El segundo semestre de 2018 ha estado fuertemente marcado por un incremento de la movilización social en diferentes países de la región. Diversas marchas, protestas, plantones, paros, huelgas, ocupaciones, etc. han copado las agendas políticas de los gobiernos de la derecha regional.
Tanto aquellos que asumieron la presidencia con la promesa de ‘cambio’ (caso del argentino Gobierno de Mauricio Macri); como quienes ofrecieron ‘estabilidad’, pero dieron un giro de 180o con su política económica, social y geoestratégica respecto del Gobierno anterior (buen ejemplo de ello es Lenín Moreno, en Ecuador); así como los que representaron opciones continuistas de sus predecesores (en Honduras, Guatemala, Costa Rica y Paraguay) hoy son presa de multitudinarias manifestaciones en respuesta a políticas económicas de ajuste, o a las acciones y omisiones asociadas a la corrupción de sus propias formaciones políticas.
La inestabilidad política en Argentina, Ecuador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Paraguay emerge y lo hace no de forma coyuntural, sino como producto de un malestar social latente, que los administradores de la derecha regional no han sabido atajar. No lo han hecho siquiera en el mediano plazo, como es el caso de los gobiernos de Mauricio Macri, Lenín Moreno y de Jimmy Morales. Y tampoco en el corto plazo: en Honduras, Costa Rica y Paraguay los gobernantes electos entre finales del 2017 e inicios del 2018 ni siquiera alcanzaron a experimentar la llamada “luna de miel” postelectoral.
Las movilizaciones que amenazan la estabilidad política de los gobiernos de la derecha regional han tenido altos niveles de participación de jóvenes y, especialmente, en Argentina, Ecuador y Costa Rica han movilizado a los sindicatos y trabajadores públicos, reacios a las medidas de ajuste que afectan fundamentalmente a las clases medias y a las capas sociales más vulnerables. Por ello, se puede decir que, a diferencia de otras movilizaciones que han tenido lugar en la región -las cuales han estado marcadas por la participación de formaciones y de grupos opositores a los gobiernos de turno- en las movilizaciones que están teniendo lugar en Argentina, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Paraguay hay un componente pluriclasista que define una perspectiva de amplia participación de la ciudadanía indignada.
Y, a pesar de la amplia participación social al interior de los países, la repercusión mediática internacional y el seguimiento por parte de organizaciones supranacionales defensoras de los derechos humanos y la democracia ha sido menor. Más bien son las redes sociales y los medios no tradicionales los que marcaron la pauta informativa. A su vez, se han convertido en espacios de denuncia a las violaciones de derechos humanos que han tenido lugar después de las respuestas violentas alentadas por los gobiernos, cuya salida es la represión, persecución, criminalización y tortura de personas que demandan un cambio de rumbo.
Este informe tiene como objetivo analizar la casuística de los países previamente indicados, a fin de identificar escenarios y perspectivas comunes de la inestabilidad de los gobiernos de la derecha latinoamericana, que, en un breve periodo de tiempo, acumulan un importante desgaste, resultado de las políticas neoliberales y la salvaguarda de la corrupción al interior de sus propias filas.

