Arturo Balderas Rodríguez
Alo largo de las últimas
décadas las zonas rurales y las ciudades medianas y de menor tamaño de
Estados Unidos perdieron relevancia económica con relación al
crecimiento sostenido en las zonas urbanas y suburbanas. Según un
estudio reciente del Instituto Brookings, en los últimos meses el
crecimiento económico se ha recuperado en esas áreas, y el proceso se ha
revertido (Brookings, septiembre 9). La idea de que ese
fenómeno se debe única y exclusivamente al gobierno federal y la
política que emana de Washington está muy arraigada entre millones de
estadunidenses. Lo que desconocen es que el crecimiento económico
depende de una combinación de factores, como el manejo de las tasas de
interés por parte del Banco Central, el funcionamiento de la Bolsa de
Valores, costo de los energéticos y mercancías en los mercados
mundiales, la situación económica internacional y no sólo de las buenas o
malas decisiones de un determinado gobierno.
Por ejemplo, la crisis que estalló en 2008, debido a la especulación
en el sector privado con la complacencia del gobierno, se superó con las
decisiones conjuntas del Congreso, el Banco Central y el tesoro de
Estados Unidos. Pero a final de cuentas, fue la utilización de los
impuestos de la mayoría de los estadunidenses, a través de un paquete de
salvamento a la banca, lo que evitó la quiebra del sistema financiero
en su totalidad. Semanas después, el gobierno de Obama apuntaló el
salvamento mediante una serie de medidas que sentaron las bases para
lograr el crecimiento actual. Al hacer caso omiso de esa historia y
aprovechando la ignorancia de millones de electores, el señor Trump se
adjudica dicho crecimiento. Sus más fervientes admiradores, por
ignorancia o conveniencia, están convencidos que las medidas en materia
de política económica del gobierno actual, aprobadas por los
republicanos en el Congreso son en efecto, las que han propiciado el
crecimiento. Esa errónea percepción pudiera ser un factor que influya en
las próximas elecciones de noviembre.
El otro factor importante que definirá cómo se conformará el Congreso
será la supresión del voto en algunos estados, como sucedió en las
elecciones de 2016. El caso de Wisconsin es paradigmático: ese estado se
distinguió por su alta participación electoral en las elecciones de
2008 y 2012, pero en 2016 aproximadamente 40 mil personas,
principalmente afroamericanos y gente de escasos recursos, no pudieron
votar debido a una ley que exigía la presentación de una identificación
oficial. El gobernador republicano, en concierto con la legislatura
estatal, promovió dicha ley cuyo pretexto fue evitar un fraude
imaginario, el cual nunca había ocurrido en la historia de esa entidad. A
final de cuentas, la maniobra permitió a Trump ganar ese estado por 21
mil votos. Una maniobra similar se prepara para 2018 en lugares como
Ohio, Georgia, Arkansas y Alabama (Mother Jones noviembre-diciembre 20017).
A pesar de esos factores, la realidad es que el bajísimo nivel de
popularidad del presidente (37 por ciento, según Gallup) pudiera
arrastrar a los candidatos del partido que lo llevó al poder a perder en
las elecciones de noviembre. Por eso crece la posibilidad de que, para
evitarlo, el Partido Republicano empleará diversas estratagemas.
Obstaculizar el derecho de minorías raciales y pobres, que en su mayoría
votan por los candidatos del Partido Demócrata, ha sido y continuará
como una de ellas. De esta situación están conscientes los votantes
demócratas e independientes, quienes consideran que es urgente cambiar
la relación de poder, por ahora en el Congreso y en 2020 en el
Ejecutivo. Con ese fin, decenas de organizaciones han construido una
impresionante maquinaria para promover el voto y evitar un desaguisado
como el de 2016. En ocho semanas se sabrá si el Partido Demócrata nominó
a los candidatos mejor preparados para representarlo y si la maquinaria
funcionó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario