El macrismo cumplió tres años
en el poder. Resistió. Se mantuvo. Después de miles de especulaciones
sobre catástrofes, tsunamis y entregas anticipadas del poder, la
coalición gobernante se mantiene a flote. Incluso lo hace con el
elemento más destacable: malos resultados económicos, pero con encuestas
que lo colocan con una adhesión importante y polarizando con una
posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Pese a los
malos resultados hoy podría competir con el kirchnerismo o con lo que
éste pueda armar. Y, además, seguir contribuyendo a algo muy importante:
configurar la escena política, dividir el campo y también intervenir
colateral o directamente en las tensiones que se expanden al interior
del universo peronista.
El macrismo es un buen partisano
conservador que ha logrado construir una adhesión contra el
kirchnerismo, sus posibles actos de corrupción y, sobre todo, desde una
profunda sospecha y rechazo por las políticas universales. Éste ha
logrado convocar a una individualidad silenciosa construida al costado y
en rechazo al kirchnerismo. Todavía, parte de su fortaleza espiritual
radica allí. Otra parte reside en la intervención eficiente en la
relación que ha mantenido con las gobernaciones peronistas –20 son
conducidas por este partido y otras 4 por el oficialista Cambiemos– y
con las diversas instituciones del Gobierno nacional (Poder Judicial y
Poder Legislativo).
Existen dos momentos importantes en
estos tres años de macrismo. Desde su inicio hasta el fin del
gradualismo y su acuerdo con el FMI (junio 2018) y a partir de éste
hasta hoy.
Primer momento: el gradualismo de Estado
El gradualismo consistió en ir
desarmando algunas tensiones económicas que el kirchnerismo había
dejado, como el subsidio a las tarifas, la no inversión en algunos
lugares estratégicos y el tipo de cambio, pero manteniendo cierta
inversión pública en diversos ámbitos y, sobre todo, no realizando
fuertes devaluaciones. De hecho, la inflación como gran meta
político–económica no fue morigerada, sino todo lo contrario. En
términos políticos, el macrismo reordenó todo el tablero político.
Construyó alianzas con un peronismo que se había enemistado con CFK y
sobre todo, con la mayoría de los 20 gobernadores que dejaron de
responder al kirchnerismo y pasaron a acordar leyes y gobernabilidad con
el macrismo. A su vez, reconfiguró las tensiones que el kirchenismo
había formulado y descomprimió la figura presidencial. Macri se presentó
con un estilo de liderazgo especularmente distinto al de CFK. Es
alguien que, a diferencia del kirchnerismo, desconfía –aunque sea
presidente y antes jefe del Gobierno porteño– de la política, que
introduce miradas posmodernas sobre ese lugar pomposo y protocolar que
el kirchnerismo había otorgado al poder.
En los primeros meses de Gobierno,
Cambiemos avanzó sobre algunas cuestiones que intentaron medir el
‘termómetro’ de aquello que había dejado (o no) el kirchnerismo. La
disolución de la Ley de Medios, el ‘sinceramiento’ que terminó con el
aumento de los servicios públicos y el intento de imposición, por
decreto presidencial, de dos jueces para el máximo tribunal dieron
cuenta de la fatiga social que dejaba el anterior Gobierno. Incluso
mantuvo algunos aspectos que había decidido modificar, como el impuesto a
las ganancias para los trabajadores y trabajadoras, reclamado por un
sindicalismo que ya se había enfrentado a CFK.
Cambiemos logró un gran triunfo en los
tres grandes distritos: la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la Provincia de Buenos Aires. Ese poder político y territorial novedoso
para una fuerza no peronista –ni exclusivamente de la Unión Cívica
Radical, su aliado– logró expandirse en gobernabilidad, logrando un
conjunto importante de leyes con el aval de ambas cámaras legislativas. A
su vez, se benefició a la provincia de Buenos Aires con fondos
históricos adeudados y negoció el presupuesto con los gobernadores.
