Sin pruebas, el juez Moro lo inhabilita 19 años para ocupar cargos
Es acusado de haber recibido, como soborno, un departamento con valor de 700 mil dólares
Hay pruebas de que la constructora OAS es la verdadera y única propietaria, alegan abogados
Luiz Inacio Lula da Silva durante la inauguración del congreso regional
del Partido de los Trabajadores realizado en mayo en Río de Janeiro
La tarde de ayer el juez de primera instancia Sergio Moro sentenció
al ex presidente Luis Inacio Lula da Silva a nueve años y seis meses de
cárcel. De paso, lo inhabilitó para ocupar cualquier puesto en la
administración pública por los próximos 19 años. La culpa: haber
recibido, como soborno, un departamento de tres plantas y poco más de
200 metros cuadrados en Guarujá, un decadente balneario a unos 70
kilómetros de São Paulo, con valor de poco más de 700 mil dólares. La
noticia, pese a ser previsible, causó enorme impacto.
La sentencia era esperada y en eso coinciden todas las tendencias
políticas. Al fin y al cabo los defensores de Lula advirtieron que desde
el inicio del llamado operativo Lavado rápido, quedó más que
clara la obsesión del juez Moro en condenar el ex presidente más popular
del último medio siglo en Brasil y principal figura política en la
conturbada actualidad. Curiosamente, en su contundente sentencia Sergio
Moro asegura no sentir ninguna
satis- facción personalen condenar a Lula, algo insólito en un fallo que se supone debería ser imparcial.
¿Hay pruebas de que el departamento haya sido regalado a Lula? Dice
la defensa de Lula que no existe ninguna. Para empezar, el inmueble en
cuestión tiene su titularidad empeñada con el banco estatal Caixa
Económica, como parte del acuerdo de suspensión de pagos y recuperación
judicial de la constructora, la OAS. No existe registro de propiedad a
nombre de Lula.
El PT, escollo en el camino
Es una historia harto conocida en Brasil, pero
debidamente ensombrecida por los medios hegemónicos de comunicación que
han sido uno de los pilares del golpe institucional que destituyó a la
presidenta Dilma Rousseff, y cuyo objetivo clarísimo siempre ha sido el
de liquidar la figura política de Lula da Silva.
Efectivamente, hace más de una década, la fallecida esposa de Lula, doña Marisa Leticia, adquirió una cota de un edificio que sería construido en Guarujá. Acorde a las leyes y costumbres de Brasil es posible comprar una cota
de una construcción y, cuando esté terminada, elegir determinado
departamento y pagar la eventual diferencia. Fue lo que ocurrió: cuando
el edificio quedó listo, doña Marisa fue a verlo y desistió del negocio.
El constructor, que sí obtuvo gordísimos contratos con Petrobras
durante los mandatos de Lula, entendió lo obvio: tener al ex presidente
entre los propietarios del edificio sería un atractivo insuperable.
Mandó reformar todo el inmueble, dotándolo incluso de un ascensor
privativo, y pidió que Lula fuese a verlo. Y cuando lo vio, Lula –ha
sido su única visita al local– le dijo que definitivamente no.
No hay prueba de que en algún minuto de algún día el ex
presidente haya recibido el departamento. Sobran pruebas de que la
constructora OAS sigue siendo su verdadera y única propietaria.
Dicen los defensores de Lula que lo condenan por una única y
verdadera razón: porque para liquidarlo se armó y desató el golpe que
destituyó a Dilma Rousseff. Según ellos, hay que entender que la
frustrada presidenta era nada más que un escollo en el camino de los que
armaron el golpe: el actual senador Aécio Neves, derrotado por ella en
las elecciones de 2014, con el pleno aval del ex presidente Fernando
Henrique Cardoso; los medios hegemónicos de comunicación; los partidos
políticos que se dejan comprar por el mejor postor, tal y como se ve
ahora, cuando se trata de defenestrar o preservar a Michel Temer; el
gran capital nacional, y claro, las multinacionales que ahora pretenden
beneficiarse de la nueva situación.
Para completar ese cuadro es necesario liquidar a Lula y su partido, el PT.
La llegada de Michel Temer y su grupo tuvo como objetivo primordial imponer
reformasque, en realidad, significan liquidar todo lo que se construyó, en términos de derechos sociales, no sólo bajo los gobiernos de Lula y Dilma, sino de los pasados 50 años y, en el caso de los derechos laborales, más de 70.
Ahora, cuando se ve quiénes son los verdaderos interesados en el
cambio, surgen señales de que Temer y algunos de sus asesores directos
ya no son necesarios.
Lula da Silva se transformó, gracias a la actuación de un juez
autoritario y parcial, según opinión de importantes juristas, en el
blanco central de toda esa operación. Su creciente popularidad, que lo
muestra como favorito para las elecciones del año que viene, significa
un riesgo muy serio para los interesados en los retrocesos que, con el
título de
reformas, se trata de imponer al país.
No existe, vale repetirlo, una prueba contra Lula en el caso del departamento. Pero sobran de que su popularidad es una amenaza.
Es como si Lula fuese un pájaro peligroso, que tiene que ser abatido
antes de que vuelva a alzar vuelo. Y esa es la misión central del juez
Moro.
Hay que ver cómo reaccionará el público. Si con indignación o con resignación.
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