La Jornada
En un comunicado conjunto, las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones Exteriores (SRE) informaron ayer, con respecto a las sanciones anunciadas por la administración de Donald Trump en contra de Venezuela, que el gobierno mexicano
procederá en consecuencia, de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia, y conminaron a Nicolás Maduro
a restablecer plenamente el régimen democrático y el estado de derecho de manera pacífica. Por añadidura, las dependencias mexicanas dieron por buenas las acusaciones de Washington en contra de
diversos funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Venezuelaen el sentido de que han menoscabado
la democracia y los derechos humanos en dicho paísy que han participado
en actos de violencia, represión y corrupción.
Este nuevo posicionamiento oficial de las autoridades nacionales lleva demasiado lejos dos actitudes indeseables en el manejo de la política exterior: la sumisión al gobierno de Estados Unidos y la injerencia en los conflictos internos de Venezuela, cuya solución debe depender exclusivamente de los ciudadanos de ese país sudamericano.
En el primero de esos términos es lamentable, por donde se le mire, que el gobierno mexicano adopte como propias imputaciones estadunidenses en contra de funcionarios venezolanos que ni siquiera han sido probadas y que, como lo han señalado diversas voces nacionales e internacionales, se presentan en el contexto de una abierta campaña de desestabilización que apunta a derrocar al gobierno bolivariano. En el segundo, las instituciones nacionales carecen de facultades para emitir juicios sobre el desempeño de gobernantes y funcionarios de otros países y de
actuar en consecuencia, así como para descalificar acciones institucionales de otras naciones, como lo es la convocatoria de Caracas a una Asamblea Constituyente.
Tales decisiones, en todo caso, no afectarán tanto a las autoridades venezolanas cuanto a la propia diplomacia mexicana, dos de cuyos principios fundamentales, el derecho a la Autodeterminación y la No Intervención, resultan gravemente socavados por tales extravíos. Por añadidura, esta alineación con los dictados de la Casa Blanca sobre Venezuela constituye un precedente que debilita la capacidad de México de invocar tales principios en su propia defensa.
De esta forma, el posicionamiento dado a conocer ayer por la SHCP y la SRE atenta, en primer lugar, en contra de la soberanía mexicana y, en segundo, desde luego, en contra de la venezolana.
Semejante demolición de la política exterior nacional, que se remonta cuando menos al sexenio de Vicente Fox, resulta particularmente peligrosa y nociva en una circunstancia en la que el país se enfrenta a una presidencia estadunidense racista, antimexicana, grosera e impredecible, ante la cual es más necesario que nunca retomar los lineamientos éticos, legales y diplomáticos que hicieron de México un referente mundial durante el siglo pasado.
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