Cierta pax económica y una gran
cintura política que se observó en dirigentes como Emilio Monzó, en la
gobernadora María Eugenia Vidal y en la ministra de Desarrollo Social,
Carolina Stanley, condujeron a todo el macrismo a una victoria electoral
importantísima en 2017 –una elección de medio término– en los distritos
más relevantes del país. Allí se pudo observar que la estrategia de la
reconciliación y no exacerbación de las tensiones políticas no confería
buenos resultados como la reafirmación de la polarización. También se
pudo observar que el macrismo, más allá de su discursividad pospolítica,
había integrado de otra manera –principalmente en la provincia de
Buenos Aires– el territorio de los barrios populares y las
organizaciones sociales. No se permitió que todo fuera realizado por el
mercado para integrar las expectativas sociales, ni sólo otorgarle
presupuesto a los intendentes y gobernadores. Tampoco lo hizo aumentando
las políticas universales desde el Estado, sino que redefinió la
integración a través de estrategias focalizadas, con organizaciones no
gubernamentales, organizaciones sociales y dirigencias territoriales
vinculadas a partidos que integran la coalición gobernante. A su vez, el
rol de Elisa Carrió fue relevante. Introdujo una oscilación con el
poder presidencial que trajo algunos réditos: ser fiscal del poder y
aliada del mismo. La imagen de un poder que controla al ‘poder’ recreó
los imaginarios liberales que se sienten cómodos con los límites a la
política. Y que, además, miran a la política como un ejercicio poco
transparente.
Para triunfar en 2017, el macrismo se
lanzó a dividir el campo, pero no desde un lugar principalmente
ideológico, sino que lo colocó en los logros de la gestión como en
dimensiones postpolíticas. El laboratorio del ’17 será puesto en marcha
en el ’19 sin una economía con buenos resultados. Las diferencias con
el kirchnerismo, primero con la ‘pesada herencia’ y luego sobre la
corrupción fueron organizando un campo político móvil. Mientras el
kirchnerismo apostó a construir una barrera o frontera desde lo
‘ideológico’, las fronteras del macrismo son móviles, van avanzando y
retrocediendo ante las adhesiones o rechazos de la sociedad.
Segundo momento: postgradualismo, de Cristina a Christine
El macrismo hasta hoy mantiene algo de
audacia y juego al límite, sobre todo después del fin del gradualismo.
La discusión sobre la despenalización del aborto fue un hecho clave en
un país que no había podido discutir tal normativa con el Gobierno de
CFK. Cierto guiño a los gobernadores y a que, dentro del propio
macrismo, un sector importante afirmaba continuar con la penalización
del aborto; la ley no salió pero el Gobierno, en parte, capitalizó esa
audacia.
A principios de 2018 el escenario
cambió. Los problemas pendientes se agravaron. La ampliación de la deuda
y la posibilidad de reducir las reservas para pagar los intereses de la
misma motivaron el inicio de un acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), un ajuste importante del gasto público y una
devaluación severa que motivó una desestabilización económica, sobre
todo vinculada al empleo público y a las empresas y oficios vinculados
al mercado interno. La tasa de desempleo comenzó a crecer levemente, el
consumo cayó –principalmente de sectores populares y medios–, al igual
que la producción industrial. Pese a ello, la inflación no mermó y no se
produjeron conflictos sociales importantes, ya que la política del
Ministerio de Desarrollo Social y de la gobernadora de la provincia de
Buenos Aires permitió entablar acuerdos con organizaciones sociales y
otros actores garantizando cierta paz social.
Por ahora el macrismo, pese a los
resultados económicos preocupantes, mantiene una interesante adhesión
electoral. Sus tres metas: pobreza cero, inversiones y bajar la
inflación, no se han logrado. Sólo el flujo del préstamo del Fondo y
algunas inversiones parecen constituir una especie de salvavidas para
‘surfear’ lo que vendrá del 2019. Además le queda su aceitada cintura
política. Por ahora, la fragmentación del universo peronista permite al
macrismo llegar con cierta perfomance a las próximas
elecciones. Los gobernadores de las provincias más importantes están
cerca de un peronismo alternativo que del kirchnerismo, cosa que puede
cambiar si el Gobierno de Macri agudiza la crisis de su propio
electorado. Por ahora, cierto peronismo espera, negocia y espera, viendo
cómo se agudiza o conduce la economía. Pero no sólo verán cómo se
desarrolla lo económico, sino también como se planteará la próxima
campaña electoral, qué elementos la integrarán, cómo se organizaran en
una estrategia polarizada y cómo en ella quedan cerca o lejos
gobernadores e intendentes. El macrismo, en su polarización, tensiona a
cierto peronismo al vincularlo a un Gobierno anterior con funcionarios
presos por corrupción. La llamada “causa de los cuadernos” puede
integrar parte de la visualidad de una campaña que tendrá otros
elementos importantes sobre lo propiamente económico que, como
indicamos, es muy pobre en sus resultados[1].
