"Se reían de nosotros"
The Guardian / El diario
Muchas de las quejas en torno a estas instalaciones son anteriores a la llegada de Trump a la Casa Blanca. Ahora, se han intensificado. |
Durante todo el día y toda la noche podían escuchar los llantos de los
niños hambrientos. En un gélido centro de detención de inmigrantes
situado en algún lugar del Valle del Río Grande, en el sur de Texas,
tanto los adultos como los niños se desmayaban por deshidratación y
falta de comida.
Dormir resultaba prácticamente imposible. Las
luces permanecían encendidas a todas horas. Además, solo tenían una fina
sábana metálica para protegerse del frío y nada sobre lo que dormir;
excepto el suelo.
Este es el relato de Rafael y Kimberly
Martínez que, con su hija de tres años, recorrieron el peligroso
trayecto desde su hogar en el litoral caribeño de Honduras hasta la
frontera con Estados Unidos para pedir asilo político.
"Las
condiciones (del centro de detención) eran terribles, todo estaba sucio y
no circulaba el aire". Así es como Kimberly Martínez describe a The Guardian
los cinco días que la familia pasó encerrada en un centro que, como
decenas de miles de inmigrantes antes que ellos, apodaron "la hielera",
la nevera. "Es como si hubieran querido despojarnos de todo sentimiento
positivo", lamenta.
Estaban informados y siempre supieron que la
dura experiencia de escapar de la violencia de las maras hondureñas y
atravesar el desierto en pleno verano no terminaría al cruzar la
frontera de Estados Unidos.
Sin embargo, no esperaban pasar
hambre, que separaran a la familia y que los insultaran. Esta es la
experiencia que aseguran haber vivido bajo custodia de los agentes de
inmigración.
Enjaulados como animales
Afirman que durante
su estancia en el centro solo les dieron bocadillos de mortadela
semicongelados, a las 10 de la mañana, a las cinco de la tarde y a las
dos de la madrugada, y una sola galleta de azúcar para su hija. El agua
que se les daba tenía un fuerte sabor a cloro y les revolvía el
estómago, una queja que han expresado todas las personas entrevistadas
por este diario.
The Guardian entrevistó a decenas de
solicitantes de asilo en la ciudad fronteriza de McAllen, entre ellos, a
la familia Martínez (este no es su apellido real), después de que
consiguieran la libertad provisional y, con monitores en los tobillos,
continuaron su viaje hasta las casas de las personas o entidades que los
avalan en Estados Unidos. Ahora están a la espera de personarse ante un
juez que evalúe su situación legal.
The Guardian
también ha hablado con un equipo de voluntarios integrado por médicos y
enfermeras, que ha proporcionado atención médica de emergencia y ha
escuchado los relatos inquietantes y parecidos de muchas familias que
han descrito las condiciones siniestras de los centros de detención en
la frontera; condiciones que han ido empeorando desde que Donald Trump
impulsó medidas de " tolerancia cero" en materia de inmigración.
Las autoridades afirman que los relatos de estas familias no se
corresponden con la práctica común en estos centros e insisten en el
hecho de que a los detenidos se les trata con dignidad y respeto.
Según los solicitantes de asilo, los detenidos están hacinados en las
"hieleras". Conforme a su relato, debido a las condiciones insalubres de
estos espacios, los detenidos suelen tener ataques de vómitos, diarrea,
infecciones respiratorias y otras enfermedades infecciosas. Muchos se
quejaron de la crueldad de los guardianes que, según su relato, gritaban
a los niños, se burlaban de los detenidos con promesas de comida que
nunca cumplieron, y no dudaban en dar patadas a aquellos que no se
despertaban cuando se esperaba que lo hicieran.
