Chile
ha ocupado el Litoral y se ha apoderado de él con el mismo título que
Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena, con el mismo título
con que los Estados Unidos de América del Norte han tomado Puerto Rico.
Nuestros derechos nacen de lo victoria, la ley suprema de las naciones.
Que el Litoral es rico y vale muchos millones, eso yo lo sabíamos. Lo
guardamos porque vale, que, si no lo valiera, no habría interés en su
conservación.
Abraham Konig, Ministro Plenipotenciario de Chile en La Paz, 1900
El
1 de octubre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La
Haya, Holanda, falló por 12 votos contra 3 en favor de Chile en el
proceso judicial que venía enfrentando a los 2 países vecinos desde
2011, pero cuyas raíces históricas se remontan al siglo XIX.
El
fallo fue contundente en contra de las argumentaciones esgrimidas por el
equipo jurídico representante del Estado Plurinacional de Bolivia, un
fallo que probablemente no se esperaba ni en el escenario más pesimista
boliviano, ni en el más optimista chileno.
La sentencia de La
Haya sin duda cierra un ciclo, que comenzó en 1879 cuando Chile invade
militarmente el puerto boliviano de Antofagasta, y en una guerra que
dura 4 años, le arrebata a Bolivia 120.000 km2 ricos en guano, salitre,
bórax, cobre y plata.
Cuando Bolivia nace como República
independiente de la mano de Bolívar, contaba con 400 kilómetros de
costa, articulados en 2 provincias, La Mar y Atacama, que contaban a su
vez con 4 puertos, Antofagasta, Cobija, Tocopilla y Mejillones, además
de dos poblaciones interiores, Calama y Antofagasta.
La Guerra
del Pacífico tuvo como objetivo, como la mayoría de las guerras
actuales, hacerse con el control de recursos naturales estratégicos para
la economía de cualquier nación, y culminó en un vergonzoso tratado que
las elites políticas y económicas chilenas obligaron a sus pares
bolivianas a firmar la sentencia “[…] quedan reconocidos de dominio
absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocupados por éste…”.
Las
consecuencias de la privación de la soberanía territorial a la que fue
sometido por Chile, se calculan, según la investigación “Bolivia: un
país privado de litoral”, en hasta el 1’5% del PIB anual, que
actualmente vienen a ser en torno a 1.500 millones de dólares en
pérdidas para el Estado boliviano.
Sin embargo, durante 100 años
el Estado chileno ofreció en incontables ocasiones, intercambio de
documentos y negociaciones, incluso al máximo nivel como el Acuerdo de
Charaña (1975) entre los dictadores Pinochet y Banzer, negociar una
salida soberana al océano Pacífico para Bolivia.
Y en eso llegó
Evo, y el 23 de marzo de 2011, anunció lo que ningún otro Presidente
boliviano se había atrevido a hacer, llevar a los tribunales
internacionales la injusticia del enclaustramiento al que Chile había
sometido a Bolivia.
La estrategia era clara, no tocar el injusto
Tratado de 1904, pues el Pacto de Bogotá, que confiere jurisdicción a la
CIJ impide impugnar negociaciones y tratados anteriores a la firma del
Pacto, en 1948. Y sin objetar el tratado, basarse en una formula
jurídica progresista e innovadora, la de los derechos expectaticios.
Esta estrategia plantea que el intercambio de propuestas, y
declaraciones unilaterales, generaba expectativas y podía constituirse
en un acuerdo internacional con derechos y obligaciones. Por eso, en vez
de pedir a La Haya que dictaminase una determinada franja X o Y de
territorio, pedía se obligase a Chile, en base a las propuestas previas,
a negociar de buena fe una salida soberana al mar para Bolivia.
La
estrategia impulso además la unidad nacional en torno a la demanda
boliviana, cohesionando la identidad nacional y sumando a oficialistas y
opositores, representados en todos los ex presidentes y ex cancilleres
de Bolivia, convocados e informados permanentemente por Evo, quien
además nombró como vocero de la causa marítima al ex Vicepresidente de
Sánchez de Lozada, el historiador Carlos Mesa.
Si embargo, la
sentencia de La Haya, realizada desde el positivismo jurídico, aunque no
niega la reivindicación histórica boliviana, echa por tierra la
posibilidad de una posible negociación con Chile asumiendo que las
pruebas (documentos) presentados por Bolivia, no obligan a Chile a
negociar, aunque deja algunos resquicios. En su párrafo 176 se afirma
que “La conclusión de la Corte no debe entenderse como un impedimento a
que las partes continúen su dialogo e intercambios, `para atender los
asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia. Con la
voluntad de ambas partes pueden llevarse a cabo negociaciones
significativas”.
Asimismo, el juez somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf,
Presidente de la CIJ, afirmó en la lectura de la sentencia que “a pesar
de este fallo, la CIJ invita a ambos gobiernos a buscar una forma de
entablar un diálogo sobre este asunto”.
El escenario que se
abre ahora no es sencillo, Chile ya ha anunciado, en reunión de ex
presidentes, que esperan tener en 2019 un presidente electo (que no sea
Evo) con quien conversar. Pero es muy difícil que el país que para
muchos es el Israel de Sudamérica, más amigo de Estados Unidos que de
sus vecinos, pueda querer negociar siquiera una salida al mar sin
soberanía. Mar privatizado y en manos de 7 familias chilenas que
explotan sus recursos naturales. De momento, para incluso comenzar a
hablar, Chile ya ha puesto sus condiciones: respeto al Tratado de 1904 y
acatamiento del fallo de la CIJ.
Bolivia por su parte, debe
comenzar a explorar las 2 salidas que tiene en el horizonte. Hacia el
Pacífico por medio de la concesión del Puerto de Ilo, firmada con Perú
en 1992, y hacia el Atlántico la salida vía Puerto Busch, basada en un
tratado con Paraguay de 1932 que le permite el libre transito vía
Paraguay y Argentina hasta el océano.
Asimismo, es probable que el gobierno de Evo Morales dé un nuevo impulso
a la propuesta de corredor ferroviario interoceánico, que conectaría,
pasando por Bolivia, el puerto brasileiro de Santos, con el Puerto de
Ilo en Perú. El interés chino en este Canal de Panamá terrestre es más que notable.
Recorrer
la vía de la demanda marítima era una obligación para la nueva Bolivia
que desde 2005 ha ido recuperando su soberanía política, económica y
también territorial (mediante la expulsión de la DEA o USAID, por
ejemplo). Que se haya sufrido una derrota en un tribunal cuya finalidad
última es mantener el orden geopolítico no va a detener a un Estado cuya
Constitución dictamina, en su artículo 267 que: “I. El Estado boliviano
declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio
que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La
solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y
el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen
objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano.”.
Además, no podemos olvidar que, como nos recuerda el entrañable Coco
Manto, ex Embajador de Bolivia en México, en las causas justas no hay
derrotas, solo victorias postergadas.
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