El aval político del FMI y de países
como Estados Unidos, Alemania y China permite nuevas posibilidades de
sortear el próximo año electoral con algo de dinero para repartir o para
ejecutar. Ello es un handicap con que el Gobierno cuenta, como
también cuenta con una sociedad que empieza a movilizar sus
expectativas y a resentirse frente a la situación económica. Una
movilización que todavía no sirve para perder las próximas elecciones
pero que, si no es tomada en cuenta, puede ocasionar graves problemas
para el oficialismo.
La gobernabilidad parlamentaria de Cambiemos y las articulaciones políticas
La (originaria) correlación de fuerzas parlamentarias
Cambiemos, el frente político–electoral
que terminó consagrando a Mauricio Macri como presidente en el 2015, es
una fuerza política construida ese mismo año, en base a dos grandes
socios: el Pro (Propuesta Republicana, el partido propio de Macri) y la
Unión Cívica Radical (UCR, el mas antiguo de los partidos políticos
argentinos, con 6 presidentes a lo largo de la historia del país). La
alianza de Gobierno, además, contó con la adhesión de ciertos liderazgos
políticos más o menos expresivos, y dirigentes provinciales que,
incluso provenientes del peronismo, se sumaron en sus distritos a la
candidatura de quien, por entonces, era jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Una vez pasadas las elecciones del 2015, con una victoria
presidencial por estrecho margen, era evidente que los recursos
políticos con los que contaría el Pro–Cambiemos serían bastante
reducidos: tan sólo dos gobernaciones propias, más otras cinco que le
sumaría el radicalismo y, lo que en su momento despertaba más
preocupación, minorías en ambas cámaras legislativas.
Es importante advertir que en los tres
años de Gobierno el oficialismo siempre estuvo en condición minoritaria
en el Parlamento, lo que es una curiosidad histórica: es el primer
Gobierno que en 100 años no tiene mayoría propia en ninguna de las dos
cámaras: 1/3 en la Cámara de Diputados y 1/5 en el Senado. Esta
correlación de fuerzas políticas despertó inmediatamente dudas respecto
de cuál sería la capacidad para poder imponer su agenda y traducir en
leyes su propuesta de gobierno. Sin embargo, y tal como había sucedido
cuando Mauricio Macri fuera alcalde de la Ciudad de Buenos Aires
(2007–2011 y 2011–2015), el Poder Ejecutivo mostró, sobre todo durante
el primer año de mandato (2016), un alto porcentaje de votaciones a
favor de sus proyectos, llegando a un 73,9%[2] de promedio en ambas cámaras.
Las diez principales leyes impulsadas
durante el 2016 por el oficialismo fueron aprobadas, entre ellas: el
acuerdo con los ‘fondos buitre’ (acreedores que habían quedado afuera de
las anteriores renegociaciones de la deuda pública argentina o holdouts);
la devolución del IVA a los jubilados; la ley de acceso a la
información pública; la norma que incorpora técnicas especiales para a
investigación criminal (con las figuras del agente revelador y
encubierto); la ley que abrevia los juicios en delitos de flagrancia; la
reparación histórica a los jubilados y blanqueo de capitales; la que
incorporara la figura del ‘arrepentido’; el propio presupuesto 2017; la
ley que limita el uso de los ‘superpoderes’ presupuestarios; y,
finalmente, la ley de fomento a emprendedores.
La ‘secretos’ de esta capacidad de
articulación también sorprendieron desde el punto de vista de la propia
autoridad presidencial: Macri fue el primer presidente argentino en
llegar al Gobierno a través de un balotaje[3].
Aquí es donde debe considerarse un elemento nada secundario: la
creación, con posterioridad a los resultados de la elección del 2015, de
un ‘clima político’ adverso y persecutorio en relación con el
kirchnerismo, profusamente alimentado por los principales medios de
comunicación, ampliando las diferencias del kirchnerismo con el
‘massismo’ –grupo parlamentario orientado por Sergio Massa,
exfuncionario de Néstor y Cristina Kirchner, pero que desde el 2013 se
puso en un lugar de ‘oposición responsable’– que, sumado a algunos
diputados electos por el Frente para la Victoria (FPV), terminaron
otorgando el principal sustento parlamentario al primer tramo de la
gestión macrista.
