La “paz” avanza en
Colombia a punta de pistola. Cerca de 500 líderes sociales han sido
asesinados desde que el anterior presidente, Santos, alcanzase el
acuerdo de la Paz con las FARC en noviembre de 2016. Las veredas y
morgues del país son los escenarios principales de este nuevo episodio
de la historia de la violencia colombiana. Un país marcado por esta
lacra desde la conquista y un sinfín de contiendas diversas desde las
guerras de independencia hispanoamericanas, el Bogotazo con el asesinato
de Gaitán, la época de la Violencia entre liberales y conservadores, el
surgimiento de las guerrillas marxistas en la década de los 60, el
narcotráfico hasta la actualidad. Un pasado así imprime carácter y la
mentalidad violenta de los conquistadores y criollos terratenientes
pervive hoy en los latifundistas, galvanizada a fuego por 50 años de
doctrina de seguridad militar y enemigo interno impulsada por EEUU en
Colombia como parte de su geopolítica imperial en Latinoamérica. Con los
acuerdos de la Habana, las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, otrora la mayor insurgencia del hemisferio, se han
transformado en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, un
partido político que amenaza con descomponerse: las disidencias
(facciones al margen de la negociación y acusadas de narcotráfico), la
persecución y asesinatos de sus líderes (Santrich en trámite de
extradición a EEUU, Simón Trinidad en una cárcel norteamericana,…) o la
desaparición de su antiguo jefe negociador Iván Márquez, unido a los
malos resultados electorales y división interna no indican lo contrario.
El desescalamiento del conflicto bélico interno es positivo e innegable
que la población civil víctima colateral y principal del conflicto ha
visto mejorada su condición después de su firma. Sin embargo, desde
movimientos sociales como el Congreso de los Pueblos afirman que “las
clases dominantes por medio de los gobiernos de turno han concebido la
paz como una oportunidad para desmovilizar a las insurgencias armadas y
cooptar, neutralizar o aniquilar al movimiento popular, al tiempo que
refuerzan las bases políticas y materiales para la acumulación de
capital”. Las aparentes rivalidades entre Santos y Uribe consiguieron
reducir los acuerdos de paz a su mínima expresión y contener las
exigencias de transformaciones estructurales de los movimientos
sociales, tratando de deslegitimar a las organizaciones sociales con el
argumento de pertenecer, simpatizar o colaborar con la insurgencia. El
mandato del nuevo presidente, Duque, tildado por muchos como marioneta
de Uribe, también expresidente, ultraderechista,….., no augura nada
bueno para abordar las problemáticas que tiene que afrontar Colombia
como la participación política institucional o la solución del conflicto
social y armado. El desplazamiento forzado significó el despojo de 8
millones de hectáreas y los paramilitares, a pesar de ser el grupo
armado ilegal que más muertes y expolio ha causado, en lugar de ser
desmantelados por el Estado están resurgiendo con trágicas
consecuencias. “Santos vendía una concepción de la paz centrada en los
beneficios que le traería a la inversión extranjera y al gran
empresariado multinacional, el cual podría explotar los recursos
naturales, principalmente los minero-energéticos, sin el temor a ataques
o extorsiones de grupos insurgentes” (J. Giraldo, sacerdote colombiano)
y ahí sí que ha cumplido el Gobierno ya que la presencia de
multinacionales se ha incrementado .
En este contexto, el ELN
(Ejército de Liberación Nacional) es la única guerrilla relevante que
queda en Colombia, con la misma antigüedad que las FARC, el Gobierno de
Duque ha suspendido los diálogos que mantenía su antecesor y para los
que el Presidente Sánchez había ofrecido España para su continuación.
Los líderes sociales se han vuelto a convertir en objetivo del actuar
paramilitar y se repite lo ocurrido con los militantes de Unión
Patriótica que durante 18 años fueron objeto de un exterminio
sistemática con la muerte o desaparición de más de 4000 personas .
El dilema histórico entre guerra y paz se mantiene. Aunque desde la
institucionalidad el silenciamiento de las armas de la insurgencia era
el primer paso hacia la paz, la realidad actual en Colombia es que el
goteo diario de asesinatos de líderes sociales no augura que ello sea
así. Quizá sea como siempre porque ante la visión oficial y complaciente
del Gobierno se alza una pretensión de paz con justicia social, en la
que se asegure el disfrute pleno de los derechos a los que una sociedad
puede aspirar, con respeto a la nación plural que es Colombia, donde las
Comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas y pobladores
urbanos, de acuerdo con sus cosmovisiones y con las tradiciones de las
regiones que habitan tengan la posibilidad de ordenar los territorios
para el bien y la dignidad colectiva .
La solidaridad y
acompañamiento internacional es más necesario que nunca. El CSIZ viene
organizando brigadas internacionales y hace parte de las caravanas que
durante los veranos se organizan para conocer de primera mano la
realidad colombiana. Este año el centro-oriente fue la región elegida:
Meta, Casanare, Arauca, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá.
Internacionalistas y colombianos recorrieron el territorio en un
intercambio de experiencias con las gentes de cada lugar y en el que las
consecuencias del extractivismo petrolero, turismo descontrolado,
escasez de vivienda, monocultivos, persecución y desplazamiento forzado
fueron explicados por sus protagonistas directos, sin intermediarios.
Las reivindicaciones más repetidas: “paz con justicia social” y “que la
paz no nos cueste la vida , ni la libertad ”.
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