Planes golpistas
El espectro de
una acción armada para derrocar al presidente Nicolás Maduro sobrevuela
Venezuela, en la forma de una sublevación militar animada por
Washington, de un atentado que siembre el caos, o incluso de un ataque
de fuerzas extranjeras. Un artículo en “The New York Times” reveló
reuniones de militares disidentes venezolanos con diplomáticos de
Estados Unidos.
Después de que en
agosto de 2017 el presidente estadounidense, Donald Trump, en una de sus
declaraciones críticas sobre Caracas, dijese: “Tenemos muchas opciones
para Venezuela, incluyendo una opción militar si fuese necesario”,
militares venezolanos dispuestos a rebelarse contra el presidente
Nicolás Maduro contactaron a responsables de Estados Unidos para
solicitar ayuda concreta para sus propósitos.
Washington
aceptó escucharlos, pero con desconfianza, y sus analistas no
percibieron certeza en los planes de los rebeldes, por lo que
descartaron involucrarse o proporcionar ayuda. El alzamiento entonces se
frustró, el gobierno detuvo a uniformados bajo sospecha y así redujo a
la mitad la hipotética fuerza rebelde de unos 300 oficiales.
Esa
es la nuez de un extenso relato que publicó The New York Times el
pasado 8 de setiembre y que de nuevo atrajo la atención de la prensa del
hemisferio hacia las espadas que penden sobre el presidente Maduro.
El gobierno venezolano tomó la nota del rotativo estadounidense como
evidencia de las acciones de Washington en su contra: “A confesión de
partes, relevo de pruebas. ¡Cuántas veces no ha denunciado el presidente
Nicolás Maduro la acción injerencista, brutal, criminal, de los
factores imperiales en contra de Venezuela! Lo dice el New York Times”,
declaró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
“Denunciamos ante el mundo los planes de intervención y apoyo a
conspiraciones militares del gobierno de Estados Unidos contra
Venezuela. En los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas y
groseras evidencias”, dijo por su parte el canciller Jorge Arreaza.
Reuniones de funcionarios estadounidenses con militares conspiradores
repiten un guion conocido en la historia de América Latina, y en el caso
de Venezuela amplían un panorama de disidencia militar y búsqueda de
deponer al presidente mediante acciones armadas, según ha denunciado el
propio gobierno.
El alto mando militar procura mineralizar el
apoyo al gobierno con llamados y compromisos públicos de lealtad por
parte de toda la oficialidad y una clara política de ascensos y
promociones –oficiales activos y retirados manejan recursos y empresas
del Estado– de los más leales. Para la oposición política los amagos
rebeldes detectados por el gobierno y la detención de oficiales muestran
el descontento dentro de las fuerzas armadas.
Golpes frustrados
El pasado marzo fueron detenidos nueve oficiales y se les inició juicio
por los presuntos delitos de traición a la patria e instigación a la
rebelión. Estarían comprometidos en un golpista Movimiento de Transición
a la Dignidad del Pueblo, según versiones recogidas por la prensa local
y redes sociales.
Hubo escasa información y publicidad sobre
las detenciones, a pesar de un dato relevante: varios de los detenidos
comandaban batallones del Ejército con importante poder de fuego. La
sublevación que encabezó en febrero de 1992 el ya fallecido Hugo Chávez
(1999-2013) la ejecutaron batallones del Ejército dirigidos por cinco
teniente-coroneles. Comandantes en ese decisivo nivel de mando de tropas
también abortaron el golpe de dos días contra Chávez en abril de 2002.
Los actuales dirigentes venezolanos conocen muy bien la importancia de
desmontar cualquier disidencia en ese nivel castrense.
Es así
como entre los detenidos en marzo figuraron los teniente-coroneles Iver
Chaparro, del batallón de tanques en la ciudadela militar de Caracas;
Henry Medina, del batallón de apoyo logístico en la frontera suroeste
con Colombia; Deivis Marrero y Victoriano Soto, comandantes de
batallones clave para el combate en el centro-norte del país.
También en marzo fue detenido y permanece tras las rejas el mayor
general (general de tres estrellas) retirado Miguel Rodríguez Torres,
acusado de complotar contra el gobierno. Fue jefe de la policía política
(Sebin) con Chávez, ministro del Interior en el primer año de Maduro
(2013), y tras su retiro dirigía una pequeña formación política
opositora, llamada Movimiento Desafío de Todos.
