El pasado 17 de
febrero, el país conoció que la Corte Suprema de Justicia, ordenó
investigar al senador Álvaro Uribe Vélez por falsa denuncia y, presunta
manipulación de testigos para hacer un montaje en contra del también
congresista Iván Cepeda. En otra decisión la Corte absolvió al senador
Iván Cepeda por la acusación de "fraude procesal y de manipulación de
testigos en calidad de determinador".
Las manipulaciones judiciales
La Corte dice, entre otras cosas, que por llamadas interceptadas quedó
al descubierto que Juan Guillermo Villegas Uribe, hombre cercano al
expresidente y otras personas, "han intervenido testigos para involucrar
al doctor Iván Cepeda en la conformación de un supuesto cartel de
falsos testigos, cuando lo que parece ocurrir es lo contrario".
La Corte trasladó las grabaciones y testimonios de tres investigaciones
en procesos por presuntos vínculos con paramilitares, contra Álvaro
Uribe, su hermano Santiago Uribe y el exgobernador de Antioquia Luis
Alfredo Ramos. En el caso de Álvaro Uribe, la Corte recordó que desde
diciembre del 2014 no hay ninguna decisión en el radicado 45.110,
iniciado por una denuncia de Jesús María Valle Jaramillo –asesinado en
1998–, en la cual denunció “las presuntas omisiones de la Gobernación de
Antioquia en la masacre del corregimiento de La Granja en junio de
1996”. Proceso que está en manos del magistrado Gustavo Malo,
investigado por el escándalo del ‘cartel de la toga’.
La Corte
ordenó investigar el manejo de la plataforma Esperanza, que es
administrada por la Fiscalía General para interceptar llamadas de
personas investigadas, Solicitó indagar por qué el 24 y 30 de marzo del
2015, el sistema no grabó las conversaciones de dos números telefónicos
que estaban interceptados, el de Juan Guillermo Villegas Uribe y Óscar
Monsalve Correa, a quien supuestamente estaban intentando manipular en
su testimonio.
También le pidió investigar “la filtración de
información contenida en la actuación reservada, la cual tuvo como
destinatario al doctor Álvaro Uribe Vélez”, con el fin de determinar
cómo se enteró de que el alto tribunal había ordenado interceptar
llamadas de testigos en el proceso.
Una posible grieta
La investigación ordenada por la corte es una prueba de fuego para la
imparcialidad y el cumplimiento de su deber de los magistrados, en lo
que han fallado muchas veces, tal como se constata en los escándalos que
han salido a flote y en la impunidad que reina frente a las
responsabilidades de distintos sectores de las elites dominantes y del
mismo Uribe con el paramilitarismo. Están de por medio las amenazas y el
dinero que rompe las conciencias.
Es posible que el caso no
surta efectos y se archive; pero puede ser una leve grieta que se le
abra a la montaña de impunidades hacia la oligarquía y sus aliados narco
emergentes y paramilitares.
La impunidad hacia el senador
Uribe, es emblemático, pero aún sí le juzgase no sanaría la impunidad
que existe en Colombia para quienes ha estado y están en el poder.
La acción terrorista del paramilitarismo y la impunidad que lo ha
respaldado, son producto de la práctica de persecución sistemática que
han auspiciado y facilitado las instituciones del Estado colombiano,
contra los movimientos que se oponen al régimen político y al modelo
económico.
Los poderes estatales, financieros, empresariales y
del latifundio y los terratenientes, se aliaron con los grupos mafiosos
emergentes para realizar la acción contrainsurgente, degradando al
estado, en ello también está comprometida la rama judicial. De esas
prácticas corruptas y encubridoras surgieron carteles como el de la
toga, que han garantizado impunidad para empresarios, altos mandos
militares y parapolíticos.
La Justicia clama cambios
El propio fiscal general, quien en su actuar, solo le pone el ojo a los
de abajo y a los rebeldes, pero que nunca actúa frente a los de arriba,
ni frente a los francotiradores contra la paz, reconoce el alto grado
de impunidad existente en el país.
Voces desde el interior de
las mismas instituciones judiciales y desde diferentes estamentos de la
sociedad, siguen haciendo cuestionamientos de fondo al sistema de
justicia del país. Consideran urgente su reestructuración con el fin de
separar la justicia de la politiquería, priorizar el castigo a quienes
desangran el erario público, que la justicia no sea aplicada solo a los
de ruana y que no victimice y degrade a miles de mujeres y hombres que
se encuentran hacinados en las cárceles, una justicia que salde la
impunidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos
desde el estado, una justicia que proteja los derechos humanos de todas y
todos los colombianos.
Pero difícilmente, sino imposible, la
clase dominante facilitará estos cambios a mutuo propio. Sera sólo la
fuerza de la movilización y la presión de la parte popular y democrática
del país, lo que los podría obligar a facilitar algunos ajustes que no
esten dentro de lo mismo de siempre.
En nuestro caso,
apoyaremos todas esas luchas y aspiraciones de cambio y a la vez,
continuaremos esforzándonos por mejorar el ejercicio de nuestra propia
juridicidad, apegada a la aplicación del derecho internacional
humanitario y al respeto a las normas comunitarias.
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