Unos 500 migrantes centroamericanos pidieron al gobierno
de Tijuana, Baja California, que abra la Unidad Deportiva Benito Juárez
–ubicada en la zona norte de la ciudad– para que los albergue hasta que
el gobierno de Estados Unidos inicie los trámites de atención por asilo
político.
Los indocumentados permanecen afuera del deportivo desde que se les
desalojó el inmueble municipal porque la Secretaría de Salud ordenó su
clausura, al considerarlo un espacio insalubre por la basura ahí
acumulada y los estragos generados por la lluvia.
Los centroamericanos solicitaron ayer utensilios de limpieza y
camiones de basura para adecuar el deportivo y usarlo como refugio.
Más de 2 mil migrantes se encuentran desde hace una semana en el
centro de espectáculos El Barretal, que se habilitó como albergue
temporal para atender el éxodo proveniente de Honduras, Guatemala y El
Salvador.
El sábado anterior recibieron la visita del sacerdote y activista
Alejandro Solalinde, quien se pronunció por que reciban un lugar para
quedarse diferente a El Barretal porque allí se encuentran grupos que
los engañaron para trasladarse a Tijuana, donde les aseguraron que todo
estaba resuelto para su asilo.
El gobierno estadunidense ofrece un promedio de 50 entrevistas
diarias con autoridades migratorias. Los entrevistados cruzan a
California, se les aloja en el puerto fronterizo y después son
trasladados a alguna estación migratoria en calidad de detenidos o son
deportados.
Fueron policías los que agredieron a migrantes
En este contexto, el titular de la Fiscalía General de
Veracruz, Jorge Winckler, dio a conocer que se investiga la presunta
participación de policías en la agresión a un grupo de centroamericanos,
que dejó una mujer muerta y tres lesionados, entre ellos un niño de
tres años.
En conferencia de prensa, dijo que en el ataque cometido la madrugada del sábado
las líneas de investigación son la probable participación del crimen organizado y no se descarta la participación de policías, pues los migrantes que se mantuvieron a salvo los señalan como responsables de la agresión armada ocurrida en el municipio veracruzano de Juan Rodríguez Clara.
Winckler dijo que el caso ya fue notificado a la Procuraduría General
de la República (PGR) para que participe en la investigación,
dada la probable comisión de los hechos por parte de personas dedicadas al tráfico de indocumentados.
Antonio Heras y Eirinet Gómez
Corresponsales
Periódico La Jornada
No hay comentarios:
Publicar un comentario