La injerencia continua en Venezuela
| Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo |
Las últimas semanas
el gobierno del presidente Trump ha redoblado sus esfuerzos para
provocar un “cambio de régimen” en Venezuela. En el pasado, el propio
Trump mencionó que no descartaba la opción militar, pero da la impresión
de que estos últimos pasos tienen más probabilidad de ser
implementados, y algunos de ellos ya son claramente operativos. Según
fuentes con conocimiento de causa, funcionarios de Estados Unidos
informaron al principal aspirante de la oposición a las próximas
elecciones presidenciales, Henri Falcón, de que la Administración
estadounidense podría adoptar sanciones financieras contra él si se
presentaba como candidato (El Departamento de Estado no ha respondido a
mi solicitud de corroborar esta información). Estados Unidos ha
manifestado su respaldo a la decisión de la principal coalición
opositora de boicotear la elección.
Falcón es oficial retirado
del ejército y exgobernador (del estado de Lara). Falcón lidera las
últimas encuestas de opción de voto y, según Datanalisis, la
encuestadora opositora más fiable, derrotaría a Maduro por un margen de
casi 7 puntos.
¿Qué motivos tiene la Administración Trump para
evitar que un líder opositor con grandes posibilidades de ganar se
presente a la elección? No hay manera de saberlo, claro está, pero
fuentes de alto nivel de la propia Administración han afirmado que el
senador por Florida Marco Rubio es quien dicta la política
estadounidense hacia Venezuela. Rubio, un partidario de la línea dura,
no parece interesado en una solución electoral o negociada para la
crisis política de Venezuela. El 9 de febrero parecía respaldar un golpe
militar cuando tuiteó: “El mundo apoyaría a las fuerzas armadas
venezolanas si decidieran proteger al pueblo y restaurar la democracia
derrocando a un dictador”.
En pleno siglo XXI, un respaldo tan
descarado de Washington a un golpe militar contra un gobierno elegido
–antes de que se produzca el golpe– es, cuando menos, inusual. Pero el
equipo de Trump no se limita a esperar sentado a que algo así ocurra. La
estrategia de Rubio-Trump parece ser intentar empeorar la situación
económica e incrementar el sufrimiento hasta que, bien el ejército, bien
los elementos insurreccionales de la oposición, se levanten y derriben
al gobierno.
Ese parece ser el objetivo final de las sanciones
financieras que Trump ordenó poner en marcha el 24 de agosto de 2017.
Dichas sanciones bloquean la posibilidad de que Venezuela acceda a miles
de millones de dólares de préstamos potenciales, así como a los
ingresos procedentes de su propia compañía petrolera en Estados Unidos,
Citgo. También han acentuado la escasez de medicamentos y comida en una
economía que ya está sufriendo una inflación en torno al 3.000 % anual y
una depresión que ha costado en torno al 38 % del PIB. Estas sanciones
son ilegales según el estatuto de la Organización de Estados Americanos
(OEA) y las convenciones internacionales de las que EE.UU. es
signatario.
Ahora, las autoridades estadounidenses están
planteándose un castigo colectivo aún más severo: el bloqueo de las
ventas de petróleo venezolano. Esta medida todavía no se había puesto en
marcha porque perjudicaría los intereses de las empresas de refinado
estadounidenses que importan petróleo venezolano. Pero la Administración
ha propuesto la idea de abrir el grifo de las reservas estratégicas de
petróleo nacional para suavizar el golpe. Todo esto con el fin de
derribar un gobierno que nadie puede afirmar que suponga amenaza alguna
para Estados Unidos.
Nadie puede pretender que a la
Administración Trump le preocupe la limpieza de las elecciones en
América Latina. La celebrada en Honduras del pasado 26 de noviembre fue
robada casi con total certeza, hasta el punto de que incluso el gran
aliado de Washington que preside la OEA, su secretario general Luis
Almagro, hizo un llamamiento para que se repitiera la votación. Pero la
Administración Trump apoyaba al presidente en funciones hondureño, Juan
Orlando Hernández, un político cuyo hermano y ministro de seguridad ha
sido relacionado con el narcotráfico y a quien el jefe de personal de
Trump, John Kelly, antiguo jefe del Comando Sur, ha descrito como “un
gran chico” y “un buen amigo”. La Administración Trump tampoco puso
pegas a los asesinatos de manifestantes desarmados que tuvieron lugar
tras la elección ni a otros abusos de derechos humanos. De hecho, el
Departamento de Estado certificó pocos días después de la elección que
el gobierno de Honduras está cumpliendo con su obligación de respetar
los derechos humanos.
Es verdad que existen quejas justificadas
sobre la próxima elección venezolana. Algunos candidatos de la oposición
han sido excluidos y el gobierno la aplazó respecto a la fecha
inicialmente planificada, de diciembre a abril. La oposición quería
aplazarla todavía más y el pasado jueves la agencia Reuters anunció que
se había alcanzado un acuerdo entre el consejo electoral venezolano y
algunos partidos de la oposición para celebrarla a finales de mayo.
Las negociaciones entre gobierno y oposición por estos y otros
problemas se rompieron el mes pasado, aunque el gobierno accedió a
permitir observadores de la ONU en el proceso electoral. Respecto a la
credibilidad del dicho proceso electoral, en las últimas dos décadas no
ha habido prácticamente ninguna duda respecto al recuento de votos, pues
funciona con un sistema muy seguro. (Las únicas excepciones han sido la
elección a la Asamblea Constituyente del pasado 30 de julio, que fue
boicoteada por la oposición y se cuestionó el número de personas que
votó; y una de las 23 elecciones a gobernador de octubre de 2015, en la
que el conteo local del voto no resultó creíble). En cuanto a las
negociaciones actuales, no podemos saber si habrían resuelto otros
desacuerdos si la Administración Trump no hubiera presionado tanto para
que no se celebraran animando a la oposición a adoptar una estrategia
ilegal de “cambio de régimen”.
La principal coalición opositora,
la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha decidido a partir de ahora
boicotear las elecciones. Pero no está claro que los votantes vayan a
seguir esa directriz. Según las encuestas más fiables y recientes
(realizadas por Torino Capital y Datanalisis), el 77,6% de los electores
piensa votar en la próxima convocatoria electoral y tan solo el 12,3%
piensa abstenerse. Deberían poder tener esa oportunidad y la
Administración Trump no debería intentar arrebatársela.
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