En la segunda parte del mandato, sobre
todo luego de las elecciones legislativas intermedias del 2017, este
sector se desdibujaría y fragmentaría, por lo cual el macrismo debió
recurrir a otros espacios –un cambio en su ‘política hacia los
gobernadores’[4], incluso del peronismo– y articulaciones políticas más amplias, con diversas fuerzas políticas regionales.
En efecto, esta carencia parlamentaria
ya mostraría en el 2017 los límites de aquella supuesta fuerza inicial
articuladora. Si bien el Gobierno ese mismo año logró aprobar uno de sus
principales proyectos (luego de diversos escándalos tanto dentro como
fuera del Congreso Nacional; en la Cámara de Diputados, por ejemplo, fue
por un escaso margen), la Ley de Reforma Previsional, es de señalar el
menor caudal de aprobaciones de ese año. También destacaron la
denominada Ley Brisa -reparatoria para con los menores cuyas madres
fueron víctimas de feminicidio, impulsada por la sociedad civil–; la Ley
del Cupo Trans; la Ley de electrodependientes; la Ley de Víctimas; y la
Ley de Alquileres[5], entre otras leyes sectoriales o ‘económicas’ en la jerga parlamentaria.
De hecho, no sólo hubo menos
aprobaciones sino también menos reuniones de comisiones y sesiones
plenarias. En el comparativo histórico, como lo detallaban en su momento
los informes del propio Directorio Legislativo, el 2017 fue el tercero
con menor cantidad de leyes sancionadas en casi 30 años, con apenas 75.
Desde 1991 sólo hubo dos períodos con menor cantidad de iniciativas
aprobadas: 65 en 2005 y 70 en 2010, con un promedio para ese segmento
temporal de 130; lo mismo puede decirse para las medias sanciones: 169,
muy por debajo de la producción de los últimos años.
A esta situación hay que agregar que,
durante el 2017, comenzó a quedar más clara la práctica e insistencia,
por parte del Poder Ejecutivo, en el uso del veto presidencial como un
mecanismo cuya reiterada utilización logró instalarse como un elemento
relevante del juego político propuesto por el oficialismo, circunstancia
que se evidenció en los casos de los vetos a la Ley de Emergencia
Ocupacional, a la Ley de Doble Jubilación Mínima a excombatientes de
Malvinas, a la Ley de Trombofilia, a la Ley de Expropiación del Hotel
Bauen, entre otros casos[6].
Una práctica que había sido reiterada por Macri como jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, quien llegó a vetar 168 leyes,
principalmente en su primer mandato.
El peor ‘trabajo legislativo’ desde la democratización en 1983
Pero si los números del 2017 fueron
magros, los del 2018 serían aún peor. De hecho, este año, el tercero de
la gestión de Mauricio Macri, es francamente decepcionante respecto de
las relaciones entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, y permite
plantear, por lo menos de forma aproximada, alguna caracterización
respecto de lo que propone Cambiemos como fórmula de construcción de
mayorías democráticas.
Este año el Congreso ha sancionado 36
leyes, donde tan sólo 9 tuvieron origen en proyectos enviados al
Congreso por el presidente, lo que representa el 25 % del total[7].
La tasa de participación legislativa del presidente Mauricio Macri en
2018 (25%) experimentó una caída de 3 puntos respecto a 2017 (28%) y del
2016 (27%). Destaca la Ley de Presupuesto, cuyo tratamiento -si bien
fue expeditivo- demandó mucha articulación del Ejecutivo.
Con todo lo que supone lo anterior, hay
un dato inobjetable como tendencia política: el Congreso argentino tiene
cada vez menos protagonismo, funcional para con un programa neoliberal
que requiere que las fuerzas sociales y políticas opositoras permanezcan
desagregadas entre sí y sin capacidad de trabar disputas. En ese
sentido, el Congreso es, paradójicamente, un foco de atención primordial
(ya no sea para su neutralización) y sobre el que realiza, quizás, una
de sus políticas más exitosas: ha logrado controlar su productividad
–desarticulando los espacios opositores, chantajeando a legisladores,
generando nuevos alineamientos, no dando quórum, suspendiendo reuniones
de comisiones de labor parlamentaria, entre otras diversas prácticas–
precisamente, para debilitar al Congreso en sus funciones. Se entiende
que, para esa dinámica, el oficialismo haya colocado y mantenido en el
cargo a uno de sus principales articuladores políticos, Emilio Monzó
(que en más de una oportunidad ha amenazado con renunciar, despertando
todo tipo de alarmas en el macrismo), elegido recientemente por cuarta
vez para presidir un año más la Cámara de Diputados[8].