El pasado 20 de
mayo se efectuaron elecciones presidenciales para el sexenio 2019-2025,
adelantadas con respecto a la tradición de que se efectuasen en
diciembre. Fueron boicoteadas por la mayoría de los partidos de
oposición, cuyo registro oficial ha sido cancelado. Hubo una abstención
récord, de más del 50 por ciento, en los comicios presidenciales.
Alrededor de esa fecha, y con la expectativa del rechazo implícito en la
elevada abstención, conversaciones de pasillo en algunas formaciones
políticas sostuvieron que se produciría un alzamiento militar, el cual
nunca sucedió. Sin embargo, la oportunidad calza con las fechas
señaladas en el artículo de The New York Times que da cuenta de tres
rondas de reuniones o entrevistas de algún jefe militar o sus
representantes con diplomáticos estadounidenses en Europa, en los meses
finales de 2017 y primeros de 2018.
La agencia de información
financiera Bloomberg produjo una nota con base en informantes bajo
condición de anonimato según la cual en mayo fueron “detenidos
secretamente” varias decenas de oficiales acusados de preparar un golpe
ese mes.
El reporte del Times neoyorquino también se basa en un
general que habló con la condición de mantenerse en el anonimato.
Formaría parte del círculo de poder cívico-militar en Caracas y, por
añadidura, se encuentra en la lista de unos 70 funcionarios y
empresarios venezolanos que han sido sancionados por el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos.
Atentado con dron
El 4
de agosto, frente a una parada militar en el centro de Caracas
presidida por Maduro, estalló un artefacto identificado como uno de los
dos drones con explosivos lanzados desde las cercanías por algunos
civiles, ejecutores materiales de un complot criminal, según
investigaciones del gobierno y de la Fiscalía General. Dos
parlamentarios opositores fueron implicados: el joven diputado Juan
Requesens, quien según sus familiares y copartidarios habría sido
detenido y luego torturado, y Julio Borges, ex presidente de la Asamblea
Nacional (el parlamento venezolano que el gobierno no reconoce),
autoexiliado en Bogotá. Ambos pertenecen al partido centrista Primero
Justicia.
En cuestión de horas Maduro acusó al entonces
presidente colombiano Juan Manuel Santos de facilitar la organización
del crimen, y a exiliados venezolanos cobijados por Washington y Bogotá
de aportar finanzas y materiales para el atentado, que dejó a varios
cadetes heridos y mostró en unos segundos de televisión una estampida de
guardias nacionales y civiles huyendo ante la explosión del dron en el
aire.
Inmediatamente no se responsabilizó a militares como
organizadores o cómplices del atentado, pero en los días siguientes se
detuvo a los generales de la Guardia Nacional (fuerza militar con
funciones de policía) Alejandro Pérez Gámez, jefe de los servicios de
mantenimiento del orden interno, y Héctor Hernández, jefe del comando
antidrogas, así como al coronel Pedro Zambrano, este último por segunda
vez este año. Todos fueron pasados a tribunales militares sin que se
conozcan detalles sobre los cargos en su contra.
Descontento y lealtad
En las fuerzas armadas “se expresa el mismo descontento que hay en las
familias venezolanas”, ha sostenido el mayor general retirado Clíver
Alcalá, cercano compañero de Chávez, apartado del poder bajo la
administración de Maduro. “La institución está tan deteriorada que no
tiene capacidad operativa para emprender ninguna misión. Hay casi 2 mil
generales, más generales que coroneles. La pirámide está invertida. Y
todo el mundo desconfía de todo el mundo”, según Alcalá.
El
descontento militar por los bajos sueldos o la mengua de sus funciones y
privilegios fue alimento para sublevaciones a lo largo del siglo XX
latinoamericano. En Venezuela, que vive la mayor hiperinflación conocida
en el hemisferio, se produce desde el pasado 20 de agosto un sacudón
económico con resultados todavía muy inciertos: devaluación de 96 por
ciento de la moneda, fuertes alzas de precios, escasez de productos y
servicios esenciales, más impuestos, multiplicación por 35 del salario
mínimo y aplanamiento salarial: se acorta la diferencia entre lo que
ganará un maestro de escuela y un rector universitario, el director de
un hospital y un enfermero, un teniente y un general…
El general
en jefe Vladimir Padrino, ministro de Defensa y cabeza de los militares
que dirigen las principales empresas del Estado, ha requerido de todos
sus subordinados lealtad y confianza en el nuevo programa económico de
Maduro. Ya hace meses, los miles de oficiales firmaron un compromiso
público reiterando su lealtad al presidente y comandante en jefe de las
fuerzas armadas. La lealtad es una consigna que se repite en todas las
actividades castrenses y del oficialista Partido Socialista Unido de
Venezuela.