Según los
Martínez y otras familias, los guardianes golpeaban las puertas y las
paredes de las celdas a intervalos regulares y les exigían que se
acercaran para pasar lista. Si hablaban demasiado fuerte, o si los niños
lloraban, les amenazaban con bajar la temperatura de las celdas. Cuando
los Martínez se reunían con otros detenidos para cantar himnos y
levantar un poco el ánimo, los guardias se burlaban de ellos o les
preguntaban con tono agresivo: "¿Por qué os habéis molestado en venir
hasta aquí? ¿Por qué no os quedasteis en vuestro país?"
"Muchos
de los guardas son hispanos, como nosotros, pero no tienen valores",
indica Rafael Martínez, con la voz entrecortada: "Ahí estábamos,
enjaulados como animales, y se reían de nosotros".
Ictericia a plena luz del día
Cuando Jenny Martínez, una niña de tres años, enfermó gravemente de
gripe la llevaron junto con su madre a un hospital donde, según la
familia, tuvieron que esperar durante horas sin poder sentarse ni
tumbarse en ningún sitio, y sin ropa de abrigo, antes de que les dieran
la medicación. De vuelta al centro de detención, las mantuvieron
aisladas del resto de detenidos y no permitieron que Rafael las pudiera
ver.
Kimberly notó que la piel de su hija, al igual que la de
muchos otros detenidos, se estaba volviendo cada vez más amarillenta
debido a la falta de vitaminas, aire fresco o de sol. Los retretes
estaban sucios, sin tapas ni papel higiénico. Kimberly también se
percató de que cuando un detenido era trasladado o puesto en libertad,
el personal del centro de detención no cambiaba las sábanas usadas;
simplemente las pasaba a los recién llegados.
Los funcionarios que trabajan en distintas agencias [que gestionan los
centros de detención] a menudo cuestionan la veracidad de estos relatos e
indican que no pueden dar una respuesta a estas alegaciones puntuales
sin tener más información que los inmigrantes y sus abogados, si los
tienen, les quieran o puedan proporcionar.
The Guardian
recabó el testimonio de decenas de personas, a muchas de las cuales
entrevistó, y también pudo escuchar los relatos que registraron los
miembros del equipo de voluntarios. Las duras condiciones descritas por
la familia Martínez guardan una gran similitud con los relatos de otros
detenidos.
Las condiciones varían de un centro a otro. Muchas de
las familias señalaron que vivieron sus peores experiencias en las
instalaciones donde los llevaron tras ser detenidos. A partir de sus
relatos y de las conversaciones con los funcionarios federales no es
posible determinar si estas "hieleras" son centros del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE en sus siglas en inglés) o de la
patrulla fronteriza.
Muchas de estas familias fueron
posteriormente llevadas a un edificio que recibe el apodo de "perrera",
que por su descripción podrían ser las instalaciones donde la patrulla
fronteriza procesa los datos de los inmigrantes, y que está situado en
McAllen. Se trata de un almacén industrial de poca altura; la mayor
instalación de este tipo en el sudoeste de Estados Unidos. Según las
familias, la temperatura en estas instalaciones era más agradable, el
personal, más amable, y les dieron burritos y manzanas en vez de
bocadillos congelados. También les ofrecieron la posibilidad de
ducharse.
Huyendo de la violencia de las maras
La cifra
de migrantes detenidos por las autoridades federales de Estados Unidos
ha sido constante desde que Trump impulsó su política de "tolerancia
cero" en abril, ya que las familias continúan huyendo de la violencia de
las maras, especialmente en Honduras, El Salvador y Guatemala.
El personal de algunas entidades católicas sin ánimo de lucro de McAllen
que proporcionan comida, un lugar para ducharse, ropa y atención médica
a las familias cuando salen del centro de detención y antes de que
prosigan su periplo, señala que después de que las autoridades empezaran
a separar a los menores de sus padres pensaron que las cifras de
llegadas se iba a reducir respeto a las que registraron en mayo y junio.
Calcularon que de las 300 llegadas diarias en mayo y junio se pasaría a
unas 60 u 80. Esto no ha sucedido y todas las tardes atienden a unas
200 personas que llegan a una estación de autobuses situada cerca del
centro. Muchos de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos ya están
extenuados por el viaje y traumatizados por la violencia que sacude a sus países.