Se trata, por lo tanto, de una instancia
en la que Cambiemos se ha mostrado bastante firme, completando su
accionar con con Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), o bien con
Resoluciones Ministeriales, algunas de las cuales en directa colisión
con las competencias constitucionales establecidas. Una desvalorización
legislativa compatible con las necesidades neoliberales.
La política exterior del Gobierno de Cambiemos
Los lineamientos ideológicos previos a la asunción del Gobierno
En abril de 2015, diplomáticos,
especialistas y políticos opositores a Cristina Kirchner elaboraron un
documento expuesto en la sede del Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales (CARI). El Documento se llamó “Seremos afuera lo que
seamos adentro” y allí se explicitaban los lineamientos centrales de lo
que el próximo Gobierno debiera tener en cuenta para encarar la política
exterior.
Este ‘Grupo Consenso’ estaba integrado,
entre otros, por Andrés Cisneros (exvicecanciller de Carlos Menem), el
analista internacional Jorge Castro, Fernando Petrella (también
exvicecanciller de Menem, en su momento procesado por la venta ilegal de
armas), Rogelio Pfirter, actual embajador ante la Santa Sede, el hoy
ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, y Fulvio Pompeo, en
aquél momento subsecretario de Relaciones Internacionales del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, figura central para las relaciones
internacionales del PRO, una especie de ‘canciller en las sombras’ desde
la asunción del presidente Mauricio Macri, y recientemente nombrado en
un nuevo puesto de gran influencia en cuestiones de Política Exterior,
Defensa y Seguridad: la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Ese era, de
haberlo, el Programa de Cambiemos en materia de política Exterior.
Tres puntos destacaban en el Documento:
la Argentina debía ‘acoplarse’ al mundo actual como proveedora alimentos
y energía, donde “se debe trabajar para fortalecer nuestras
tradicionales relaciones con Europa y los Estados Unidos”; establecer un
esquema de diálogo “maduro” hacia Londres “evitando confrontaciones
estériles”, en referencia a la cuestión Malvinas; y se proponía “una
adecuada convergencia entre el Mercosur atlántico y la promisoria
Alianza del Pacífico” para abandonar así el “aislamiento”, en sintonía
con una política exterior “en clave económica”, desideologizada (como
tres años después repetiría el propio Jair Bolsonaro).
Los primeros pasos de un nuevo rumbo en materia exterior
En el mes de enero de 2016 el presidente
Macri asistió al Foro de Davos realizado en Zurich después de trece de
años de ausencia de un presidente argentino en dicho ámbito. El
encuentro con CEOs de empresas multinacionales y con otros mandatarios
fue presentado como ‘fundamental’ para un país al que, de acuerdo con el
propio presidente, llegaría una “lluvia de inversiones” ante el cambio
de signo político, como consecuencia de una genuina y necesaria
‘apertura al mundo’. Ya en febrero de ese año, el Gobierno presentó un
preacuerdo para resolver el litigio con los denominados ‘fondos buitre’;
la medida fue aplaudida por el FMI y el secretario del Tesoro de los
Estados Unidos, Jack Lew. Y el Gobierno la enarboló como el fin del
aislamiento y la vuelta a los mercados internacionales[9].
Durante ese primer año de mandato,
Mauricio Macri hizo un esfuerzo por mostrar la ‘nueva image’” viajando a
trece países y realizando quince reuniones bilaterales[10].
Recibió a Barack Obama a poco de cumplir los 100 días de Gobierno, y
también vinieron François Hollande (Francia), Shinzo Abe (Japón), Justin
Trudeau (Canadá), Matteo Renzi (Italia), entre los más importantes.
Incluso se reunió con Xi Jinping y Vladimir Putin en el contexto del
G20, así como con Angela Merkel, Mark Rutte, Mariano Rajoy y Emmanuel
Macron. Recién en abril de 2017 se produciría el encuentro con Donald
Trump en la Casa Blanca.