Otro componente en este juego de poder son los
mecanismos de control derivados de una zonificación en regiones
militares, acompañada de una integración de esfuerzos en una sola fuerza
armada con cinco componentes: Ejército, Marina, Aviación, Guardia
Nacional y Milicia, esta última integrada principalmente por personas de
más de 40 años. Detractores del gobierno sostienen que en todo el
cuerpo castrense actúan agentes de inteligencia cubanos que trabajan
para información y asesoría del “alto mando político-militar de la
revolución”, una instancia a veces referida por el presidente Maduro.
Una radio, por favor
El New York Times refirió que los militares rebeldes no solicitaron
armas o combatientes a Washington, sino “equipos de radio encriptados,
pues necesitaban comunicarse de manera segura”. La negativa
estadounidense desmoronó el complot, según el rotativo. El dato ilustra
el grado de control y el riesgo de delaciones ante una eventual acción
subversiva, pero es desestimado por expertos como Rocío San Miguel,
presidenta de la crítica organización no gubernamental Control
Ciudadano, para quien “creer que un golpe de Estado en Venezuela depende
de la entrega de radios cifradas por parte de Estados Unidos es un
chiste, por decir lo menos”.
El “detalle” nutrió también la
posición editorial de The New York Times tras la amplia difusión de su
informe acerca de las reuniones golpistas: Estados Unidos “no debería
estar en el negocio del golpe”, escribió el rotativo: “Es un alivio
saber que la administración de Trump decidió no ayudar a los líderes
rebeldes en Venezuela (…) pero es preocupante pensar que el presidente
Trump y sus asesores hicieron el llamado correcto por la razón
equivocada: falta de confianza en los conspiradores para tener éxito en
una operación arriesgada, en lugar de una preocupación de principios
sobre la intervención”.
Sube el tono
Diosdado Cabello, capitán retirado, considerado por medios de prensa
como “número 2” en la estructura de poder en Venezuela y referente del
“ala militar del chavismo”, fue repentinamente esta semana blanco de
ataques por parte de Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la
Onu. Haley acusó a Cabello de “ladrón” y “narcotraficante”, y afirmó que
“Cabello estuvo involucrado directamente en el tráfico de drogas, con
envíos de estupefacientes de Venezuela a República Dominicana y de ahí a
Europa. Utilizó sus contactos en el gobierno para informarse de otros
narcos, robar sus drogas y eliminar la competencia”.
El senador
republicano Marco Rubio, considerado un influyente consejero de Trump en
asuntos de Cuba y Venezuela, ha pedido acciones armadas para derrocar a
Maduro, y ha replanteado la posibilidad de una intervención
estadounidense. Ya en febrero afirmaba que “el mundo apoyará a los
militares de Venezuela si deciden restaurar la democracia”; en julio
expuso que “siempre he apostado a una salida pacífica y no militar para
Venezuela, pero las circunstancias han cambiado. Les dije a mis colegas
que Trump no avisará si decide actuar contra Nicolás Maduro”, y más
recientemente aseveró que “el régimen de Maduro se ha convertido en una
amenaza a la seguridad de la región e incluso de Estados Unidos”. La
“amenaza a la seguridad estadounidense” ha sido una especie de mantra
para justificar intervenciones en contra de gobiernos caídos en
desgracia a ojos de Washington.
Durante décadas, la posibilidad
de un conflicto armado entre Colombia y Venezuela fue una hipótesis de
estudio en academias militares de ambos países. Por ello destaca que
esta semana Iván Duque, el nuevo presidente colombiano, acérrimo crítico
de Maduro y quien en noviembre recibirá la visita de Trump, dijese que
aunque Venezuela es “una dictadura deleznable”, en su criterio “Estados
Unidos es el primero en entender que una intervención militar de
carácter unilateral no es el camino” para encarar el tema venezolano.
Entretanto, el buque-hospital Comfort, de la Armada estadounidense, con
un personal de salud de hasta mil efectivos, navega rumbo a las costas
colombianas para, según se informó oficialmente, auxiliar en la atención
a los migrantes venezolanos en Colombia…
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