CELAG
La emergencia de nuevos
discursos en la derecha continental ha supuesto un cambio en los
argumentos de la dinámica de polarización a lo largo y ancho de la
región. De sur a norte, distintas facciones de este sector político han
abordado diferentes estrategias de guerra sucia, apoyándose en redes
sociales y medios tradicionales de comunicación, donde centran la
discusión política desde una perspectiva discriminatoria, racista,
xenófoba y misógina1, con mensajes orientados a la producción del odio hacia el oponente político2.
Sin embargo, son pocos los países en lo que los discursos de rechazo y
de odio a los ciudadanos con una orientación política progresista
confluyen en una materialización de su exterminio. Colombia y México son
buenos ejemplos de países donde los discursos de odio coinciden con la
aniquilación sistemática, debido –entre otros factores- a la
persistencia de grupos armados ilegales, la connivencia de las
autoridades locales y fuerza pública, y la ausencia de una respuesta
efectiva desde el Estado.
En los últimos 7 años, fueron
asesinados 123 periodistas en México, una cifra a la que podríamos
adicionar las 798 denuncias de agresiones contra profesionales de la
comunicación y las 426 agresiones durante el 2016, año que más
padecieron quienes desarrollaban esta labor en el país3, ante la mirada atónita de las autoridades reacias a establecer medidas de protección eficaces para los afectados.
Las fuentes de la violencia son varias, pero sobre todo responden a dos
factores que confluyen en un resultado letal para los periodistas: los
altos niveles de corrupción y la acuciada impunidad. En definitiva, “es
muy fácil matar periodistas”. Esta mortífera ecuación se evidencia en
estados como el caso de Veracruz, donde, según Article 19 , la
incidencia de asesinatos a periodistas es la más alta del país. Allí se
han dado asesinatos como el del periodista Moisés Sánchez Cerezo,
descuartizado, presuntamente por orden del expresidente Municipal de
Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, arropado por el Partido Acción
Nacional (PAN)4.
Las amenazas no se limitan al ámbito subnacional sino que las
estrategias de represión y exterminio superan las fronteras locales. En
una reciente investigación llevada a cabo por distintas organizaciones
se demostró que al menos tres dependencias del Gobierno de México, entre
ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)5,
la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), adquirieron un software
malicioso usado para el espionaje6.
En el país, periodistas reconocidos internacionalmente como Carmen
Aristegui o trabajadores vinculados al ámbito de los DDHH recibieron el malware de espionaje en sus dispositivos móviles7.
La intimidación hacia periodistas y el asesinato de líderes sociales es
un ejercicio que se relaciona con las mencionadas variables de
impunidad y los altos niveles de corrupción. Sin embargo, en el caso de
Colombia existe un agravante que se relaciona con el fenómeno de
ocupación de las zonas que tradicionalmente dominaron las FARC-EP,
especialmente por parte de Grupos Armados Post-desmovilización,
provenientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las
alertas, que se encendieron desde 2016, hoy se evidencian en la
vulnerabilidad de las comunidades frente a la entrada de actores armados
ilegales, vinculados al paramilitarismo, centrados en el exterminio de
líderes sociales cercanos o inmersos en procesos de restitución de
tierras, sindicatos, defensa de DDHH y comunidades indígenas, entre
otros.
El ensañamiento ha sido
especialmente contundente en contra de liderazgos asociados a
movimientos de corte progresista, perseguidos por las bandas
paramilitares, quienes acusan a sus víctimas de ser milicianos de las
FARC-EP y del ELN8, razón por la que se atribuyen la misión de su exterminio. Desde el ‘Día D’ 37 líderes sociales han sido asesinados9, sin una respuesta efectiva en materia de protección por parte de las entidades estatales.
Los casos de Colombia y México reflejan, a pesar de la negación de los
respectivos gobiernos, el ejercicio sistemático de la aniquilación del
enemigo. La falta de respuesta institucional, la corrupción y la
impunidad, sumadas a los discursos de odio que se propugnan a través de
redes sociales y panfletos desde la extrema derecha, normalizan las
amenazas sobre líderes sociales, sindicales y periodistas –entre otros-.
De este modo, desvían la atención de la extrema violencia a la que se
ven expuestos, consiguiendo que las prácticas de “limpieza social” se
lleven a cabo en una suerte de complicidad, tolerancia y aceptación del
silenciamiento de la alteridad.
3 http://www.telesurtv.net/news/Mexico-el-pais-donde-asesinatos-de-periodistas-quedan-impunes-20170406-0030.html
5 https://es.scribd.com/document/100223409/Gobierno-federal-via-Sedena-compro-5-mil-mdp-en-equipo-para-espionaje-29-de-marzo-2012
6 http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/02/14/acusan-al-gobierno-mexicano-de-espiar-a-activistas-para-benefici_a_21713157/
8 https://www.colectivodeabogados.org/?Amenazas-por-parte-de-las-autodefensas-Gaitanistas-de-Colombia-a-diferentes
9 http://pacifista.co/estos-son-los-37-los-lideres-sociales-asesinados-desde-el-inicio-de-la-implementacion/
Artículo publicado en: http://www.celag.org/mexico-y-colombia-la-materializacion-del-exterminio/
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