En días de huelga
indefinida hay quienes buscan justificar al gobierno y la necesidad de
aprobar el combo fiscal que está en manos de la Asamblea Legislativa en
estos momentos. Se han oído voces que aseguran que dicho paquete de
impuestos no va a perjudicar a los sectores bajos, que lo que se
pretende es hacer un ajuste en el sector público para eliminar
“privilegios salariales” y que es necesario para rellenar el hueco
fiscal aunque poco se habla en este sentido de las exoneraciones, de la
evasión y mucho menos del impacto económico general de la reforma cuando
uno de los presidentes (Carlos Alvarado) amenaza con despidos si no se
pone fin a la huelga.
¿Pero cuál es el panorama económico de Costa
Rica? Básicamente el comportamiento del desempleo ha rondado el 8%
promediado en los últimos años (para el primer trimestre de 2018 fue del
10% y para el segundo trimestre del 6,2 %, lo cual coincide con el
ponderado de los últimos diez años). Este desempleo empezó a crecer,
según datos estadísticos del Estado de la Nación, a partir de 2007. Esto
contrasta paradójicamente con la firma del Tratado de Libre Comercio
con los Estados Unidos que, según sus defensores, traería miles de
puestos de trabajo si se aprobaba. A más de diez años de aprobación los
resultados no solo son desalentadores sino que más bien provocaron el
efecto contrario.
Para mayo de 2017, el columnista de La
Nación, Juan Carlos Hidalgo, daba la clave a la inversa de una parte de
la situación del desempleo y que está relacionada directamente con lo
descrito en el párrafo anterior: las cargas sociales y salarios mínimos.
Para el columnista Costa Rica no es un país competitivo con respecto al
resto de América Latina pues el patrono debe aportar a la seguridad
social, entre otras prestaciones. De igual forma paga por encima de la
media el salario mínimo que se paga en el continente (al menos los que
realmente lo pagan). En otros países las condiciones de explotación por
tanto son más severas, lo que los convierte en focos atractivos para el
capital. Además, si el salario mínimo se ubica mejor posicionado también
corresponde a la realidad del costo de vida de Costa Rica, el cual es
de los más elevados del continente.
Otro columnista de La
Nación, Jorge Woodbridge, en este mismo año, mencionaba como causa del
desempleo estructural la situación de la escolaridad, donde el 60% de la
población ocupada no tiene secundaria completa. Esto degenera en el
mediano y largo plazo en patologías sociales e informalidad (superior al
40%). Pero al mismo tiempo se contradice con temas duros del paquete de
impuestos como el de “regla fiscal” que viene a limitar el gasto
público para mejorar, por ejemplo, la inversión en educación.
Evidentemente, estas contradicciones no las solventa el propio sistema
económico ni mucho menos el estado pues, o aplica una norma o aplica la
otra, pero en este país, al menos, no existe un “consenso nacional” para
regular la economía porque los sectores ricos no pretenden ceder en su
parte del problema.
Si ya de por sí el desempleo y la
informalidad son un agravante a la situación socioeconómica, súmesele el
proyecto de ley que está en discusión en la Asamblea Legislativa que
viene a atacar directamente a los sectores medios y bajos de la
sociedad. Por poner simples ejemplos, los primeros tres quintiles de la
población (clases media y baja) son los de mayor consumo en alimentación
(29% del consumo respecto a un 13% de los ricos) y servicios básicos
como electricidad o agua (13% del consumo frente a un 8% de los ricos),
puesto que el núcleo familiar es más grande. Por tanto, el IVA a la
canasta básica, así como los impuestos adicionales a electricidad y agua
(que se harán sobre la base del consumo total) vendrán a atacar el
bolsillo de estos dos sectores que sobreviven principalmente del salario
(una familia de cuatro personas, por ejemplo, tiene un gasto energético
de unos 300 kw/h).
Otro dato interesante son los impuestos a
los servicios recreativos, artísticos, culturales, deportivos y
similares, pues quienes más consumen este tipo de cosas son las clases
media y media-baja, quienes contraerían a estos sectores de manera
importante. De igual forma pasaría con la alimentación fuera del hogar
(sodas, restaurantes, cafeterías) que, aunque el peso es igual entre los
primeros tres quintiles respecto a los dos últimos, no cabe duda que
los primeros benefician a la micro, pequeña y mediana empresa, la cual
sobrevive del consumo constante de la fuerza asalariada de las clases
media y baja.
En resumen, este combo fiscal viene en detrimento
de las clases media y baja del país, cuyo efecto se verá especialmente
marcado en una posible contracción económica (afectando sobre todo a las
pymes) por la disminución en la capacidad adquisitiva y el aumento del
gasto en el consumo familiar (donde habrán de establecerse prioridades
de gasto). Obviamente los sectores con salarios exuberantes y los ricos
(que no reciben salarios sino beneficios pero de quienes poco se habla,
mucho menos en el plan fiscal), las imposiciones tributarias serán
irrelevantes en su capacidad de consumo pues el mayor porcentaje de sus
ingresos se usa para el ahorro y la inversión, no para sus necesidades
diarias.
A estos atenuantes se le suma un desempleo creciente y
una política más bien encaminada a mantener a ese ejército de
desocupados en el umbral del 8%, con el agravante económico que ello
conlleva en situaciones de crisis. Esto pone de cabeza las finanzas
públicas porque, a parte de ese desempleo creciente, se suma también la
informalidad y el subempleo, el cual alcanza la mitad de la fuerza de
trabajo y son personas que, además, no pagan impuestos (por obvias
razones, salvo el de ventas), por lo tanto, abren todavía más el abismo
del déficit fiscal, como bien lo ha expuesto brillantemente el
economista Luis Paulino Vargas Solís. Pero como se afirmó, son las
contradicciones sistémicas las que problematizan más la situación, pues
las empresas tampoco están dispuestas a dar el mínimo de garantías de
ley para dar condiciones dignas de trabajo, ya que en otros países la
explotación puede llegar a ser bastante superior, pero al mismo tiempo
exigen condiciones de mejoría en la salud económica del país.
Las soluciones no pasan, en definitiva, por más impuestos regresivos.
Quien trabaja no puede ser causa y consecuencia al mismo tiempo.
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