Según los abogados expertos en derechos civiles, el trato que reciben
en los centros de detención de migrantes reabre esta herida. Las
condiciones en estas instalaciones ponen en duda la voluntad del
Gobierno de Estados Unidos de cumplir con sus propios protocolos y con
el mandato que ha recibido de los jueces en los dos últimos años y que
exige que las personas bajo custodia sean tratadas con respeto.
Las instalaciones como McAllen no estaban pensadas para alojar a
detenidos y a pesar de que en la última década la realidad las ha
superado, no han sido adaptadas para dar respuesta a la situación. Una
serie de informes y recomendaciones que se remontan a 2008 y que fueron
actualizadas en 2015 señalan
que nadie debería permanecer detenido en este centro por más de 72
horas y que todos los detenidos deben poder ir a un baño en condiciones,
ducharse, tener agua potable y recibir atención médica.
Muchos de los testimonios que describen su experiencia en McAllen
estuvieron detenidos entre tres y siete días. Según muchos de estos
relatos, bien vividos en primera persona o bien por una persona que
conocían, muchas personas permanecieron en el centro durante diez días o
más. No se les proporcionó ningún tipo de esterilla sobre la que
dormir, ni cepillos o pasta de dientes, a pesar de que un tribunal
federal estableció en 2016 que se trata de objetos básicos.
Muchos inmigrantes, especialmente hombres, afirman que ni siquiera les
proporcionaron una manta. Este verano, tras aceptar a trámite unas
demandas que se fundamentaban en relatos parecidos a los recopilados por
The Guardian, un juez federal de California pidió que un juez ya jubilado investigara las condiciones de los centros de detención, con el mandato de proponer cambios.
Es difícil saber quién hace qué
Lo cierto es que muchas de las quejas en torno a los centros de
detención de inmigrantes son anteriores a la llegada de Trump a la Casa
Blanca.
Sin embargo, la política de "tolerancia cero" ha
aumentado la presión sobre el sistema, ha obligado a los funcionarios
federales a sacarse soluciones de la manga y ha aumentado la cifra de
demandas de forma inusitada. Incómodos con las denuncias de maltrato,
estos funcionarios señalan que es muy difícil dirimir responsabilidades,
entre otros motivos porque los inmigrantes que denuncian que han
recibido un trato inhumano a menudo no saben dónde estuvieron detenidos o
quién los tenía bajo custodia.
"Estamos hablando de muchas
personas, las patrullas en la frontera, los trabajadores subcontratados
por los Servicios de Inmigración y Aduanas, así que es difícil saber
quién está haciendo que", indica un funcionario a The Guardian, con la condición de que no se revele su identidad.
Muchos expertos en inmigración afirman que la administración Trump
muestra una preocupante tendencia a no cumplir con la normativa, tampoco
con los fallos judiciales, y a no incentivar que los funcionarios en
los niveles más bajos de la cadena de mando puedan expresar los
problemas del sistema e intentar encontrar soluciones antes de que estas
malas prácticas lleguen al juzgado.
El jueves pasado, por
ejemplo, el Gobierno anunció que ya no seguirá un acuerdo judicial que
se alcanzó hace veinte años que lo obliga a dejar en libertad a los
menores cuando se cumplan los veinte días de su detención.
"He
trabajado con detenidos durante 20 años y en mi opinión el principal
cambio ha sido la sensación de impunidad del actual Gobierno", indica
Holly Cooper, una profesora de Derecho de la Universidad de California
en Davis que ha demandado al Gobierno por haber administrado sustancias psicotrópicas a inmigrantes que todavía no han alcanzado la mayoría de edad en un centro de detención de menores cerca de Houston.
"Antes, me podía reunir con funcionarios y escuchaban mi versión
mientras yo intentaba conseguir un trato más humano…ahora ni tan solo se
plantean hablar con abogados expertos en derechos civiles".