En el marco de esta nueva orientación,
Argentina se integró como observador de la Alianza Pacífico, en la
reunión de Puerto Varas del mes de junio de 2016, en un contexto donde
los tipos de integración en marcha en América Latina estaban en disputa.
En oportunidad de la crisis política brasileña que derivó en el impeachment
contra Dilma Rousseff y su posterior destitución en agosto de 2016, la
posición del Gobierno argentino fue la de “respetar el proceso
institucional que se está desarrollando en Brasil” –tal como afirmaba el
documento de la Cancillería– lo que en los hechos era avalar un nuevo
golpe blando en la región. Respecto de Venezuela, tanto durante la
campaña como después de su asunción, Mauricio Macri expresó su posición
de apelar a la Carta Democrática del Mercosur contra ese país, y estas
intenciones se ratificaron el 2 de diciembre con la suspensión de
Venezuela en una situación totalmente irregular[11]. Aún más: en el marco de una visita a Nueva York en noviembre Macri pidió un ’embargo completo’ contra ese país.
A contramano de la vocación política
alternativa que significaron la Unasur y la CELAC, organismos en los que
Argentina tuvo un rol protagónico, el Gobierno fue confirmando un nuevo
alineamiento internacional. Por ejemplo, respecto de Gran Bretaña: por
un lado, incluso mediante un ‘paso en falso’ diplomático, cuando el
presidente – durante su viaje a la Asamblea General de la ONU del 2016–
anunció que la premier británica, Theresa May, había consentido dialogar
sobre la soberanía en Malvinas, cuestión que no había ocurrido. Por
otro lado, unos meses más tarde, al firmar la Declaración del 13 de
septiembre de 2016 en la que el Gobierno argentino, a través de su
canciller, se comprometió a “adoptar las medidas apropiadas para remover
todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico” de las
Islas, incluyendo claramente lo referido a “comercio, pesca, navegación e
hidrocarburos”, una cuestión completamente contraria a la soberanía y
límites de la propia plataforma continental.
Otro lastimoso ejemplo, esta vez hacia
Estados Unidos, fue el voto argentino en la Asamblea General de Naciones
Unidas respecto del anuncio de la Casa Blanca de trasladar su embajada a
Jerusalén. Yemen y Turquía presentaron un Proyecto de Resolución para
tratar de detener la ejecución de dicho traslado. A diferencia de Chile y
Brasil, la Argentina se abstuvo, diferenciándose de la mayoría de los
países del mundo (la moción fue aprobada por 128 votos), y modificando
una conducta histórica. En el mismo sentido, debe comprenderse el
acuerdo firmado con el estado norteamericano de Georgia para la
participación de la Guardia Nacional estadounidense (como parte del
Comando Sur) en asuntos de Seguridad y Defensa de Argentina; un acuerdo
que es parte del Programa de Asociación Estatal (SPP, por sus siglas en
Inglés) del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
La consolidación del alineamiento: de Davos a la ‘inserción inteligente’
Desde mediados de 2017 y durante el
2018, la política exterior argentina profundizó la dirección asumida,
con la insistencia de profundizar las relaciones comerciales con Europa,
en particular el Acuerdo Mercosur–Unión Europea; es allí que cobra
atención el reemplazo de cancilleres y la asunción de Jorge Faurie (que
se había desempeñado como embajador en Francia). Macri volvió a insistir
con la ‘cuestión de Venezuela’, en el marco de una visita a Nueva York
en el mes de noviembre de 2017, donde solicitó un “embargo completo”
contra ese país, y confirmó, como orientación diplomática, la necesidad
de la “lucha contra el terrorismo internacional y del narcotráfico”, un
tema por el cual, desde su asunción, ha permitido que la Drug
Enforcement Administration (DEA) instalara dos Task Force en las provincias de Salta y Misiones[12].
Sin embargo, sea el desplante de Donald
Trump frente a las demandas argentinas por el biodiésel este 2018, o la
fallida cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en la
Argentina en diciembre del año pasado –respecto de las expectativas de
avanzar con los acuerdos entre Mercosur y Unión Europea– lo que cada vez
ha quedado más en evidencia es la falta de comprensión de la
Cancillería respecto de las dinámicas globales. Se trata de un déficit
también correspondiente a la falta de una verdadera definición respecto
de lo que supone el ‘interés nacional argentino’. Esta indefinición y
vaguedad intenta, por momentos, ser contrarrestada con una serie de
planteos (conceptuales) que no hacen más que ratificar el ‘realismo
periférico’ con el que se encaran las posiciones del país en el
‘concierto de naciones’. La última formulación del canciller Faurie ha
sido la de procurar una ‘inserción inteligente’: “Inteligente es para
nosotros la inserción que genera oportunidades; una política exterior
abierta y centrada en nuestros intereses que (…) consolide la presencia
de la Argentina en el mundo, capitalice la relación con cada uno de los
países en los que exista una oportunidad, multiplique las alternativas
para llevar nuestros productos a nuevos mercados y profundice el acceso a
los ya conquistados”[13].
Ese planteo resume de forma clara la
política exterior argentina de Cambiemos: en la práctica, un
alineamiento geopolítico a los intereses de EE. UU. que degrada (y cada
año que pasa la regresión avanza) toda posición soberana, bajo la
retórica de una ‘inserción’ cada vez mayor. La realidad muestra todo lo
contrario: la inserción productiva de Argentina en el planeta es del
0,32% del total[14]. Demasiado poco para las grandilocuentes expresiones reiteradas durante la última reunión del G20 en Buenos Aires.
[1] Para un análisis exhaustivo del aspecto económico del Gobierno de Alianza Cambiemos ver: https://www.celag.org/tres-anos-de-macri-balances-y-perspectivas-de-la-economia-argentina/
[2] https://www.lanacion.com.ar/1970226-cambiemos-logro-el-739-de-los-votos-al-aprobar-leyes
[3]
Si bien el balotaje fue incorporado en dos ocasiones, la Revolución
Argentina de 1972 y la reforma constitucional de 1994, el balotaje
previsto para el 18 de mayo de 2003 no se realizó ya que Carlos Menem,
el candidato más votado, no superó el 45% de los votos, o el 40% con una
diferencia superior a los diez puntos con el segundo. Dado que
prácticamente todas las fórmulas derrotadas apoyaron a Néstor Kirchner
en la segunda vuelta y con las encuestas pronosticando una segura
derrota, Menem resolvió no presentarse a cuatro días de realizarse los
comicios.
[4] http://www.telam.com.ar/notas/201806/288915-el-gobierno-profundiza-el-dialogo-mano-a-mano-con-gobernadores-tras-el-acuerdo-con-el-fmi.html[5] https://www.ambito.com/congreso-2017-uno-los-periodos-menos-leyes-sancionadas-casi-30-anos-n4005671
[6] https://www.politicargentina.com/notas/201805/25728-macri-y-los-vetos-cuales-fueron-las-leyes-del-congreso-que-el-presidente-elimino-desde-que-llego-a-la-rosada.html
[7] https://www.ambito.com/el-congreso-sanciono-2018-la-menor-cantidad-leyes-el-retorno-la-democracia-n5003064
[8] http://www.parlamentario.com/noticia-111496.html
[9] Mathus Ruiz, Rafael, “El Gobierno les pagó US$ 9300 millones a los fondos buitre y dejó atrás el default”, Diario La Nación, 23 de abril de 2016. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1892068–el–gobierno–les–pago–us–9300–millones–a–los–fondos–buitre–y–dejo–atras–el–default.
[10] Miguez, Maria Cecilia (2018) “Las bases de la política exterior del gobierno de la alianza Cambiemos” Ponencia presentada a IV Jornadas IEALC, UBA, Buenos Aires, 14–16 de noviembre.
[11] Vázquez, Mariana, “Crónica de un golpe anunciado”, Diario Página 12, 11 de diciembre de 2016. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/8118–cronica–de–un–golpe–anunciado
[12]
“Bullrich acordó con la DEA el despliegue de una TASK FORCE en
Misiones” Agencia Telam, 9 de febrero de 2018. Disponible en
http://www.telam.com.ar/notas/201802/249072–bullrich–acordo–con–la–dea–el–despliegue–de–una–task–force–de–la–dea–en–el–noreste–argentino.html
[13] https://www.clarin.com/opinion/insercion-inteligente_0_ryxrHqxdf.html[14] https://www.lacapital.com.ar/opinion/a-tres-anos-la-nueva-politica-exterior-argentina-n1673912.html
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