Nueva Sociedad
El gobierno de
Mauricio Macri ha decidido involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad interior. La decisión, que contradice la política del Estado
argentino desde la recuperación de la democracia, se enmarca en una
concepción que puede ser denominada como «militarismo neoliberal
periférico». Esta lógica concibe al gasto militar como ineficiente y a
las Fuerzas Armadas como ociosas. Sin embargo, cree que su
involucramiento en la seguridad interior es funcional para asegurar un
modelo económico cada vez más excluyente.
La Argentina es un
país con singularidades que, a pesar de no ser excepcionales, sobresalen
en el contexto regional. En materia de defensa y seguridad, por
ejemplo, Argentina posee un modelo parecido al de Estados Unidos aunque
mucho más reciente.
Desde la recuperación de la democracia en
1983, Argentina adoptó el modelo de Estados Unidos según el cual los
militares no intervienen en cuestiones de orden público, de acuerdo con
lo que establece la ley de Posse Comitatus de 1878 que estableció así
una estricta separación entre defensa y seguridad interior que, a su
vez, es parte de un consenso nacional vigente.
Los pilares
legales del compromiso argentino con esta separación han sido las leyes
23.554 de Defensa Nacional (1988), 24.059 de Seguridad Interior (1992),
24.948 de Restructuración de las Fuerzas Armadas (1998), 25.520 de
Inteligencia Nacional (2001) y la reglamentación de la ley 23.554
(2006).
Bajo gobiernos de distinta orientación política (y en
votaciones mayoritarias y multipartidistas) se forjó un acuerdo
fundamental respecto a la precisa delimitación entre defensa y
seguridad.
Este consenso fue el producto de una experiencia
doblemente traumática derivada de los golpes de Estado, de la violencia
institucional generada por los militares en el poder y de la violación
sistemática de los derechos humanos, así como de la Guerra de Malvinas y
la derrota ante Gran Bretaña.
Otra particularidad de la Argentina
se vincula a la relevancia de las «nuevas amenazas». Fenómenos como el
terrorismo, el narcotráfico, la proliferación de armas nucleares en
manos de tiranos, los Estados fallidos y el colapso ambiental son
asuntos globales que afectan sin duda a la comunidad internacional, pero
se manifiestan de modo muy diverso con alcance distinto en cada país y
región.
La Argentina no padece una crisis ambiental con efectos
nocivos para sus vecinos, no es un Estado fallido, no está gobernada por
tiranos, ni pretende poseer armas de destrucción masiva.
A pesar
de haber conocido dos atentados terroristas en 1992 (Embajada de
Israel) y 1994 (Asociación Mutual Israelita Argentina) que aún siguen
impunes, desde los atentados del 9 de septiembre de 2001 en Estados
Unidos, ni Argentina ni América Latina han sido objeto de actos
terroristas del fundamentalismo religioso: de hecho la región es la
única en el mundo que no ha padecido ese tipo de actos en los últimos 17
años.
La Argentina sí tiene un problema vinculado a las drogas
-en especial, de aumento del uso de narcóticos-, pero no es un productor
de sustancias psicoactivas de base natural ni un exportador mundial de
drogas sintéticas y tampoco tiene grupos criminales del tamaño e
incidencia de los existentes en México, Colombia, y Centroamérica.
A
pesar de la limitada relevancia de las «nuevas amenazas» en el país, la
presidencia de Mauricio Macri procuró, desde el comienzo de su gestión,
habilitar la participación de los militares en cuestiones de seguridad
interior.
Al no contar con mayorías en las dos cámaras del
Congreso para modificar la legislación existente y sancionar nuevas
leyes, sus anuncios fueron, durante dos años, más simbólicos que
sustantivos.
En medio de errores elocuentes y de dificultades
económicas que llevaron a que el Fondo Monetario Internacional aprobara
un crédito de u$s 50.000 millones para el país y en el contexto de un
fenomenal ajuste fiscal, el gobierno enfrenta crecientes niveles de
conflictividad social al tiempo que carece de recursos materiales para
incrementar el exiguo presupuesto de defensa.
Sin embargo, el
gobierno ha ido elevando el tono del discurso sobre la militarización de
cuestiones de seguridad tales como el narcotráfico y el terrorismo.
A
pesar de que el país no ha conocido ningún atentado terrorista en 24
años y de que no se ha podido verificar que existan «lobos solitarios» o
«células dormidas» listas a producir atentados, el gobierno insiste que
el país debe priorizar el combate contra el terrorismo.
A su vez
ha invocado la existencia de un estado de urgencia en materia de
narcotráfico como si hubiera una situación descontrolada y sin tener en
cuenta que uno de los mayores impedimentos para el combate eficaz contra
el lucrativo negocio de las drogas radica en la corrupción policial, la
ineficacia del sistema judicial y la facilidad para el lavado de
activos.
¿Cómo interpretar entonces el reciente Decreto 683 en el
que se implica a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior
y se las involucra en la interdicción de drogas en la frontera norte
del país? Algunos han interpretado esta política como parte del retorno
del militarismo de extrema derecha que, en la actualidad, es alentado
por grupos (minúsculos pero influyentes) que se encuentran dentro y
fuera de la coalición gobernante.
Otros, en cambio, han
argumentado que se trata de una vuelta al alineamiento con Estados
Unidos propio de la década de 1990, expresado esta vez con la voluntad
de sumarse a la «guerra lucha contra las drogas» en la región y a la
«guerra contra el terrorismo» en el plano mundial.
Finalmente,
hay quienes sugieren que una administración tan atenta a los vaivenes de
la encuestas y en vísperas de un año electoral, procura responder a los
reclamos de inseguridad ciudadana y asegurar el respaldo de los
militares que, aproximadamente en un 85%, votaron por Cambiemos en 2015.
Sin negar la verosimilitud de ciertos aspectos de estas
explicaciones, considero que existe otra lectura más precisa y
pertinente. La determinación de Macri de introducir a las Fuerzas
Armadas en la seguridad interior obedece a lo que se puede llamar el
«militarismo neoliberal periférico».
El militarismo neoliberal de
las grandes potencias como Estados Unidos consiste en incrementar los
gastos militares para estimular y aumentar las ganancias de las grandes
corporaciones vinculadas al negocio de las armas y, con ello, garantizar
la proyección de poder de Washington.
El militarismo neoliberal
periférico en el caso argentino no es expansionista en clave de la
geopolítica regional y consiste, en el marco de una lógica en la que se
apunta a la reducción del Estado en favor del sector privado, en
acentuar la ya larga desfinanciación de la Defensa. El gasto militar se
concibe como ineficiente, las Fuerzas Armadas son percibidas como
ociosas, y su involucramiento en la seguridad interior es visto como un
aspecto funcional para asegurar un modelo económico cada vez más
excluyente.
En ese contexto entonces, son las preferencias
ideológicas profundas del Ejecutivo las que subyacen a la decisión de
borrar las fronteras entre defensa y seguridad y a comprometer a las
Fuerzas Armadas en cuestiones de orden interno que, a su turno, no son
amenazas vitales para la Argentina contemporánea.
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