Argentina, la gran crisis

El 25 de septiembre se desarrolló el segundo paro nacional de trabajadores en contra del Gobierno de Mauricio Macri, que fue respaldado por todos los sectores sindicales, organizaciones populares y la mayoría de la ciudadanía. Se llegó a este punto luego de que Macri, en menos de tres años, llevara al país a una crisis económica fruto de un shock neoliberal, con una gigantesca brecha interna y endeudamiento externo (31 mil millones de USD más, sólo en 2018). Esta deriva que facilitó la fuga de capitales, destruyendo la industria nacional, el consumo interno, generando la inflación más alta desde el 2002 y una devaluación del peso argentino que llega al 100,2 %[i].
De forma ágil, el Gobierno Macri avanzó en la estrategia de quitar derechos individuales y sociales para ampliar el margen de ganancia de los capitales, con la promesa de ‘lluvia de inversiones’ extranjeras. Bajar salarios, dolarizar las tarifas de servicios y borrar los avances en materia de distribución de la riqueza durante los gobiernos progresistas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández fue la receta inicial de una promesa de ‘cambio’.
Desde 2016, es evidente el incremento de la movilización social en respuesta a las medidas económicas que van afectando a más ciudadanos. Las movilizaciones contra las tarifas de servicios domiciliarios se han multiplicado (el servicio de energía eléctrica ha subido 1.300% y el de gas 1.000%[ii]). Las movilizaciones en contra de la abrupta disminución del presupuesto de educación pública (que ha golpeado duramente el salario de maestros y profesores de la educación básica) han alcanzado a aglutinar cerca de medio millón de personas.
El punto más alto de esas movilizaciones fue contra la reforma previsional, a finales del año 2017, cuando, de forma transversal, la sociedad se expresó en masivas protestas para tratar de impedir el ataque al poder adquisitivo de los jubilados. Dichas marchas fueron duramente reprimidas por la policía e ignoradas por la mayoría parlamentaria macrista. Sin embargo, significaron un punto de inflexión en la imagen del Gobierno y el respaldo ciudadano a esas movilizaciones logró la primera derrota simbólica para el macrismo[iii].
Durante todo el año 2018, cada sector social afectado por el ajuste ha desarrollado movilizaciones por el salario y contra las políticas neoliberales. También se ampliaron las movilizaciones feministas, que venían creciendo desde años anteriores y llegaron a un punto histórico con tres grandes y multitudinarias manifestaciones: el paro feminista del 8 de marzo y las vigilias de junio y agosto frente al Congreso en respaldo a la ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo[iv].
El impacto social de las políticas económicas del Gobierno no sólo es visible en las calles, también lo es en el rechazo –incluso de una porción de votantes del macrismo– a su gestión: el 61% la desaprueba, el 19% aprueba algunas cosas y sólo el 16% aprueba toda la gestión[v].

Lo que falta y lo que viene

El ajuste neoliberal no termina, el Gobierno de Macri anunció nuevas y peores medidas en contra de la amplia mayoría social. Este fin de año será de mayor conflictividad, la inflación no cede, la devaluación continúa de la mano de la especulación financiera y la actividad industrial se desploma. Macri advierte que vendrán tiempos para ‘poner el hombro’, es decir, que la situación para las y los trabajadores empeorará. La respuesta seguirá siendo de movilizaciones que podrían escalonarse, en la medida en que la comida falte en la mesa.
La situación empieza a parecerse más a la década de los noventa. Con los fantasmas de la hiperinflación y del corralito financiero, el Gobierno tendrá que lidiar con el 2019, año de la elección presidencial y de una parte del Congreso. El escenario político sigue estando abierto, pero las condiciones favorables para el Gobierno, con la gran ayuda del blindaje mediático, se deterioran. En la actualidad el oficialismo sólo cuenta con el respaldo del núcleo duro de la derecha argentina y del Poder Judicial que está haciendo la tarea para impedir la unificación de la oposición, en la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la mejor posicionada en las encuestas.

