Guatemala
Nueva Sociedad
Frente a las
acusasiones de corrupcion, el presidente guatemalteco ha decidido
emprender una batalla contra la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). La sociedad se moviliza para evitar que los
delitos que involucran a Jimmy Morales y a su partido queden impunes.
Sin embargo, el presidente se atrinchera y, sin ningún modo diplomático,
desafía a las instituciones y al Estado de derecho.
Cuando el 3 de septiembre de 2015, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina debió renunciar al cargo
para enfrentar el juicio que por denuncias de corrupción se le había
iniciado, muchos ciudadanos imaginaron que se abrían las puertas de un
proceso rápido y pacífico para la construcción de la democracia y el
imperio de la ley. Tres años después, la sombra del retorno a los
regímenes autoritarios con fachada democrática se cierne sobre el país.
Casi
a las puertas de un nuevo proceso electoral, aquel año resultó atípico.
Por primera vez en cinco lustros, quien había perdido la segunda vuelta
electoral en el evento anterior no resultaba ganador. Los últimos cinco
presidentes habían necesitado disputar una elección previa para luego
salir triunfadores, estableciéndose cierta lógica de construcción de
imagen por casi ocho años. Esta vez, Manuel Baldizón, que en 2011 había
competido en el balotaje contra Pérez Molina, no conseguía siquiera
pasar al segundo turno, el que fue disputando entre Sandra Torres,
candidata del partido que había hecho gobierno de 2008 a 2012, cuando
era esposa del presidente, y Jimmy Morales, un cómico bastante conocido a
nivel popular pero desconocido en el ámbito político.
La crítica
a los políticos de viejo cuño, producto de la escandalosa corrupción
desnudada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG), unida a que las clases medias urbanas habían introyectado un
visceral rechazo a la ex esposa del ex presidente Álvaro Colom
(2008-20012), hizo que el cómico ganara con facilidad el segundo turno, a
pesar de que no tenía programa de gobierno y no le acompañaban personas
minimamente conocedoras de la gestión pública. Su elección fue, en
consecuencia, un salto al vacío del electorado, confiado apenas en la
promesa (paranada demostrada) de que el candidato no era ni corrupto ni
ladrón.
Empresarios y clases medias acomodadas intentaban
recuperar el proyecto neoliberal que, clientelarmente, había enarbolado
el ahora detenido Pérez Molina, por lo que legal e ilegalmente,
financiaron la campaña del cómico recién llegado a la política.
Por
su parte, la CICIG establecida por Naciones Unidas en 2006, a pedido
del Estado guatemalteco para enfrentar los cuerpos ilegales y aparatos
clandestinos de seguridad (ciacs) había evolucionado, proporcionando
también asesoría y tecnología útil para la persecución penal de la
corrupción, consiguiendo que, presentando pruebas fehacientes de actos
ilícitos, se enjuiciara y encarcelara al ex presidente Pérez Molina, así
como como a la vicepresidenta Roxana Baldetti y a un nutrido número de
ex funcionarios y empresarios.
La CICIG, conducida desde septiembre de 2013
por el colombiano Iván Velázquez, mantuvo abiertas una serie de
investigaciones que, semana a semana, conducían al encarcelamiento
preventivo de una amplia gama de acusados de corrupción y malversación
de fondos públicos.
El cómico, ahora presidente, hizo público su apoyo a la permanencia de la CICIG en el país por dos períodos más, es decir, hasta 2021, declarándose el principal enemigo de la corrupción.
Sin
embargo, en uno de los tantos casos investigados y denunciados en 2016,
el hermano y el hijo del presidente resultaron implicados, lo que
condujo a que la Comisión y el Ministerio Público (MP) pidieran su
enjuiciamiento, lo que conllevó a su detención. Si públicamente el
presidente Morales declaraba que la situación de sus familiares no
afectaba su apoyo a la CICIG, en entrevistas televisivas llegó a justificar ese comportamiento ilegal,
desatando desde entonces la persecución mediática y política a la Jefa
del MP y el responsable de la CICIG, tratando por todos los medios de
desacreditarles y conseguir la remoción de Velázquez, campaña en la que
todos aquellos que tenían causas pendientes con la justicia por delitos
de peculado y corrupción financiaran y participaran activamente.
Para
complicar más la situación del presidente y sus allegados, la CICIG
constató que en su campaña electoral había recibido financiamiento no
declarado, lo que resulta un ilícito según la legislación electoral
guatemalteca. La CICIG y el MP no tuvieron más que pedir que el Congreso
le retirara la inmunidad y autorizara le juzgara juez competente.
Si
ya la acusación y encarcelamiento de su hijo y hermano había colocado
al presidente contra el responsable de la Comisión contra la impunidad,
el pedido de retiro de la inmunidad hizo que, dos días después de
presentado, se le declarara non grato y se le exigiera salir del
país. Tuvo que interceder el recién nombrado Procurador de los Derechos
Humanos quien, al presentar una solicitud de amparo ante la Corte de
Constitucionalidad, logró impedir que el exabrupto presidencial se
concretase.
Con los éxitos obtenidos por la CICIG en la
investigación de un sin número de casos de corrupción, que condujeron al
enjuiciamiento y detención de más de una centena de funcionarios de
alto y mediano rango, incluidos diputados ex directivos del Congreso,
así como de empresarios de la industria de la construcción y de otras
actividades, el prestigio de la Comisión ha llegado ha ser casi unánime,
mientras el gobernante y sus allegados son, cada vez más rechazados. El
rechazo se extendió a los diputados del Congreso, al negarse a retirar
la inmunidad al presidente.
Las investigaciones en los distintos
asuntos no se detuvieron. En abril de 2018, fue denunciado otro caso de
financiamiento electoral ilícito al partido del actual presidente.
Siendo él responsable legal de su partido, los delitos le son
directamente endilgados. Dueños de las más importantes empresas del país
habían financiado ilegalmente la campaña del presidente, simulando
transacciones y emitiendo facturaciones falsas.
Los empresarios aceptaron su responsabilidad
y están siendo juzgados, gozando sin embargo de libertad condicional.
El presidente, por su parte, no asume la suya, procurando por todos los
medios expulsar al comisionado e impedir, por todos los medios, que el
Congreso de la República le retire la inmunidad.
El último día
de agosto, desde tempranas horas, vehículos policiales artillados se
apostaron frente a las oficinas de la CICIG, así como radiopatrullas y
grupos policiales se apostaron frente a distintos medios de
comunicación, en una ostentosa demostración de presión nunca vista en
los últimos veinte años. Al mediodía, el presidente Morales, rodeado de
altos mandos del Ejército y la Policía Nacional Civil hizo pública su
decisión de no prorrogar el mandato de la Cicig, por lo que el 3 de
septiembre de 2019 tendría que retirarse. Para tal anuncio el despliegue
de fuerzas policiales y la presencia de jefes militares en su
conferencia resultaba innecesaria, dejando en el ambiente la sensación
de que o había fallado alguna acción policial de mayor envergadura, o
era el anuncio de la militarización de la seguridad nacional.
Días
después, el Comisionado Iván Velazquez debió salir al extranjero,
situación que el gobierno aprovechó para hacer pública su decisión de no
permitirle el regreso al país.
En respuesta, distintas
organizaciones sociales organizaron marchas y plantones en la ciudad y
las carreteras, todas en apoyo a la Cicig y críticas a las decisiones
gubernamentales. Pero si los plantones en carreteras apenas contaron con
vigilancia policial, las movilizaciones en la ciudad capital fueron
vigiladas y limitadas por un inusual dispositivo policial, acompañado de
miembros del Ejército fuertemente armados.
De la noche a la
mañana, el país y la ciudad capital en particular, se ha visto
militarizado, con una clara intensión de atemorizar e inhibir la
movilización social. Sin embargo, con mayúscula creatividad, los
ciudadanos en distintas ciudades aprovecharon las celebraciones de la
Independencia para expresar su crítica y rechazo al gobernante y sus
decisiones, obligando al gobierno a parapetarse en dispositivos
militares y policiales cada vez más ostentosos y preocupantes.
Ante
el pedido a la Corte de Constitucionalidad para que se permitiera el
ingreso del Comisionado, el domingo 16 por la noche esta resolvió
favorablemente, estableciendo la ilegalidad de la orden que impide su
retorno al país. Sin embargo, el gobierno en lugar de acatar tal
disposición, en horas de la tarde del lunes hizo pública su decisión de
mantener la prohibición, exigiendo al Secretario General de Naciones
Unidas que nombre cuanto antes un nuevo comisionado.
La posición
altanera y autoritaria del gobierno evidencia que el único interés es
impedir que el presidente sea juzgado por sus supuestas faltas y
delitos, cerrándose toda posibilidad a la solución negociada de un
problema creado por un gobernante que, en los hechos, muestra que se
considera por encima de la ley y las disposiciones internacionales.
Mientras
los sectores más conservadores, vinculados directa o indirectamente a
la corrupción y crímenes de lesa humanidad del pasado cierran filas con
el presidente para impedir ser presentados ante los tribunales,
distintos actores sociales se movilizan cada vez más organizadamente,
para impedir un retorno al pasado tenebroso de sangre y corrupción que
muchos aún recuerdan.
Mientras tanto, el gobierno se aleja de los
más mínimos modos diplomáticos para solucionar la cuestión, empecinado
en impedir el regreso del Comisionado e imaginando que con ello todos
los problemas legales del presidente se verán solucionados. Pero
afortunadamente, la sociedad avanza cada día más en sus movilizaciones y
organización, sin que por ahora se tenga claro cual puede ser el
desenlace.
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