En materia de
derechos humanos, Chile vive desde hace más de veinte años un aumento de
movilizaciones de los pueblos indígenas para el respeto de sus derechos
a la tierra, a los recursos naturales y al reconocimiento de parte del
Estado.
El pueblo Mapuche se enfrenta directamente con los
proyectos de inversiones de las sociedades transnacionales en los
sectores hidroeléctricos y de la industria forestal.
Durante el
39° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora
especial sobre los derechos de los pueblos autóctonos, Victoria
Tauli-Corpuz, ha presentado un estudio temático sobre las agresiones
contra los activistas indígenas.
Ella concluye en su informe que
« los proyectos de desarrollo en gran escala son los principales
factores que impulsan la intensificación de los ataques y la
criminalización respecto de los pueblos indígenas. Ha de cesar la
frecuente ejecución de dichos proyectos sin la celebración de una
auténtica consulta ni la adopción de medidas para obtener el
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas
interesados. »
El CETIM, en colaboración con el Comité Ético Contra la Tortura y el Colectivo Nueva Generaciones Chile, ha presentado una declaración escrita sobre el fenómeno de la criminalización de las luchas reivindicativas del pueblo Mapuche en Chile.
De hecho,
« la constante negativa de parte de las empresas forestales y del
Estado a las demandas legítimas del pueblo Mapuche tiene como
consecuencia la depredación de espacios territoriales asociados al
hábitat necesarios a la reproducción de la cultura Mapuche, la
explotación indiscriminada de los recursos en tierra y agua y una
política de criminalización con procesos concretos de montajes hacia
organizaciones y liderazgos con el objeto de desarticular el movimiento
Mapuche.»
La declaración menciona además que el
gobierno chileno utiliza una ley antiterrorista, herencia de la
dictadura militar, para reprimir a los dirigentes Mapuche y criminalizar
las demandas legítimas de su pueblo. El Consejo de derechos humanos fue
informado que en septiembre del 2017 se utilizó la ley antiterrorista
para acusar al portavoz de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor
Llaitul, con un montaje de falsas pruebas de la parte de los servicios
de inteligencia sobre un presunto tráfico de armas entre Chile y
Argentina.
Héctor Llaitul habría tenido que estar en Ginebra para
presentar su caso ante el Consejo de derechos humanos, acreditado por
el CETIM e invitado por el Colectivo Nuevas Generaciones Chile, y
reunirse con la Relatora especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas. Su solicitud de pasaporte del 30 de julio de 2018 no ha sido
aún tramitada, su derecho constitucional de libre tránsito no fue
respetado. Esta situación fue denunciada en la intervención del CETIM
el miércoles 19 de septiembre, durante el debate interactivo con la
Relatora especial.
El día mismo, en la mañana, el CETIM
intervino acerca del debate sobre la inclusión de los pueblos autóctonos
a la Agenda 2030 por el desarrollo durable. Hemos manifestado nuestra inquietud de que
« el Estado chileno podría retirarse del Convenio 169 (de la OIT),
decisión que representaría una regresión de los derechos de los pueblos
indígenas en Chile y en América latina. »
La criminalización de
las demandas legítimas de los pueblos indígenas, en un contexto de lucha
contra los proyectos de las sociedades transnacionales, es una
problemática mundial que compromete la responsabilidad de los Estados.
Chile no es una excepción en este fenómeno preocupante de agresión
contra el pueblo Mapuche. La solución pasa necesariamente por la
búsqueda de caminos políticos que impliquen todos los actores del
conflicto, incluso los sectores injustamente estigmatizados.
El
CETIM, el Comité de Ética contra la Tortura y el Colectivo Nueva
Generaciones Chile piden el gobierno chileno a asegurar la protección de
los dirigentes indígenas, en conformidad con los compromisos
internacionales en materia de derechos humanos.
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