Ecuador: el final de la luna de miel de Lenín Moreno

La luna de miel del Gobierno de Lenín Moreno ha terminado y, paulatinamente, Ecuador se ha insertado en un escenario de efervescencia social. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Frente Unido de Trabajadores (FUT) y la Unidad Popular –hasta hace poco aliados de Moreno– fueron los primeros en mostrar públicamente su descontento por el escaso resultado de los diálogos y la capitulación a los poderes económicos. Ya anunciaron movilizaciones. El correísmo, por su parte, concretó la tercera marcha y se posiciona como la principal fuerza de oposición, rompiendo un cerco mediático de tremendas dimensiones, e inédito en la historia contemporánea del país.
A pesar de haber construido un discurso de ‘diálogo’, Moreno se aleja de la base social y con ello erosiona su popularidad. Dentro de su estrategia para descorreizar el país, no supo cómo sintonizar con las grandes mayorías, ni pudo articular un movimiento anti-Correa de izquierda. Prefirió repartir rápidamente el poder entre la derecha y las antípodas del correísmo.
En este escenario el Gobierno se encuentra huérfano, tanto de coherencia ideológica con el plan de gobierno de Alianza País, como de una visión programática y de gestión del país. En 16 meses Moreno ha gestionado el Estado, aprovechando la institucionalidad que dejó Correa, pero sin impronta propia. Su plan estrella “Toda una Vida” es una continuación de lo que fue la Revolución Ciudadana durante los 10 años.
Sin embargo, el Gobierno fundamenta su visión en la crítica al modelo anterior. En principio, la crítica no es mala en tanto y en cuanto exista una destrucción creativa, en los términos de Sombart. No obstante, Lenín Moreno ‘avanza’ recuperando las políticas previas a la Revolución Ciudadana y restableciendo viejos equilibrios de poder. Es un Gobierno anacrónico que no ofrece una visión de futuro en ningún ámbito.
En lo económico las incoherencias son aún más claras. Abandonó los postulados del progresismo y, rápidamente, dio luz verde para una agenda de austeridad a la carta: despidos a funcionarios públicos, subida de los combustibles y, al mismo tiempo, rebaja y perdón de impuestos a los más ricos, y contratación de deuda pública para financiar a los importadores. Éstas y otras medidas colocan a Moreno como neoliberal en lo económico y conservador en lo político.
Los poderes que lo apoyan pensaron que con la persecución judicial a Correa y un escándalo mediático semanal podrían dar oxígeno a la gobernabilidad. Las cifras le dan la espalda y se acerca peligrosamente a un escenario de ingobernabilidad. Moreno evita, por ahora, una caída libre de la popularidad porque tiene un paracaídas: el cerco mediático de las corporaciones de la comunicación.

¿Qué se espera a futuro?

El caso de Ecuador es sui generis porque, a diferencia de los otros países, el ejercicio del poder del Gobierno de Moreno no responde a un conflicto clásico de disputa gobernante-grupos de presión. Moreno no sólo es un político con ausencia de liderazgo, también muestra signos de no querer ejercer el poder; prefirió delegarlo. Tácitamente él deja entrever que su vida política termina en 2021. En esta repartición del poder es donde el escenario se oscurece: Lenín Moreno se posiciona como un político descartable, pero al mismo tiempo encarna el puente hacia un nuevo equilibrio político, por ahora desconocido. ¿Quién verdaderamente gobierna? ¿Hacia dónde se dirige el nuevo equilibrio político en Ecuador?
Hace unos días el Movimiento CREO, de Guillermo Lasso, denunció el cobro de diezmos por parte de asambleístas –de diferentes bancadas– a sus asesores. El Partido Social Cristiano (PSC) y la presidenta de la Asamblea han declarado que esto es un intento por desestabilizar la Asamblea. Parece ser que la grieta dentro de la derecha política se agranda con un Lasso disminuido (por motivos de salud) y un Nebot que opera oficialmente dentro del Gobierno. En el medio, el grupo Ruptura de los 25 (ex socio de Rafael Correa y hoy en la derecha) cobra protagonismo y juegan desde el oficialismo a ser una bisagra entre Carondelet y los diversos operadores políticos que se disputan el poder. En este ejercicio, Ruptura compite a la interna con amigos personales de Moreno, entre ellos Gustavo Larrea.
A pesar de que hoy todos los grupos tienen el mismo objetivo, borrar el legado de Rafael Correa, este equilibrio se proyecta como efímero. Pronto los grupos a la interna deberán disputar el espacio vacío que ha dejado Moreno. Por su parte, los poderes económicos, tanto de la costa como de la sierra, parecen alcanzar un equilibrio estable al ser parte del frente económico, y continuarán pujando por achicar el gasto público y los impuestos para regresar al Estado del 2006.

