se pide aquí la renuncia de Bullrich y analistas destacan la
constante acción del gobierno de Macri sobre la justicia y los jueces.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como
autora intelectualdel cierre de la causa: “Desde que asumió no hace más que tratar de exculpar a quienes cometieron delitos gravísimos.
Que un juez diga que por presiones tuvo que resolver en favor de la impunidad nos deja en el desamparo institucional ante cualquier operativo represivo de este gobierno, denunció la agrupación H.I.J.O.S. de desaparecidos.
Foto Ap ,Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
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