El presidente peruano
Martín Vizcarra anunció diversas reformas institucionales y
estructurales a ser consultadas con la ciudadanía, lo que le permitió
retomar la iniciativa política, maniatada por la mayoría del
fujimorismo-aprismo en el Congreso unicameral y la Constitución impuesta
por el dictador Alberto Fujimori en 1993.
La posibilidad de
introducir reformas para un mejor funcionamiento del sistema de justicia
y del sistema político, que se abrió súbitamente a partir del
entusiasmo ciudadano generado por el anuncio de una consulta, representa
una oportunidad que difícilmente se volverá a producir en los próximos
años, señala el analista Sergio Mariani.
La gobernabilidad peruana
quedó balanceándose sobre la tela de una araña tras la aparición de
audios que evidencian tráfico de influencias entre jueces de distintas
instancias e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, y la
multiplicación de las protestas y movilizaciones callejeras, que
pusieron a la intemperie la precariedad en la que operan las
instituciones públicas en Perú.
No se sumaron detalles de la
reforma político-electoral anunciada y muchos analistas especulan sobre
los efectos que podrían tener sobre la dinámica política, ya que de los
que se trata, básicamente, es de adelantar una nueva Constitución que
acoja dos temas primordiales: la reelección de los congresistas y la
restitución del sistema bicameral.
La propuesta sobre el control
del origen y los montos del financiamiento que se destina desde el
sector privado a las campañas electorales, parece ser la que menor
discusión genera, y varios expertos se inclinan por incluir
financiamiento público, de modo que disminuya la influencia de los
intereses particulares y la penetración del dinero de origen ilícito
sobre la dinámica política peruana.
En el tema de la reelección de
los congresistas se enfrentan dos criterios, el de la experiencia y el
de la renovación. En medio de esta crisis de credibilidad, pareciera
primar la renovación, para impedir la recreación de una clase
parlamentaria con intereses propios, y para ello muchos –apoyados en la
percepción popular- hablan de la no reelección absoluta.
Los
expertos advierten sobre los efectos que ha tenido la eliminación de la
reelección inmediata para los gobernadores regionales y alcaldes, una
reforma reciente con alto nivel de apoyo: la creciente presencia de
familiares que se postulan para continuar en esos cargos
Los
expertos presentan más opciones: La no reelección inmediata sino tras un
período parlamentario fuera; la reelección por un solo período (o sea
cumple dos períodos y suma experiencia), la elección por partes (mitades
o un tercio) que combina la posibilidad de renovación y experiencia.
La
reintroducción de la bicameralidad es otra de los temas propuestas y en
debate, dado que todo el país está hoy representado en apenas 130
parlamentarios. Sin embargo, no hay mayores definiciones sobre la
segunda Cámara (¿el Senado?). Se habla de una cámara baja con
representantes electos por cada circunscripción electoral, pero se teme
que la propuesta sea rechazada de plano por la ciudadanía y quede
descartada.
Respecto del Senado o cámara territorial también
existen variantes. La derecha quiere imponerla como cámara elegida por
distrito único nacional, para tener el control del parlamento por la vía
de una “cámara de notables”, mayormente limeños. Ante ello, otra
propuesta es la de constituir una cámara de las ocho macrorregiones en
apoyo a la descentralización del país, con no más de 50 o 60 miembros.
Nicolás
Lynch insiste en la necesidad de cortar el exceso de gastos en el
Congreso que atiende privilegios y no eficacia. El Congreso anterior al
golpe del cinco de abril de 1992 con 240 congresistas (180 diputados y
60 senadores) tenía 840 empleados y el actual tiene aproximadamente
4.200. Cada congresista en la actualidad cuenta con 10 empleados, cuando
debería bastar, con tres. De esta forma habría suficientes plazas y
presupuesto para atender al futuro Senado, apunta.
Lynch insiste
en que no se debe caer en el llamado “bicameralismo perfecto” que
consiste en que ambas cámaras repitan las mismas funciones, es decir que
se dediquen a lo mismo en términos de legislación y control y propone
que la iniciativa legislativa la tenga la cámara política o de diputados
y la revisión de las leyes el Senado.
Diputados se dedicaría a
investigar todos los sectores, salvo defensa, relaciones exteriores y
banca central, que estarían a cargo del Senado, junto con la
ratificación de los nombramientos de los embajadores y los altos mandos
de las Fuerzas Armadas, como ya ha sido en el pasado. “De esta manera,
podría haber un avance en la representación ciudadana, sin elitizar el
parlamento, sobreponer representación, duplicar funciones, ni tampoco
aumentar el gasto”, añade el analista.
Las reformas estructurales
anunciadas por Vizcarra y que finalmente se introduzcan en esta
coyuntura determinarán si Perú continúa con una precaria democracia de
ciclos interrumpidos de expansión económica y permanentes tensiones,
corrupción, secuestro de la democracia real, pugnas y frustración
colectiva, o si se abre por primera vez en su historia un largo ciclo
inclusivo de prosperidad y mayores oportunidades.
Mariana
Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista
asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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