Honduras, inestabilidad en una democracia restringida

Honduras mantiene un ambiente político de inestabilidad desde el proceso electoral culminado en diciembre de 2017, que concluyó con la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández (JOH), en medio de un proceso que fue declarado como fraudulento por todas las fuerzas políticas opositoras, grupos de observación internacional independientes y hasta por la misión de observación electoral de la OEA.
Las movilizaciones y el malestar de la ciudadanía se mantienen por la acción principal de la Convergencia Contra el Continuismo[vi], del Partido Libre y de otros movimientos sociales y de trabajadores, que en todo el territorio nacional se han expresado en contra del fraude y de la continuidad del actual presidente. Las últimas movilizaciones masivas congregaron a miles de manifestantes el pasado 30 de agosto y el 16 de septiembre, con una respuesta represiva y de estigmatización estatal en contra de la ciudadanía[vii].
El presidente Hernández logró imponerse a la fuerza y con el apoyo principal de los EE. UU. y la OEA, sobre la alianza opositora liderada por Salvador Nasralla. Éste, en medio de las masivas movilizaciones postelectorales, abandonó la alianza con el Partido Libre y decidió participar en un diálogo propuesto por el reelecto presidente, un intento de gobernabilidad que no logró disminuir el enojo de la ciudadanía por la represión, el apresamiento de manifestantes y el asesinato de líderes ambientales. Todo ello en medio de un creciente escándalo de corrupción estatal que alcanza a un amplio grupo de legisladores del Partido Nacional y el Partido Liberal, y que también involucra a Hernández y su familia, después de los informes realizados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras-MACCIH[viii].
El resultado de todo ese proceso es un modelo de empobrecimiento neoliberal que utiliza la fuerza policial y militar para ahogar las voces alternativas[ix], y que cuenta con un aparato estatal al servicio de esa continuidad, como lo demostró el Tribunal Supremo Electoral, que a la fecha no ha logrado explicar con claridad la desaparición de actas electorales y la denuncia de fraude. La ciudadanía, las organizaciones estudiantiles, el campesinado, grupos ambientalistas y sectores políticos siguen en las calles reclamando otro orden social, ampliando una grieta institucional abierta desde el golpe contra el presidente Zelaya (2009). Tal escenario que puede catalogarse como de ‘democracia restringida’, donde el poder presidencial y de las fuerzas policiales termina subyugando los derechos ciudadanos a la libre expresión, a la protesta social y a la demanda por justicia social.

Guatemala, se profundiza la crisis institucional

Una salida de las élites guatemaltecas a la crisis institucional desatada por los escándalos de corrupción terminó convirtiéndose en un eje articulador y transversal de movilización popular por el enojo y la indignación de la sociedad guatemalteca. El presidente Jimmy Morales llegó al Gobierno en el 2015 con el objetivo de conjurar la grave situación institucional que supuso la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina, producto de las evidencias de corrupción demostradas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)[x]. Sin embargo, sus actuaciones se encaminaron a la continuidad del régimen político del que hacía parte su antecesor y buena parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
La CICIG viene demostrando la anterior afirmación con sendos procesos de investigación y denuncias que apuntan hacia Jimmy y su familia. Ante tal situación, el presidente trató de expulsar a la CICIG, apoyado por las bancadas de los partidos de gobierno. Intentó escabullirse del antejuicio solicitado por la Fiscalía que lo acusa de financiamiento electoral ilícito. Ambas intenciones de Morales fueron revertidas por la enorme movilización social y por la persistencia de la Fiscalía[xi]. En las calles de Guatemala se está cambiando el escenario político nacional, que en el 2017 había favorecido a Morales cuando el Congreso se negó a desaforarlo por una primera causa de corrupción electoral, investigada por la Fiscalía y apoyada por la CICIG.
Las movilizaciones no cesan: desde hace semanas las plazas de ciudad de Guatemala son el escenario de manifestaciones ciudadanas, indignadas y cansadas de la palpable corrupción, y de un sistema de partidos que facilita el continuismo de quienes hasta ahora han gobernado ese país. De las consignas por la defensa de la CICIG y de su comisionado, el jurista colombiano Iván Velásquez (a quién Morales trató de impedir su entrada a Guatemala), las movilizaciones pasaron a exigir la renuncia del presidente, apoyadas por un sector del Poder Judicial que reconoce un 98% de impunidad en las causas judiciales por corrupción.
Sin que ningún sector político alternativo a las élites se perfile como canalizador de este descontento, las movilizaciones siguen creciendo y recibiendo apoyos de sindicatos, de organizaciones sociales y de una pequeña parte de la opinión pública internacional. Por ahora, las movilizaciones ciudadanas han logrado que se inicie el antejuicio a Jimmy Morales en el Congreso y que la CICIG continúe su labor de apoyo al Ministerio de Justicia. Si el clima de tensión social aumenta en las calles es posible que para Morales los días como presidente estén contados.