En
la frontera, este cambio de actitud se manifiesta en una gran variedad
de experiencias desconcertantes de familias que, en muchos casos,
huyeron de la violencia en sus países y han decidido arriesgarse para
intentar llegar a Estados Unidos y solicitar asilo; una posibilidad cada
vez más remota.
La familia Martínez salió de Honduras después de
que una banda local asesinara al padre, la hermana y el cuñado de
Rafael, y se empezara a rumorear que también irían a por él. Otro hombre
de Centroamérica entrevistado por The Guardian tenía una cicatriz que
le atravesaba la cara; el recordatorio de un ataque con un machete.
Muchos de los entrevistados reconocen que se sintieron humillados
cuando los agentes estadounidenses les pidieron que se sacaran los
cinturones, los cordones de los zapatos y las camisas de manga larga
(considerados prendas y complementos a utilizar por aquellos que quieran
suicidarse) y los obligaron a entrar en celdas hacinadas.
Los
doctores y las enfermeras que les atendieron cuando fueron puestos en
libertad señalan que muchos de ellos tenían forúnculos y erupciones en
la piel, comunes cuando las condiciones de higiene son inadecuadas, y
estreñimiento severo, atribuible a la deshidratación y a una inadecuada
alimentación.
Casi todos los que pasaron por la clínica que visitó The Guardian,
dirigida por un grupo de médicos, enfermeras y trabajadores sociales
voluntarios de San Antonio llamado Sueños sin Fronteras, se quejaron de
síntomas de gripe o problemas respiratorios o ambos. Muchos de los
exdetenidos dijeron que cuando fueron liberados no pudieron llevarse sus
medicinas o sus posesiones.
También se han conocido relatos de
negligencia médica. Una guatemalteca con VIH que llegó a Estados Unidos
en julio le contó a un miembro de Sueños sin Fronteras que le quitaron
los medicamentos cuando la detuvieron y que durante cinco días la
mantuvieron aislada y separada de su hijo. A una niña guatemalteca de
cinco años detenida en el centro McAllen no le diagnosticaron
apendicitis hasta al cabo de cinco días, a pesar de que su madre había
implorado que la examinaran en repetidas ocasiones, y estuvo a punto de
morir cuando el apéndice se perforó.
Un grupo llamado Immigrant Families Together (familias de inmigrantes unidas) explicó a The Guardian
el caso de un niño de cuatro años que llegó a Estados Unidos con un
fémur roto y al que en un centro de detención de Texas solo le
proporcionó un analgésico suave. Tras su liberación, tuvo que ser
operado.
Si bien los casos de muertes en centros de detención
siguen siendo inusuales, un informe reciente de Human Rights Watch
indica que la cifra de inmigrantes muertos en centros de detención en
2017 es la más alta desde 2009. El informe lamenta "las practicas
peligrosas o mediocres, como retrasos desproporcionados, una atención
médica inadecuada y una respuesta torpe en casos urgentes".
"Tratamos a las personas que están bajo nuestra custodia con respeto y
de forma digna". En respuesta a este tipo de informes y también cuando
defiende su actuación en los juzgados, el Departamento de Seguridad
Nacional sigue afirmando que hace lo correcto.
Una portavoz del
Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ha
indicado que "está en profundo desacuerdo" con los relatos de este
reportaje. "estos supuestos incidentes no se corresponden con lo que en
nuestra opinión es la práctica común en nuestras instalaciones. Tratamos
a todos aquellos que están bajo custodia con respeto y dignidad".
De hecho, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza insinuó que
las "hieleras" mencionadas por los detenidos son gestionadas por la
Agencia de Control de Inmigración y Aduanas. Sin embargo, esta agencia
emitió un comunicado en el que negó gestionar el centro de McAllen y
señaló que con anterioridad ya ha quedado demostrado que los términos
"hielera" y "perrera" se utilizan para referirse a los centros
gestionados por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los
Estados Unidos.
Traducido por Emma Reverter.
Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/Relatos-enfermedades-detencion-migrantes-EEUU_0_814369249.html
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