Costa Rica: ¿fracturada otra vez?

Tres meses después de su elección, el presidente Carlos Alvarado enfrenta una prolongada huelga, luego de que abriera paso a una regresiva reforma fiscal, con medidas como: 1) la instauración del IVA al 13% destinado a servicios[xii]; 2) el impuesto sobre la canasta básica del 2%; 3) el impuesto a las medicinas del 4%,[xiii] y; 4) el impuesto sobre organizaciones cuyos alquileres superen a dos salarios mínimos (1.490 USD), el cual ha generado críticas de Restauración Nacional debido a la afectación que sufrirían las iglesias evangélicas[xiv]. El ‘Combo Fiscal’ –como se le denomina popularmente– deja al Ministerio de Hacienda como el ente que definirá el destino del presupuesto gubernamental si la deuda del Gobierno central fuera del 50% del PIB, generando amenazas para programas sociales fundamentales para la población menos favorecida[xv].
Ante el desalentador panorama, la Unión de Centrales Sindicales[xvi] convocó una huelga nacional para el pasado 10 de septiembre. Desde sus inicios fue declarada como indefinida, en tanto el Gobierno no saque del debate legislativo el ‘Combo Fiscal’. En términos generales, la huelga fue muy amplia y sostenida principalmente fuera de la Gran Área Metropolitana[xvii]. Además del paro de labores, se han llevado a cabo marchas, bloqueos de carreteras, puentes y puertos, claves para la economía. Según la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (UCCAEP), las pérdidas alcanzan los 120 mil dólares semanales, siendo los principales afectados los agronegocios de piña y banano, dada la imposibilidad de transportar sus mercancías, que ahora deben ser tratadas como desechos[xviii].
La respuesta gubernamental fue la represión, la no escucha y la negativa a postergar de Combo Fiscal. Han sido distintos los conatos de violencia propiciados por la policía, que, para repeler al movimiento, ha utilizado gases lacrimógenos, el arresto de trabajadores y la violación de la autonomía de la Universidad de Costa Rica.
Por su parte, Carlos Alvarado y Rodolfo Piza (ministro de la Presidencia) sostienen que la huelga es injustificada e ilegal, por lo que iniciaron un proceso con los Tribunales de Trabajo para declararla como tal. En paralelo, se instauró una mesa de diálogo, con la mediación de la Iglesia católica. Este proceso ya ha sido identificado como largo y poco conciliador, pues ambas posturas son profundamente contrarias. Esto ratifica el escenario de inestabilidad social de cara a los próximos meses. De acuerdo a la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), el 65% de ciudadanos apoya la huelga. Además, la respuesta del Gobierno de Carlos Alvarado respecto a la Huelga Nacional, es valorada con un 4.3, en una escala del 1 al 10 (donde 1 es la mínima valoración y 10, la máxima)[xix]“.

Paraguay, la política escrachada

Pasaron tan sólo unos días de la elección presidencial en Paraguay del 22 de abril, cuando se dio comienzo a un proceso de movilización colectiva que ha tenido un fuerte impacto en la dinámica política del país. La ciudadanía, indignada ante la falta de probidad de los congresistas y la inoperancia de la Justicia, promovió la movilización para repudiar la impunidad otorgada al diputado colorado José María Ibáñez.
Su renuncia, tras días de escraches y protestas callejeras, fue el primer triunfo de un movimiento que se ha saldado con la salida del órgano legislativo del también político del partido Colorado, Óscar González Daher.
Las movilizaciones impulsadas por el autodenominado Grupo de Ciudadanos Indignados (GCI), para limpiar las cloacas de la política paraguaya continúan, y lo hacen no sólo en contra de los políticos del Partido Colorado (que contiene en sus filas un importante contingente de corruptos[xx]), sino que también han permeado las filas de otros partidos, como UNACE, con la renuncia de Jorge Oviedo Matto al Senado, así como el Liberal, con la creciente presión sobre el diputado Carlos Portillo (a quien el presidente del partido, Efraín Alegre, solicitó la renuncia).
El escenario del presidente Mario Abdo (Partido Colorado) fue anunciado por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que criticó encontrar candidatos imputados en las listas electorales que se presentaron el 22 de abril. En efecto, los comicios se desarrollaron en un contexto de malestar creciente de la ciudadanía frente a la clase política, y una demanda generalizada de cambio, ambos, signos de una crisis de representación que se sigue expresando en un aumento de la conflictividad social.
El panorama no ofrece una perspectiva de estabilidad para un presidente que empieza su Gobierno con una bancada legislativa manchada por la corrupción y que pone en aprietos la gestión de un país altamente polarizado. Abdo se mueve cautelosamente en una interna partidaria dividida y con escasa gobernabilidad parlamentaria: su partido no cuenta con una mayoría propia en el Senado: tiene 17 de 45 escaños, 11 le son fieles y el resto son del movimiento contrario, Honor Colorado, que lidera Horacio Cartes.
En Paraguay el espacio de la lucha anticorrupción está siendo copado por los ciudadanos que se organizan ante la insostenible situación. La oposición continua sin avanzar en la articulación y la capitalización de estas demandas. Por lo pronto, ningún actor político se constituye como liderazgo alternativo que consolide en los próximos cinco años una comunidad política capaz de arrebatar la hegemonía al coloradismo, cuya formación está lastrada por la corrupción y las prácticas clientelares y, más recientemente, por las prácticas nepóticas del presidente Abdo[xxi].

Reflexiones finales

Los gobiernos de la derecha regional avanzan en un clima de alta inestabilidad política y social. La implementación de políticas de ajuste económico, la ausencia de diálogo con los principales actores sociales y sindicales, la falta de claridad en cuanto a una hoja de ruta del accionar político e institucional y la corrupción como factor inherente a sus formaciones políticas son las tres variables que fundamentan la situación de conflictividad social.
La comunidad internacional atiende de forma insuficiente la situación de emergencia social que viven los países citados en este trabajo. El mutismo frente al aumento de la pobreza en Argentina, que cerrará 2018 afectando al 30 por ciento de la población -más de 13 millones de personas, cuando a fines de 2017 se encontraba, tras dos mediciones a la baja, en un 25,7 por ciento[xxii]-, o la omisión de la represión violenta a los manifestantes en países como Honduras, ponen en duda el papel de los medios de comunicación internacionales y de las instituciones supranacionales en cuanto a su compromiso con la democracia.
La tensión social es latente y se instala en diversos sectores de la sociedad, por ello no se evidencian perspectivas de alivio en el corto plazo. Esto servirá para socavar aún más la legitimidad de las derechas entre la ciudadanía, generando que los gobiernos que dieron continuidad a la avanzada conservadora en la región sean mucho más frágiles e inestables que los que lideraron la década ganada. Para algunos de ellos –los conservadores en lo político y neoliberales en lo económico– la carrera apenas comienza; otros ya llevan encima el desgaste de varios años que lastran el camino a la reelección. La clave de la disputa estará entre las opciones políticas capaces de capitalizar el hartazgo colectivo desde una perspectiva de impugnación a quienes acabaron con la paz social.

[x]La CICIG opera bajo el mandato de las Naciones Unidas, avalada por un convenio con el Estado de Guatemala firmado en el año 2006.
[xii] Extendiéndose a compras por internet así como otros servicios –Netflix y Spotify-.
[xiii]Tales como: reducción del monto a la dedicación exclusiva, anualidades, pago de horas extra y los nuevos incentivos serán modificados solamente por la Ley. Todos los derechos anteriores son denominados como privilegios por parte del Gobierno, sin que este considere a la brecha que sea crea con las personas interinas –personas trabajadoras que no cuentan con una plaza de trabajo-.
[xv] Según el Instituto Nacional de Estadística (INEC) la pobreza disminuyó en un 1,2% por Puente al Desarrollo, proyecto social estrella de la administración Solís Rivera.
[xvi] La cual nace en 2018.
[xvii] El centro urbano costarricense, conformado por: San José, Heredia, Alajuela y Cartago. Es importante destacar que estas provincias cuentan con espacios rurales también.